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¿Cómo distinguir entre el delito de peculado, de los delitos consignados en el título de celebración indebida de contratos? - Buelvas & Melo Abogados Asociados

¿Cómo distinguir entre el delito de peculado, de los delitos consignados en el título de celebración indebida de contratos?

Si bien, tanto el delito de peculado, como los propios de la contratación, se representan cometidos contra la administración pública, su materialización y efectos operan en niveles distintos, que pueden delimitarse en relación género especie.

Cuando a un servidor público transitorio o excepcional, se le confía la administración de dineros, su responsabilidad por la pérdida o distracción de los mismos dimana de la obligación de cuidado que surge directamente de la tarea confiada, hasta derivar en responsabilidad por alguna de las aristas del delito de peculado, acorde con lo establecido expresamente en el artículo 20 del C.P.

Pero, si el particular investido de tales funciones, utiliza la forma contractual privada para efectos de distraer el dinero -que sigue siendo público- o apenas se interesa en que sea favorecido determinado contratista, ello obliga verificar si se cumplen los presupuestos típicos que gobiernan los delitos insertos en el Capítulo Cuarto –rotulado “De la celebración indebida de contratos”- del Título XV del C.P. (arts. 408 a 410 A), pues, ellos no se suplen apenas con la consideración de la calidad especial del contratante, ni tampoco, por el hecho que lo contratado sea considerado un servicio público, entre otras razones, porque ello no convierte, per se, los contratos civiles o privados, en estatales.

A este efecto, es evidente que el servidor público especial, esto es, el particular al cual se atribuye determinada función, solo actúa en tal virtud, dado su carácter excepcional, de lo expresamente delegado por la ley o el contrato suscrito con el Estado.

De ello se sigue, que si lo buscado es atribuir responsabilidad penal a un particular por los delitos contractuales del Capítulo Cuarto antes referenciado, derivada de las funciones que le han sido delegadas, es necesario demostrar que estas funciones incluyen, de forma expresa, la capacidad de actuar como reemplazo del ente estatal en sus tareas contractuales –pese a las limitaciones legales establecidas para el efecto, entre ellas, que la delegación solo puede operar respecto de un subordinado del delegante (Al respecto, véase lo dicho por la Sala en el radicado 59738, de 2022)-

Corte Suprema de Justicia. SP064-2023, radicado 61125. M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.




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