Carga Dinámica de la Prueba en el Proceso Penal. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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La carga dinámica de la prueba en el proceso penal no es para que al procesado o a la defensa se le demande probar lo que corresponde al Estado, sino para desvirtuar lo ya probado por éste. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La carga dinámica de la prueba en el proceso penal no es para que al procesado o a la defensa se le demande probar lo que corresponde al Estado, sino para desvirtuar lo ya probado por éste.

Carga Dinámica de la Prueba en el Proceso Penal.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Especial de Primera Instancia, estableció cómo se da la aplicación del principio de la carga dinámica de la prueba en el proceso penal.

Si bien el principio de carga dinámica de la prueba es aplicable en el ámbito penal, conforme lo precisó la Sala de Casación Penal desde la decisión de 9 de abril de 2008, rad. 23754, como exigencia procesal a la parte que posee la prueba para que la aporte y pueda generarle los efectos que busca, es claro que el mismo opera de manera restringida, pues, “no se trata de variar el concepto ya arraigado de que es al Estado, por acción de la Fiscalía General de la Nación, a quien le compete demostrar todas las aristas necesarias para la determinación de responsabilidad penal”.

Ese empleo restrictivo “no para que al procesado o a la defensa se le demande probar lo que compete al Estado, sino para desvirtuar lo ya probado por éste”, en manera alguna exoneraba a la Fiscalía del deber de realizar una investigación integral, máxime que muchos documentos no estaban a la mano del procesado como lo denotan las peticiones que por él realizadas a las entidades[1], y sí estaban al alcance del Estado a través del órgano investigador, conforme el artículo 260 de la Ley 600 de 2000[2].

Corte Suprema de Justicia. SEP051-2023(50698). M. P. Blanca Nélida Barreto Ardila.

 

[1] Fls. 221 y ss., cuaderno original Fiscalía No. 2

[2] ARTICULO 260. OBLIGACION DE ENTREGAR DOCUMENTOS. Salvo las excepciones legales, quien tenga en su poder documentos que se requieran en un proceso penal, tiene la obligación de entregarlos o permitir su conocimiento al funcionario que lo solicite.

Cuando se trate de persona jurídica, la orden de solicitud de documentos se notificará al representante legal en quien recaerá la obligación de entregar aquellos que se encuentren en su poder y que conforme a la ley ésta tenga la obligación de conservar. La información deberá entregarse en un término máximo de diez (10) días, y su incumplimiento acarreará las sanciones previstas.

El funcionario aprehenderá los documentos cuya entrega o conocimiento le fuere negado e impondrá las sanciones que corresponda…

 


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