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La autonomía del profesional del derecho para escoger la alternativa jurídica tiene límites contemplados en el código disciplinario que regula su ejercicio profesional. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La autonomía del profesional del derecho para escoger la alternativa jurídica tiene límites contemplados en el código disciplinario que regula su ejercicio profesional.

El abogado disciplinario interpuso el recurso de apelación contra la sentencia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Antioquia, que lo declaró responsable disciplinariamente por iniciar un proceso judicial manifiestamente improcedente. De este modo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, se pronunció respecto del alcance del principio de libertad profesional.

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“…comporta un derecho-deber por parte del abogado, ya que el ejercicio desplegado ha de efectuarse libre de cualquier tipo de injerencia, según su “leal saber y entender técnico-jurídico”, con el propósito de realizar lo que a su criterio, es la mejor forma de defender, resolver o agotar el asunto encomendado, siempre teniendo como límite el cumplimiento de los deberes profesionales, contenido en el artículo 28 de la Ley 1123 de 2007.

(…) Se erige entonces una importante obligación del abogado al momento de asumir un mandato, pues debe sopesar las posibilidades y alternativas jurídicas a su disposición para la resolución del conflicto y/o plantear la mejor defensa de los intereses de su prohijado. Cuanto mayor grado de complejidad tenga el asunto, incrementa la responsabilidad en comunicar de forma asertiva, integral y veraz las implicaciones de su enfoque, al igual que la consagración de las condiciones contractuales bajo las cuales se regirá el vínculo profesional”[1].

Así pues, la autonomía para escoger la alternativa jurídica de cara a la defensa de los intereses confiados por el mandante, está limitada por el acatamiento a los mandatos ético-jurídicos positivizados en la Ley 1123 de 2007, entre estos, el de colaborar leal y legalmente en la recta y cumplida realización de la justicia y los fines del Estado (artículo 28 numeral 6°) y, por tanto, no podría aducirse el principio de libertad profesional para eximirse de responsabilidad frente a la interposición o promoción de causas que son, a todas luces, contrarias a derecho.

Es justamente este ingrediente del tipo contenido en el artículo 33 numeral 2° del C.D.A. el que debe constatar la autoridad a efectos de estimar configurado el ilícito disciplinario, en tanto la actuación del disciplinado ha de ser claramente contraria a los postulados, reglas y/o principios en que se funda el ordenamiento jurídico. Ejemplo de lo anterior, es cuando un abogado ejercita una acción judicial, conociendo que los presupuestos mínimos para su efectiva tramitación por la jurisdicción no están dados, por la configuración de fenómenos tales como la caducidad o la prescripción.

Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Radicado 201700404. M. P. Carlos Arturo Ramírez Vásquez.

 

[1] CNDJ. Sentencia del 26 de julio de 2021, bajo radicación No. 23001250200020210009101. MP. Carlos Arturo Ramírez Vásquez.




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