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Consideraciones criminológicas sobre el derecho penal económico y de la empresa. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Consideraciones criminológicas sobre el derecho penal económico y de la empresa.

El llamado derecho penal económico y de la empresa se ha convertido en la actualidad en un tema de gran trascendencia para el derecho penal tradicional. En efecto, los enfoques de análisis de esta subespecialidad del derecho penal “moderno” obligan a cambiar la manera en que se edifican las respectivas reglas de imputación[1], dichas reglas son de suma importancia ya que estas mismas son las que facultan adscribirle a un sujeto su respectiva responsabilidad en el ámbito jurídico penal.

Piénsese, a manera de ejemplo, en el hecho de que, en este nuevo campo de la teoría del delito, se ha considerado necesario desplazar el radio de acción frente a aquellos sujetos que ejecutan el respectivo comportamiento, para a su vez, situar dicho foco más bien frente a quienes fueron los que ostentaban la facultad de decisión[2] sobre la posterior ejecución del comportamiento delictivo.

De forma paralela, y por cierto muy novedosa, se ha aceptado asi mismo, la entrada de la responsabilidad penal de las personas jurídicas[3] en el campo del derecho penal, ya que, a partir de su reconocimiento como sujetos idóneos de responsabilidad penal en las sociedades modernas se tiene entonces que, a partir del modelo de complejidad[4] social sobre el cual se han edificado las sociedades contemporáneas, todos estos nuevos cambios que se han introducido en las legislaciones actuales obedecen entonces al reconocimiento de las nuevas formas en las que se puede manifestar el fenómeno delictivo.

De esta forma, se tiene entonces que, los fenómenos delictivos de antaño, tales como los delitos de homicidio y hurto, no son el objeto de preocupación del legislador moderno, lo anterior se puede comprender mejor si se acopla el planteamiento develado hasta el momento con el concepto de globalización[5]. Así pues, es evidente que los desarrollos políticos, sociales y económicos que han paulatinamente desmaterializado las fronteras entre estados ha influido asi mismo, en la evolución del fenómeno delictivo.

De ahí entonces que, el concepto de intercambio, al igual que, la enorme influencia que tiene el sistema capitalista en los distintos subsistemas que conforman el sistema global de la sociedad han dado pábulo no solo para un mayor intercambio de información al igual que, el desarrollo de nuevas tecnologías y difusión cultural, sino que así mismo, a través de la ampliación del fenómeno comunicativo entre Estados, se torna flagrante que, ciertos intereses que solo remotamente podían ser afectados de forma aislada, pueden ser afectados hoy en día de forma rutinaria y al mismo tiempo, influir de forma negativa sobre el desarrollo socio-económico de múltiples Estados.

Una muestra de lo anterior se puede constatar desde dos perspectivas que, aunque distintas, se puede decir que se complementan la una a la otra. En efecto, en primer lugar, desde una perspectiva de derecho positivo, se puede constatar que, al introducir en las distintas legislaciones modernas conceptos tales como: La extradición[6], la aplicación de la ley penal de forma extraterritorial[7], la introducción de la institución de la jurisdicción universal[8], los estados modernos han podido identificar fehacientemente la forma en que sus intereses basilares se pueden ver afectados a través de las manifestaciones actuales en las cuales se puede presentar el fenómeno delictivo.

En segundo lugar, y desde una perspectiva político criminal, es notoria la forma en la que, se han desarrollado los procesos tanto de criminalización primaria[9] como secundaria en América latina, de cara al crimen organizado[10]

Así pues, es posible afirmar que, se destacan como manifestaciones político criminales (las cuales tienen como vocación enfrentar el fenómeno criminal moderno) las siguientes: la introducción de nuevos bienes jurídicos de naturaleza colectiva, la regulación excesiva de delitos de peligro abstracto, la limitación de subrogados y beneficios penales en relación a los que cometan cierto tipo de delitos[11], el aumento desproporcional de las penas a nivel general[12], el recorte de garantías procesales, la extensión de términos de investigación[13], la introducción de nuevas herramientas[14] de indagación e investigación las cuales afectan en mayor medida los derechos fundamentales que se ven involucrados en un proceso penal.

Frente a esta continua expansión del radio de acción del poder punitivo[15], al igual que del denominado derecho penal del enemigo[16], es preciso detenerse y analizar que es exactamente lo que se esta regulando, al igual que la razón de ser de dicha regulación.

Pues bien, si nos detenemos un instante, es preciso notar que, hasta el momento no se ha introducido en la presente exposición una definición provisional de los conceptos de derecho penal económico y empresarial, ni tampoco se tocado la forma en que dichos conceptos se relacionan con la criminología, esto último valga anotar, se ha realizado conscientemente con los siguientes fines: en primer lugar, se ha querido develar la forma en que estos términos se han manifestado tácitamente en las legislaciones modernas a través de su regulación sin una justificación material que realmente se pueda armonizar de forma sistemática, en este punto, al hacer mención de instituciones como la extradición o de fenómenos regulativos como los delitos de peligro abstracto, se ha intentado dar al lector pistas de naturaleza inductiva entorno a la manera en que la teoría jurídica del delito ha recepcionado lo que empíricamente está sucediendo, esta percepción empírica del desarrollo del fenómeno delictivo es considerada una de las labores fundamentales, aunque no es la única, que cumple la criminología.

Asi mismo, y en lo atinente al rol que puede ejercer la política criminal como método de evaluación critico frente a las respuestas por las cuales ha optado el legislador como replica razonable ante los nuevos fenómenos delictivos, es importante tener de presente que, el programa político criminal colombiano, se ha caracterizado por no justificar adecuadamente los giros o decisiones que ha implementado como respuestas al fenómeno delictivo, esto último cobra más valor si se tiene de presente que el derecho penal económico y empresarial es un nuevo fenómeno en sí mismo para la teoría jurídica del delito, de tal suerte que, es posible afirmar desde una perspectiva político criminal que, el derecho penal económico y de la empresa es un objeto de estudio que para esta disciplina se encuentra en una etapa muy temprana desde una perspectiva científica.

En segundo lugar, es muy fácil perderse en el discurso actual y no tener un punto de inicio que habilite el entendimiento de las instituciones que se están desarrollando. Esto ultimo acontece de manera frecuente, perjudicando las investigaciones ya que el entendimiento de los conceptos se vuelve farragoso y anfibológico al no tener un solido punto de partida que asista lo que se está tratando de exponer desde una perspectiva metodológica.

De esta forma y de conformidad con lo que se ha planteado hasta el momento, sea este entonces el lugar adecuado para introducir ciertos conceptos (o si se quiere estipulaciones conceptuales), las cuales facilitaran en gran medida lo tratado hasta el momento.

Lo primero que, se debe de abordar entonces es, el entendimiento adecuado del horizonte de proyección del concepto de criminología, así pues, es necesario dar respuesta a la siguiente pregunta: ¿Qué se entiende por criminología en la actualidad? Según García-pablos de molina: “Corresponde, por tanto, a la Criminología el control y prevención del problema criminal, no solo la explicación del mismo. El saber científico criminológico presupone una imagen concreta del hombre delincuente y un diagnóstico determinado sobre el delito, de incuestionable vocación práctica, que desembocan inexorablemente en su control y prevención [17].  

A partir de esta definición, la cual, en puridad de términos, se asemeja más a la determinación funcional del concepto de criminología, es decir, el para-qué de esta rama, es posible extraer las siguientes conclusiones que servirán de insumo conceptual para las posteriores etapas del presente ensayo.

De manera que, debe de entenderse a la criminología desde una perspectiva moderna, como aquella rama de estudio que, tiene por vocación en un primer momento identificar el fenómeno delictivo desde una perspectiva empírica, así mismo, es preciso tener de presente que dicha rama tiene como labores fundamentales las siguientes: i) determinar una imagen concreta del hombre delincuente, ii) realizar diagnósticos determinados sobre el delito y iii) fomentar prácticas que habiliten desde una perspectiva racional atendiendo el modelo de Estado adoptado por las legislaciones modernas, ejercer el respectivo control y prevención sobre el delito en la sociedad.

Pues bien, en este punto, se torna necesario compaginar lo develado hasta el momento con los conceptos de derecho penal económico y de la empresa para así tener una visión completa de lo que se pretende exponer. Así mismo, es de anotar que la presente compaginación brindara en gran medida un ámbito de practicidad altamente beneficioso, si se atiende a la estructura critica del presente ensayo.

De esa manera, se tiene entonces que, la practicidad de dicha compaginación, demostrará la forma en que, esta subespecie del derecho penal se ha inmiscuido de forma lenta pero segura en las codificaciones actuales, de tal suerte que, los ejemplos de derecho positivo que se utilicen de ahora en adelante para exponer la tesis del presente ensayo no estarán limitados a la legislación colombiana. La presente advertencia se pone de presente con el fin de ubicar al lector en el contexto adecuado.

Así pues, en un primer momento, y a manera de acuerdo o estipulación conceptual, se tiene que el alcance semántico de los términos de derecho penal económico y de la empresa se entienden en este ensayo de la siguiente forma, para tiedemann, es necesario partir de una definición de delito económico, como objeto de estudio del derecho penal económico, antes de entrar a definir el concepto propio de derecho penal económico, de manera que, para este autor el delito económico se debe de entender como un “hecho penal profesional[18], la calificación del hecho o si se quiere conducta delictiva con el adjetivo de profesional debe de armonizarse con el siguiente planteamiento del autor en comento: 

Con esta conexión al papel profesional y a la actividad económica, la particularidad del delito económico estriba ahora menos en la personalidad del autor y su pertenencia a la capa social elevada, y mas en la especial manera de comisión (modus operandi), así como en el objeto de ese comportamiento. Esta evolución se deja también detectar en la investigación criminológica alemana (...) En este modo de considerar el problema importa señalar como hechos económicos delictivos aquellos estilos de conducta que contradicen el comportamiento acorde con la imagen de un correcto comerciante, y que por la ejecución y efectos del hecho pueden poner en peligro, además de lesionar intereses individuales, la vida económica o el orden correspondiente a ésta[19].  

Se tiene entonces que, la perfilación conceptual del delito económico tiene como características: i) el ejercicio de un rol social en específico, lo cual faculta al delincuente de este tipo afectar ciertos ii) intereses de naturaleza colectiva, a partir de los conocimientos obtenidos en el ejercicio de este rol (comerciante).

De ahí entonces que, se pueda afirmar que, el derecho penal económico se puede entender como aquel subsistema dentro de la teoría jurídica del delito, que se encarga de racionalizar los preceptos de un código penal en dogmas uniformas con la finalidad de brindar un mayor control racional a la determinación de la existencia o no de un comportamiento que revista las características de gobiernan el delito en si mismo. Sin embargo, es necesario añadirle un matiza adicional a esta definición, anotando que estos comportamientos afectan en gran medida intereses colectivos de índole económica, por lo que, el esquema analítico que gobierna la moderna teoría del delito (tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad), tendrá que acoplarse y estudiar minuciosamente los tipos penales que afecten el sistema económico en sentido amplio.

Ahora bien, es de anotar que el foco de atención, desde una perspectiva criminológica, del derecho penal económico parece ser entonces, el saber especial que ostentan este tipo de delincuentes para a través de dichas capacidades afectar intereses tan caros al ordenamiento jurídico como por ejemplo: el sistema financiero, el orden económico-social en sentido amplio y en ciertos casos hasta la misma seguridad pública (piénsese en la convergencia de varios sujetos que acuerdan por vía de pacto, realizar varios delitos económicos de manera indefinida por un plazo de tiempo indefinido, dicho de otro modo: los conciertos para delinquir que tienen como vocación afectar el sistema económico).

Pues bien, es precisamente la identificación del autor económico, como un delincuente que ostenta rasgos distintos al delincuente tradicional lo que ha llevado entonces a que, la doctrina a intente explicar este nuevo actor a los ojos de la criminología.  

Así pues, siguiendo a nieto Martín, las relaciones que hasta el momento ha  podido identificar la criminología de cara al derecho penal económico y empresarial pueden resumirse en las siguientes consideraciones:

 Desgraciadamente la Criminología no ha avanzado demasiado en la explicación de este tipo de comportamientos (se refiere a los delitos económicos). Aún hoy continúa siendo una referencia más que obligada la figura de Edwin Sutherland, uno de los criminólogos más importantes de todos los tiempos, quien en 1939 acuñó el concepto de “delito de cuello blanco” para referirse a conductas desviadas realizadas por una persona respetable y de elevado nivel social, en el ejercicio de su profesión y abusando de la confianza (…) Tan sólo en los últimos años, la teoría de las carreras criminales ha puesto de manifiesto algún aporte relevante. Según esta teoría una forma de predecir la criminalidad individual es estudiar la carrera delictiva de muchos infractores con el fin de identificar los patrones que predicen la criminalidad en cada una de sus fases (…) Más fructífera, y prometedora, es la aproximación a la delincuencia económica que se conoce como delito corporativo (corporate crime), que sitúa el foco de la investigación en el hecho de que el delito se comete en el interior de una empresa - de un colectivo- y se realiza a su favor (…) La explicación de la criminalidad económica ofrecida por Sutherland se complementa muy bien con la teoría de la neutralización de Sykes y Matza, para quienes la conducta delictiva aparece porque los autores encuentran un modo de justificar (neutralizar) su sentimiento de culpa y solventar así los condicionamientos morales o culturales que podían tener a realizar una conducta (…) Si el grupo es esencial en la delincuencia económica, la pregunta clave es determinar cómo surge en una empresa una cultura desviada, por qué existe en unas empresas y en otras no. En este punto, para algunos el liderazgo es esencial: son los altos directivos de la entidad o de una parte importante de la misma los que marcan su tono ético (…) En este contexto, las teorías de la tensión, conocidas también como las de la anomia, pueden servir para explicar algunos supuestos. Elaborada por Merton a finales de los años 30 del pasado siglo, la teoría de la anomia indica que la conducta delictiva aparece en el individuo al no poder alcanzar por medios legales las metas sociales que se presentan en una sociedad como exitosas (…) En una organización, al igual que en la sociedad, quien tiene el poder es capaz de transmitir sus problemas y riesgos a otros. A este fenómeno se le domina deslizamiento del riesgo. La presión que se ejerce sobre la alta dirección de la empresa se traslada con rapidez a los eslabones más débiles. (…) Con independencia de todos estos factores dependientes de la organización y de su entorno en una aproximación a la delincuencia económica no puede dejar de mencionarse otra explicación que arranca de la Ilustración y que reaparece con fuerza en los años setenta a través de la Escuela de Chicago. Nos referimos al análisis económico del Derecho, que fue aplicado brillantemente al Derecho penal por Gary Becker, premio Nobel en 1992, quien utilizó el análisis económico para explicar los comportamientos delictivos. Lejos de ser un individuo frustrado, como por ejemplo veíamos en Merton, el autor de delitos económicos sería un actor racional, que pondera los costes y beneficios que se derivan del comportamiento delictivo. Los directivos de Ford, como hemos visto, se tomaron muy en serio esta ponderación. Existe cierto consenso en considerar que esta teoría es especialmente apropiada para analizar los delitos económicos y muy especialmente los cometidos en corporaciones, donde existe toda una infraestructura que permite analizar costes y tomar decisiones dejando de lado consideraciones morales (…) La utilidad de la criminología a la hora de desarrollar políticas públicas para la prevención de la criminalidad empresarial debiera ser tan importante como la que tiene en el diseño de prevención de la delincuencia juvenil. De hecho, la explicación que se propone desde el punto de vista del delito corporativo, en el que los acentos se ponen en el grupo, resulta esencial para entender la introducción de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y la importancia cada vez mayor de los programas de cumplimiento normativo, a los que se refiere el art. 31 bis del Código penal (se refiere al código penal español)[20].

Hasta aquí, se ha intentado brindar un esbozo del estado del arte, en lo atinente a la relación entre el derecho penal económico, el hecho profesional económico, el delito económico y los delincuentes económicos, sin embargo, esta caracterización solo ha aclarado la mitad del panorama, ya que, todavía faltaría por describir someramente la razón por la cual se puede justificar (desde una perspectiva holística, es decir, criminológica, dogmático-jurídica y político criminal) la responsabilidad penal de las personas jurídicas.  

En vista de lo anterior, se tiene entonces que, hoy en día, se ha ampliado el horizonte de proyección que tenía el derecho penal, frente a los sujetos que este mismo podía considerar dignos de ser responsables penalmente. En efecto, la moderna teoría del delito ha emprendido la tarea de edificar bajo el termino, derecho penal de la empresa o derecho penal corporativo, las respectivas reglas de imputación necesarias para adscribirle una responsabilidad de naturaleza penal a los entes colectivos. Empecemos con ciertas consideraciones de naturaleza empírica, en palabras de Gómez-jara diez[21] la razón por la cual se debe de admitir la responsabilidad penal de las personas jurídicas, atañe más que todo a argumentos muy poderosos de índole sociológica, en efecto, según este autor:

En la era del riesgo, los avances técnicos suponían un "conflicto fundamental en la triada sociedad/Estado/empresa". En este sentido, HEINE dejaba constancia de cómo el Estado, en la era de la incertidumbre, había perdido el monopolio de la protección de bienes jurídicos, de la distribución de riesgos y de la planificación estratégica, puesto que, simple y llanamente, carecía de las suficientes información y competencia para poder desarrollarlas. En definitiva, las administraciones estatales no disponen, en lo que se refiere a riesgos modernos derivados de la innovación, de suficiente conocimiento sobre la seguridad técnica y ello debido a que dicho conocimiento se produce en primer lugar a través de la experiencia empresarial a lo largo del tiempo Precisamente la apuntada carencia de información y de competencia hace que el Estado se distancie de la asunción de cualquier tipo de responsabilidad al respecto' y que se establezcan nuevas relaciones de responsabilidad recíprocas entre sociedad, Estado y empresa. De esta manera, existen motivos de peso para afirmar que ese déficit de responsabilidad estatal debe ser asumido por las empresas.

Asi pues, debido al alto grado de tecnificación por el cual se encuentran atravesando los modelos sociales contemporáneos, se tiene entonces que, en un primer momento, la fundamentación de la responsabilidad penal de las personas jurídicas se sustentaría en el hecho de que estos entes son los que gobiernan (en clave del know-how técnico) de primera mano, los riesgos que se originan a partir del respectivo desarrollo de su objeto social. Este planteamiento curiosamente encuentra asidero normativo en la constitución política colombiana. En efecto, al analizar lo contemplado en el artículo 333[22] de este cuerpo normativo se tiene que en la primera oración del tercer párrafo se encuentra contemplado lo siguiente: “La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”.

Es precisamente ese fundamento organizativo (el desarrollo de la economía), el que implica no solo el ejercicio de los respectivos derechos que se ostentan como sujeto empresarial a la luz del ordenamiento jurídico, sino que así mismo, y con el mismo grado de importancia es necesario tener de presente que las empresas tienen un cierto cumulo de obligaciones que precisamente se desprenden de la función social que ejercen en el tráfico socioeconómico.  

Al examinar entonces el rol central que ejercen las empresas en la edificación de los modelos sociales contemporáneos, no es de extrañar que el desarrollo de sus objetos sociales ha alcanzado en ciertos ámbitos, un nivel de complejidad tan grande que, los Estados como contra respuesta ante dichos fenómenos han optado mas bien por brindarles a las empresas un marco de libertad regulatorio que se pueda acoplar a la finalidad económica de estas mismas, sin olvidar que como contra prestación a estos aumentos de espacios de libertad, es necesario regularse asi mismos de tal forma en que los riesgos generados puedan mantenerse dentro de la orbita de lo socialmente adecuado.

Con lo desarrollado hasta el momento, es preciso entonces centrarse en la siguiente cuestión, las formas de aparición modernas del fenómeno criminal, le brindan a la criminología constantemente insumos de estudio para comprender la manera en que el fenómeno delictivo esta evolucionando.

De esta forma, se ha anotado que, existen un nuevo tipo de actores llamados delincuentes económicos, los cuales a través de sus capacidades especiales tienen la facultad de afectar intereses colectivos por medio de ciertos comportamientos que, se pueden tildar de “hechos delictivos profesionales”, asi mismo, ciertos sectores en el ámbito doctrinario han intentando desarrollar varias formas entorno a las cuales se puede entender el fenómeno delictivo desde una perspectiva empírica, pero hasta el momento los resultados no son los esperados, dentro de dichas teorías cabe recalcar como este tipo de delincuentes especiales (delincuentes de cuello blanco), ostentan un cierto nivel de educación para afectar conjuntamente intereses tan valiosos como los sistemas financieros de un estado.

De forma paralela, es preciso develar que, en los sistemas de criminalidad modernos, se ha reconocido que las personas jurídicas tienen la capacidad de ser sujetos que puedan afectar los intereses mas valiosos de la sociedad, y que la criminología a través de un análisis empírico de las actuaciones de estos entes, se encuentra en la tarea de brindar los insumos necesarios para a su vez brindar una respuesta adecuada a estas nuevas formas en las cuales se puede manifestar el delito.

 

BIBLIOGRAFÍA.

Doctrina.

  • De La Mata Barranco, Norberto J, et al. Derecho Penal Económico y de La Empresa. Dykinson, 2018.
  • Díez, Carlos Gómez-Jara. Teoría de Sistemas y Derecho Penal: Fundamentos y Posibilidades de Aplicación. Ed. Comares, 2005.
  • Díez, Carlos Gómez-Jara. Cuestiones Fundamentales de Derecho Penal Económico. Universidad Externado de Colombia, 2012.
  • García-Pablos de Molina, Antonio. Tratado de Criminología: (Introducción. Modelos Teóricos Explicativos de La Criminalidad. Prevención Del Delito. Sistemas de Respuesta al Crimen). Tirant Lo Blanch, 2003.
  • Gómez-Jara Díez, Carlos. Modelos de Autorresponsabilidad Penal Empresarial: Propuestas Globales Contemporáneas. Universidad Externado de Colombia, 2008.
  • Hruschka, Joachim. Imputación y Derecho Penal: Estudios Sobre La Teoría de La Imputación. Traducido por Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Editorial B de F, 2009.
  • Jakobs, Günther. Derecho Penal Del Enemigo. Hammurabi, 2007.
  • Jiménez, Emiliano Borja. Acerca de Lo Universal y Lo Particular Del Derecho Penal. Tirant Lo Blanch, 2012.
  • Luhmann, Niklas. La Sociedad de La Sociedad. Herder, 2007.
  • Tiedemann, Klaus. “El Concepto de Derecho Económico, de Derecho Penal Económico y de Delito Económico.” Coloquio internacional preparatorio. Coloquio internacional preparatorio, 1 Oct. 2023, Friburgo, Alemania. .
  • Zaffaroni, Eugenio Raúl, et al. Derecho Penal: Parte General. Ediar, 2002.

 

NORMAS

  • Secretaria del senado. “Código Penal .” Leyes Desde 1992 - Vigencia Expresa y Control de Constitucionalidad [Ley_0599_2000], www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000.html. Accessed 1 Oct. 2023.
  • Secretaria del senado. “Constitución Política de Colombia.” Leyes Desde 1992 - Vigencia Expresa y Control de Constitucionalidad [Constitucion_politica_1991], www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/constitucion_politica_1991.html.

 

[1] Sobre el concepto de reglas de imputación, véase a joachim hruschka, Reglas De Comportamiento Y Reglas De Imputación, en Imputación y Derecho Penal: Estudios Sobre La Teoría de La Imputación. Traducido por Pablo Sánchez-Ostiz Gutiérrez, Editorial B de F, 2009.

[2] Una muy buena introducción en relación a las “nuevas reglas de imputación” que, se han edificado en este campo se puede ver en: Juan Antonio Lascuráin Sánchez, La Responsabilidad Penal Individual En Los Delitos De Empresa, en Derecho Penal Económico Y De La Empresa.

[3] Sobre los distintos modelos que existen para pregonar la responsabilidad penal de las personas jurídicas desde la perspectiva de la teoría jurídica del delito véase por todos: carlos Gómez-Jara Díez, Modelos de Autorresponsabilidad Penal Empresarial: Propuestas Globales Contemporáneas. Universidad Externado de Colombia, 2008.

[4] Sobre el concepto de complejidad que se está utilizando en este escrito véase a : niklas luhmann, La Sociedad de La Sociedad, Herder, 2007.

[5] Sobre el concepto de globalización y las implicaciones que este fenómeno puede tener a la luz del derecho penal véase : Emiliano Borja Jiménez, Acerca de Lo Universal y Lo Particular Del Derecho Penal. Tirant Lo Blanch, 2012; asi mismo y desde una perspectiva de teoría social de los sistemas véase : gunther teubner, Globalización Y Constitucionalismo Social: Alternativas A La Teoría Constitucional Centrada En El Estado, en carlos Gómez-Jara Díez, Teoría De Sistemas Y Derecho Penal: Fundamentos Y Posibilidades De Aplicación. Ed. Comares, 2005.

[6] En Colombia, particularmente la regulación de este instituto encuentra asidero en la misma constitución, en el artículo 35 del mencionado cuerpo normativo. En efecto, según dicho articulo se tiene que: ARTICULO 35. <Artículo modificado por el artículo 1o. del Acto Legislativo No. 1 de 1997:> La extradición se podrá solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los tratados públicos y, en su defecto, con la ley. Además, la extradición de los colombianos por nacimiento se concederá por delitos cometidos en el exterior, considerados como tales en la legislación penal colombiana. La Ley reglamentará la materia.

La extradición no procederá por delitos políticos. No procederá la extradición cuando se trate de hechos cometidos con anterioridad a la promulgación de la presente norma.

[7] Artículo 16 de la ley 599 del 2000 (código penal).

[8] Articulo 16 de la ley 599 del 2000 (código penal), numeral sexto.

[9] Sobre los conceptos de criminalización primaria y secundaria, véase, por todos: zaffaroni, et al, Derecho Penal: Parte General. Ediar, 2002.

[10] A manera de ejemplo confróntese lo regulado en legislaciones como la ley 1474 del 2011 (también conocida como estatuto anticorrupción) o lo consignado en la ley 1908 del 2018 (ley GAO Y GDO).

[11] Confróntese la evolución que ha tenido el artículo 68ª del código penal.

[12] Una muestra de esto se puede ver a través de la ley 890 del 2004, donde el aumento general de penas, se “trato” de justificar por la entrada en vigencia del nuevo código de procedimiento penal y las instituciones de justicia negociada que este traía consigo.

[13] A manera de ejemplo véase la manera en que el legislador, frente los denominados grupos armados delictivos y grupos delictivos organizados por medio de la ley 1908 del 2018.

[14] Ilustrativos en este punto son los artículos 242ª operaciones encubiertas contra la corrupción y 242b operaciones encubiertas en medios de comunicación virtual de la ley 906 del 2004.

[15] Utilizo el termino de conformidad en el sentido zaffaroniano del concepto.

[16] Sobre el concepto de derecho penal del enemigo véase por todos: günther jakobs, Derecho Penal Del Enemigo. Hammurabi, 2007.

[17] antonio García-pablos de molina, Tratado de criminología : (Introducción. Modelos Teóricos Explicativos de La Criminalidad. Prevención Del Delito. Sistemas de Respuesta al Crimen). Tirant Lo Blanch, 2003.

[18] Klaus tiedemann, El Concepto De Derecho Económico, pág. 2.

[19] Ibidem, pág. 2

[20] Adán nieto martín, Introducción Al Derecho Penal Económico Y De La Empresa, en Derecho Penal Económico Y De La Empresa, paginas 40-45, Dykinson, 2018.

[21] carlos Gómez-jara diez, Cuestiones Fundamentales Del Derecho Penal Económico. Universidad Externado de Colombia, 2012.

[22] Constitución política de Colombia, Artículo 333: La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley. La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades. La empresa, como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y estimulará el desarrollo empresarial. El Estado, por mandato de la ley, impedirá que se obstruya o se restrinja la libertad económica y evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional. La ley delimitará el alcance de la libertad económica cuando así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la Nación




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