Allanamiento a cargos. Verificación de legalidad, requiere siempre la – Buelvas & Melo Abogados Asociados

Su Firma de Confianza

Contáctenos 24/7

Su carrito actualmente está vacío.
MENU
Allanamiento a cargos. Verificación de legalidad, requiere siempre la intervención de un juez. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Allanamiento a cargos. Verificación de legalidad, requiere siempre la intervención de un juez.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ SALA PENAL. MAGISTRADO PONENTE MANUEL ANTONIO MERCHÁN GUTIÉRREZ Radicación 1100160000172022-03251 01 Bogotá D.C, ocho (8) de junio de dos mil veintitrés (2023). La colegiatura, dentro de sus facultades oficiosas, deberá determinar si se rodearon de las garantías que le asiste al procesado al momento de optar por la aceptación de los cargos – allanamiento - comunicados por la fiscalía conforme a la Ley 1826 de 2017, y la verificación de las condiciones en las que renunció a sus derechos - artículo 131 del C. de P.P. -. La mencionada renuncia demanda que el juez agote ciertos derroteros sobre la verificación de su legalidad, dispone la referida norma procesal: «Si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, deberá el juez de control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado». Se impone discernir si el precepto sobre la verificación judicial de la referida renuncia de derechos fundamentales que acompaña a toda persona sujeto pasivo de la acción penal - artículo 131 del C. de P.P. -, se suple o flexibiliza en los procesos abreviados – L. 1826/17 – con la sola manifestación de allanamiento a cargos, formalizada con la suscripción del documento por las partes y el acusado, luego del traslado del escrito de acusación. La tesis de la Sala es negativa, porque, la Presunción de Inocencia, y los derechos como el que sea vencido en un juicio público, oral y concentrado, en ejercicio de las garantías de contradicción y confrontación, son renunciables por su titular siempre y cuando medie la intervención de un juez, sea el de control de garantías o el de conocimiento, únicas autoridades constitucionales autorizadas para verificar que, las aceptaciones de cargos con la expresa cesión de los mencionados derechos, se ha realizado con el pleno entendimiento del titular, lo que solo se puede constatar para su validez, si comparece ante el juez la persona que ha exteriorizado su decisión de renuncia. Las premisas que llevan a tomar esta determinación de declaratoria de ineficacia, como lo es el deber del juez de verificar en todos los casos y de manera directa las condiciones de aceptación de cargos con el encartado, ha sido desarrollado por la alta Corporación, cita que en lo relevante se trae a colación: Dependiendo de si la terminación anticipada del proceso deviene unilateral o consensuada, y el momento en el cual suceda, para la verificación de que la aceptación del imputado sea libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y con el debido asesoramiento de profesional del derecho, se reclama la intervención del juez de control de garantías o del juez de conocimiento, de conformidad con lo que sobre el tópico disciplina el artículo 131 de la Ley 906 de 2004. (…) Entonces es ésta una diligencia que directamente, como se dijo en el tema anterior, compete adelantar al Juez de Conocimiento –en los casos de preacuerdos- y obliga del interrogatorio directo del imputado o acusado. Si hechas las preguntas pertinentes, el Juez advierte que el imputado o acusado no aceptó los términos del preacuerdo de manera libre, consciente, voluntaria, debidamente informada y asesorado por la defensa, necesariamente… debe abstenerse de examinar el documento en su fondo dada la existencia de un vicio del consentimiento que da a la (sic) traste con lo pactado. Esta verificación del vicio es completamente distinta, como se precisó previamente, del acto voluntario de retractación que se faculta por igual al imputado o acusado y la Fiscalía, y también de la improbación que surge de verificar el contenido del acuerdo y la vulneración de los principios de legalidad o presunción de inocencia. Como es natural, la decisión del juez se formaliza absteniéndose de dar curso al trámite de verificación del acuerdo, ante lo cual la Fiscalía debe continuar con el desarrollo ordinario del proceso o, desde luego, si lo estima a bien, subsanar las deficiencias advertidas, en caso de persistir el querer del procesado en negociar (CSJ Radicado 38.500 de 21 de marzo de 2012 M.P. Sigifredo Espinosa Pérez). Directrices que se constituye en un mandato en igual condición para las aceptaciones de cargo que se hagan dentro del procedimiento abreviado – L.1826/17– posición actualizada por la Corporación de cierre en materia penal (CSJ SP 35320-2022 de 5 de octubre de 2022, M.P. José Francisco Acuña Viscaya Rdo. 60553). Al respecto se trae lo pertinente: Por ello, resulta fundamental por parte del Juez verificar la legalidad del allanamiento a cargos, determinando que haya sido libre, consciente voluntario e informado, tal como lo describe específicamente el artículo 131 de la Ley 906 de 2004. El incumplimiento de ese deber configura “un vicio sustancial en la actuación procesal, tanto de estructura, porque se (dictaría) sentencia sin que se hubiera realizado el acto procesal que le daba fundamento a esta sin la previa celebración de un juicio, esto es, la verificación del allanamiento a cargos, como de garantía, porque esa vigilancia del respeto de los derechos del procesado no se (llevaría) a cabo” (CSJ-SP, 16 mar. 2022, Rad. 60.633). No hay que olvidar que, como lo ha destacado la Sala Penal en CSJ SP, 16 mar. 2022, Rad. 60.633, en trámites del procedimiento abreviado, el acta de aceptación de cargos que firman el fiscal, defensor y procesado, requiere para constituir una verdadera aceptación de cargos que el Juez de conocimiento verifique su validez -Artículo 539 de la Ley 909 de 2004, modificado por el artículo 16 de la Ley 1826 de 2017-; y ante dicho funcionario el procesado reconocerá que la manifestación de aceptación de responsabilidad fue libre, consciente, voluntaria y debidamente informada, lo que no ocurrió en este caso. De esta forma, la Corte ha destacado que el Juez, al estudiar la pretensión de condena presentada por la Fiscalía, debe verificar que: i) la aceptación de cargos haya sido libre y suficientemente informada; ii) las evidencias físicas, los documentos y la demás información aportada le brinden un respaldo suficiente a la premisa fáctica, según el estándar previsto en el artículo 327 de la Ley 906 de 2004; iii) la calificación jurídica corresponda a los hechos relacionados por el acusador; y iv) en general, que se respeten los derechos del procesado y las víctimas (CSJ- SP5664-2021, 09 dic. 2021 Rad. 51.380; SP2073, 24 jun 2020, Rad. 52.227, SP1462-2022, 04 may.2022, Rad. 52.099, entre otras). Sobre el control jurisdiccional -cuando se observen vulneraciones a derechos fundamentales, esta Sala en reciente decisión manifestó que: “(…) al Juez de Conocimiento le compete ejercer un control sobre lo pactado, en tanto que es ante todo Juez Constitucional (Corte Constitucional; SU- 479 de 2019 y C- 491 de 2000). En este sentido, el Juez debe verificar no solamente el cumplimiento de los requisitos legales, sino también constatar el respeto por las garantías fundamentales de partes e intervinientes (…) , que dicho pacto refleje en forma estricta los hechos imputados y soportados en los elementos de prueba obrantes en la actuación, en salvaguarda de las garantías, principios y valores de orden constitucional y de convencionalidad, de los que son titulares las partes e intervinientes en el proceso (CSJ-SP1289-2021, 14 abr. 2021, Rad. 54.69, en el mismo sentido: CSJ-SP1343-2022, 27 abr. 2022. Rad. 52.330, SP4037-2021, 08 Sep. 2021 Rad. 52.285.; SP1462-2022, 04 may.2022, Rad. 52.099). (…) Tal verificación supone necesariamente que se interrogue a la persona investigada sobre el porqué de la aceptación (CSJ-SP3748-2021, 18 ago. 2021, Rad. 59.051), comprendiendo también el examen de las circunstancias de todo orden en las que se produjo la aceptación de cargos.

Tags



    Post Comment

    Por favor tenga en cuenta que los comentarios deben ser aprobados antes de ser publicados

    Search

    Recent Post