Competencia de la procuraduría en el ejercicio del poder disciplinario – Buelvas & Melo Abogados Asociados

Su Firma de Confianza

Contáctenos 24/7

Su carrito actualmente está vacío.
MENU
Competencia de la procuraduría en el ejercicio del poder disciplinario frente a la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Competencia de la procuraduría en el ejercicio del poder disciplinario frente a la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular.

Competencia de la procuraduría en el ejercicio del poder disciplinario frente a la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular.

Bogotá D.C., 28 De Julio De 2022

Aprobado En Acta De Sala N.° 018 

Dependencia: Sala Disciplinaria De Juzgamiento De Servidores Públicos De Elección Popular.

Radicado No.        IUS  E-2017-578289 / IUC D-2017-959027.

P.D. PONENTE: Andrea Nataly Bermúdez Sánchez. 

La Procuraduría General de la Nación es un organismo de control, independiente y autónomo, que tiene dentro de sus funciones misionales, entre otras, el ejercicio el poder disciplinario frente a la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive las de elección popular, adelantando las investigaciones correspondientes e imponiendo las sanciones legalmente establecidas, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución Política, artículo 277, numeral 6. En ejercicio de esa función ha ejercido materialmente funciones de carácter jurisdiccional.

Ahora bien, la forma en que tradicionalmente se ha cumplido esta función por parte de la Procuraduría General de la Nación requirió revisarse en virtud del llamado que hizo la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia de 8 de junio de 2020 del caso Petro Urrego contra Colombia, en la que señaló la necesidad de dar cumplimiento al artículo 23.2 de la CADH para garantizar que la restricción al derecho político a ocupar cargos públicos, entre ellos, los de elección popular, provenga de condenas proferidas “por juez competente, en proceso penal”; y, generar mayores garantías para los destinarios de la ley disciplinaria, en aplicación del artículo 8º del mismo tratado.

El Estado colombiano, en ejercicio de la libertad de configuración interna o el margen de apreciación estatal, se dio a la tarea de armonizar la forma en que la Procuraduría General de la Nación ejerce el poder disciplinario con la referida decisión de la CIDH, en consecuencia, modificó el Código General Disciplinario para incorporar el reconocimiento de funciones jurisdiccionales a dicha entidad de control para investigar y juzgar a todos los servidores públicos, incluidos los de elección popular; la separación de las funciones de investigación y juzgamiento; y, la garantía de doble instancia y conformidad, todo ello a fin de reforzar las garantías judiciales en el proceso disciplinario, en los términos del 8º de la CADH.

Para el Estado colombiano y, en particular, para el legislador,  la expresión “condena, por juez competente, en proceso penal” a la que se refiere la CADH no debe interpretarse de manera literal para, por esa vía, concluir que la restricción de derechos políticos solo puede tener origen en la decisión de un juez penal, por el contrario, se trata de una norma que debe interpretarse teleológicamente en tanto está escrita en clave del cumplimiento de las garantías judiciales propias del debido proceso, que resultan infranqueables para la restricción de los derechos políticos en cuestión.

El legislador para ahondar en la protección del principio democrático y derechos políticos de los servidores públicos de elección popular optó porque la ejecución de la sanción se supedite a lo que decida la autoridad judicial. En consecuencia, ya no es solo un trámite administrativo, sino que, con los ajustes normativos necesarios, se establece un procedimiento jurisdiccional disciplinario, con garantías judiciales, incluida, la posibilidad de interponer recursos ante un órgano permanente de la Rama Judicial, para que, de todas formas, realice un análisis de jurisdiccionalidad plena (TEDH, caso Schmautzer C. Austria).

Con todo, el Código General Disciplinario, artículo 2º, establece que el Estado es el titular de la acción disciplinaria y le atribuyó a la Procuraduría General de la Nación funciones jurisdiccionales para el ejercicio de la potestad disciplinaria, esto es, para la vigilancia superior de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, inclusive los de elección popular, y para adelantar las investigaciones disciplinarias e imponer las sanciones de destitución, suspensión e inhabilidad y las demás establecidas en la ley.

En punto de la división de funciones de investigación y juzgamiento, el Código General Disciplinario, en particular, en lo que respecta a la competencia de las salas disciplinarias introdujo, entre otras, la siguiente modificación:

«ARTÍCULO  101. Competencia de las salas disciplinarias de la Procuraduría General de la Nación. La Procuraduría General de la Nación contará con tres (3) Salas Disciplinarias, encargadas de conocer, según sus competencias, de la etapa de instrucción y juzgamiento. Estas Salas serán competentes, en lo que les corresponda, para conocer de los procesos disciplinarios contra los siguientes servidores públicos:

[…] los Congresistas […]”

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la competencia de la Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular para decidir el presente proceso, se encuentra asignada por el parágrafo 1º, numeral 3º del artículo 22 del Decreto Ley 262 de 2000 (Modificado por el artículo 11 del Decreto 1851 de 2021), así:

 

Artículo 22.  Competencia.  Las Salas Disciplinarias son competentes para conocer de las faltas cometidas por los servidores públicos enunciados en el artículo 101 de la Ley 1952 de 2019, modificado por el artículo 16 de la Ley 2094 de 2021, y demás servidores del orden nacional de igual o superior categoría de aquellos, siempre que la competencia no esté asignada a otra autoridad disciplinaria.

[…] 3. Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular. La Sala Disciplinaria de Juzgamiento de Servidores Públicos de Elección Popular tiene las siguientes competencias:

  1. Conocer del juzgamiento de los servidores públicos de elección popular, cuya instrucción esté a cargo de la Sala de Instrucción o del Viceprocurador […]»

En el numeral 1º, literal a) del artículo 22 ibídem se atribuyó a la Sala Disciplinaria de Instrucción la competencia para conocer de las actuaciones disciplinarias, hasta la notificación del pliego de cargos o de la decisión de archivo, contra los servidores públicos enunciados en el artículo 101 ya citado.

Conforme a lo anterior, a partir de la entrada en vigor de los artículos 1 y 74 de la Ley 2094 de 2021 , esta Sala conoce en etapa de juzgamiento de los procesos disciplinarios adelantados frente a los congresistas al ser servidores públicos de elección popular.


Tags



    Post Comment

    Por favor tenga en cuenta que los comentarios deben ser aprobados antes de ser publicados

    Search

    Recent Post