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Concepto y presupuestos del falso juicio de legalidad. Cargas que cumplir en la estructuración de la demanda. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Concepto y presupuestos del falso juicio de legalidad. Cargas que cumplir en la estructuración de la demanda.

El libelo casacional debe ser elaborado con respeto de las formalidades lógico–jurídicas previstas en la ley, según la causal seleccionada de entre las establecidas en el precepto 181 del Código de Procedimiento Penal de 2004, toda vez que lo pretendido con este mecanismo es desvirtuar la doble presunción de acierto y legalidad que cobija el fallo de segundo grado.

Dado el carácter extraordinario de este medio de impugnación, la demanda ha de cumplir unos requisitos mínimos de fundamentación, en el marco de la lógica que es propia de cada causal, entre los que se cuenta demostrar que la casación que se intenta es necesaria para la realización de uno cualquiera de los fines del recurso (artículo 180 ibidem), y satisfacer los requerimientos normativos del precepto 184 ejusdem.

De acuerdo con ellos, al demandante, además de acreditar la necesidad de intervención de la Corte en el caso concreto, le corresponde justificar que le asiste interés jurídico para recurrir, identificar la causal de casación invocada, desarrollar los cargos con apego a la lógica que la define y a los principios de prioridad, precisión, claridad, crítica vinculada, razón suficiente, no contradicción, autonomía, corrección material y trascendencia.

El falso juicio de legalidad «atañe al proceso de formación de la prueba, determinado por las normas que regulan la manera legítima de producir e incorporar los medios de conocimiento al proceso, al principio de legalidad en materia probatoria y a la observancia de las formalidades exigidas para cada medio probatorio en particular» (Cfr. CSJ AP820–2021, 3 mar. 2021, rad. 53533).

Esa modalidad de error de derecho se presenta cuando el juzgador valora la prueba porque considera que cumple los requerimientos formales exigidos para su validez jurídica, no obstante incumplirlos, o cuando no la aprecia porque considera que no los cumple, a pesar de reunirlos.

La jurisprudencia de la Sala ha precisado que la aptitud formal de la censura por la estructuración de este yerro exige:

  • identificar la prueba irregular,
  • señalar la norma procesal que regula el proceso de incorporación del medio de prueba sobre el cual se predica la incorrección,
  • explicar la forma como ocurrió la violación de la ley en la aducción o práctica de la prueba,
  • acreditar la trascendencia de la irregularidad en la validez de la prueba y de ésta en el fundamento de la sentencia y,
  • indicar la norma sustancial finalmente infringida.

(Cfr. CSJ AP2563–2017, 26 abr. 2017, rad. 49648, reiterada en CSJ AP4225–2022, 2 sep. 2022, rad. 60645).

Ha de recordarse que la casación penal es un juicio lógico–jurídico que obliga al demandante a plantear a la Corte argumentos puntuales que lleven a derruir la doble presunción de acierto y legalidad que cobija al fallo de segunda instancia. También, que debe regirse por el principio de claridad y precisión, según el cual, es deber del impugnante señalar de forma inteligible y concreta el problema jurídico para garantizar su comprensión y posterior resolución por parte de la Sala. Corte Suprema de Justicia. AP694-2023(62880). M. P. Fabio Ospitia Garzón.




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