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La compulsa de copias es un deber constitucional y legal de los servidores públicos cuando adviertan la transgresión del ordenamiento jurídico y es un trámite de mero impulso que no es susceptible de ser atacado. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La compulsa de copias es un deber constitucional y legal de los servidores públicos cuando adviertan la transgresión del ordenamiento jurídico y es un trámite de mero impulso que no es susceptible de ser atacado.

¿Qué es la compulsa de copias?

La compulsa de copias es una orden para que se investigue una posible irregularidad con eventuales repercusiones penales o disciplinarias.

¿Tiene alguna inquietud acerca de este tema? En Buelvas y Melo Abogados le podemos ayudar presionando aquí.

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En reciente pronunciamiento, la Corte Suprema de Justicia, indicó:

El artículo 67 de la Ley 906 de 2004 prevé que toda persona tiene el deber de denunciar a la autoridad los delitos de cuya comisión tenga conocimiento y que deban investigarse de oficio.

Asimismo, el numeral 25 del artículo 38 de la Ley 1952 de 2019[1], dispone que es un deber de los servidores públicos, «denunciar los delitos, contravenciones y faltas disciplinarias de los cuales tuviere conocimiento, salvo las excepciones de ley».

Sobre el particular, la jurisprudencia constitucional ha advertido que la orden para que se investigue una posible irregularidad con eventuales repercusiones penales o disciplinarias no constituye solo una facultad sino una obligación de los funcionarios. El comportamiento de quien ordena remitir copias para iniciar una investigación no puede estimarse, en sí mismo, atentatorio de los derechos fundamentales (CC T-738 de 2007).

En esa misma línea, la Corte ha señalado que cuando en el trámite de los procesos los funcionarios judiciales encuentran hechos diferentes a los investigados o juzgados que en su criterio pueden configurar delitos o faltas disciplinarias investigables de oficio, resulta un deber informar tal situación a la autoridad competente a través de la compulsa de copias.

Asimismo, concretó que esa decisión no es recurrible, no sólo por constituir un aspecto colateral, sino porque cualquier controversia sobre la viabilidad de iniciar o no la acción a que hubiere lugar, corresponde dirimirla al funcionario competente y no al que en cumplimiento de su deber legal se limita simplemente a informar. Por ende, concluyó que la compulsa de copias constituye un trámite de mero impulso que no es susceptible de ser atacado (CSJ, STP4725-2022).

Corte Suprema de Justicia. STP15564-2022, radicado126852. M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

 

[1] Por medio de la cual se expide el Código General Disciplinario, se derogan la Ley 734 de 2002 y algunas disposiciones de la Ley 1474 de 2011, relacionadas con el derecho disciplinario.




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