Delito de lavado de activos en Colombia. (1ra parte) – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Consideraciones sobre el delito de lavado de activos en Colombia. (1ra parte) - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Consideraciones sobre el delito de lavado de activos en Colombia. (1ra parte)

Esta es la primera entrega del articulo escrito por el Doctor Nicolas Buelvas Mendoza acerca de las consideraciones sobre el delito de lavado de activos en Colombia

El lavado de activos, blanqueo de capitales, blanqueo de dinero, lavado de dinero o reciclaje de activos, se ha consagrado en los últimos tiempos, como uno de los delitos estrella en el derecho penal económico. En efecto, debido a su naturaleza transnacional, al igual que su pluriofensividad (desde el punto de vista de los bienes jurídicos afectados), el lavado de activos se ha convertido en una de las preocupaciones mas grandes de los estados modernos.

Ahora bien, antes de entrar a analizar en que consiste el tipo de lavado de activos, consagrado en el artículo 323 del código penal colombiano, resulta pertinente para los efectos del presente escrito realizar un corto resumen histórico de cara a la paulatina evolución que ha sufrido este delito en la legislación colombiana.

Así las cosas, para empezar, parece existir un acuerdo pacifico en la doctrina, entorno al origen de esta conducta en la Convención de Viena de 1988 (convención que, dicho sea de paso, fue introducida al ordenamiento interno a través de la ley 67 de 1993). En efecto, al analizar la mencionada convención en su artículo tercero, denominado de los delitos y sanciones en el numeral primero se estableció que:

“Cada una de las partes adoptará las medidas que sean necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho interno, cuando se cometan intencionalmente: La conversión o la transferencia de bienes a sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) (este inciso se refiere principalmente a conductas que tienen relación con el narcotráfico) del presente párrafo, o de un acto de participación en tal delito o delitos, con objeto de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que participe en la comisión de tal delito o delitos a eludir las consecuencias jurídicas de sus acciones; La ocultación o el encubrimiento de la naturaleza, el origen, la ubicación, el destino, el movimiento o la propiedad reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos; La adquisición, la posesión o la utilización de bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente párrafo o de un acto de participación en tal delito o delitos”.

Nótese que la estructura comportamental del delito descrito en la presente convención tenia como finalidad principal la de ocultar, encubrir, convertir, transferir o adquirir a sabiendas del pasado espurio de los bienes objeto de la respectiva conducta. Lo anterior, será muy importante para efectos interpretativos entorno al ne bis in idem, cuando se entre a diferenciar aquellos actos que realmente son constitutivos de lavado de activos frente aquellos actos denominados de (agotamiento, consumo o hechos copenados).

Con la entrada en vigor de la ley 190 de 1995, mejor conocida como “ESTATUTO ANTICORRUPCION”, el estado colombiano, cumpliendo con lo consagrado en la convención de Viena, introdujo al ordenamiento jurídico interno el lavado de activos. A saber, el objeto de dicha ley se circunscribió a: “dictar normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa” (cursiva fuera del original). Nótese de igual forma como se empieza a vislumbrar la pluriofensividad del lavado de actos, al no solo afectar el sistema financiero, orden económico-social, libre competencia, administración de justicia, sino que de igual forma y con base en lo mencionado por el propio estatuto anticorrupción, se busca así mismo ¡erradicar la corrupción administrativa!

En lo que atañe a la presente ley, en el articulo 31 de esta misma, se estipulo que:

“El artículo 177 Del Código Penal quedará así: "ARTÍCULO 177. - Receptación, legalización y ocultamiento de bienes provenientes de actividades ilegales. El que fuera de los casos de concurso en el delito oculte, asegure, transforme, invierta, transfiera, custodie, transporte, administre o adquiera el objeto material o el producto del mismo o les dé a los bienes provenientes de dicha actividad apariencia de legalidad o los legalice, incurrirá en pena de prisión de tres (3) a ocho (8) años, siempre que el hecho no constituya delito sancionado con pena mayor.

La pena imponible será de cuatro (4) a doce (12) años de prisión si el valor de los bienes que constituye el objeto material o el producto del hecho punible es superior a mil (1.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento de la consumación del hecho. La pena imponible con base en los incisos anteriores se aumentará de la mitad (1/2) a las tres cuartas (3/4) partes en los siguientes casos:

  1. Si los bienes que constituyen el objeto material o el producto del hecho punible provienen de los delitos de secuestro, extorsión, o de cualquiera de los delitos a que se refiere la Ley 30 de 1986
  2. Cuando para la realización de la o las conductas se efectúen operaciones de cambio o de comercio exterior, o se introduzcan mercancías al territorio aduanero nacional o se celebren contratos con personas sujetas a la inspección, vigilancia o control de las Superintendencias Bancarias o de Valores.
  3. Si la persona que realiza la conducta es importador o exportador de bienes o servicios, o es director, administrador, representante legal, revisor fiscal u otro funcionario de una entidad sujeta a la inspección, vigilancia o control de las Superintendencias Bancaria o de Valores, o es accionista o asociado de dicha entidad en una proporción igual o superior al diez por ciento (10%) de su capital pagado o del valor de los aportes cooperativos”.

En su redacción original, el lavado de activos era conocido como una modalidad del delito de receptación, su ubicación sistemática residía entonces en aquellos delitos que atentaban contra la recta y eficaz administración de justicia. Al parecer, la razón de ser de ubicar el lavado de activos en dicho bien jurídico en el siguiente razonamiento:

“La fundamentación en que los considerables rendimientos financieros y fortunas que generaba el tráfico ilícito de dichas sustancias permitían a las organizaciones trasnacionales, invadir, contaminar y corromper a la sociedad, las estructuras de la administración pública y las actividades comerciales y financieras licitas”. (Bazzani, 87)

Es importante añadir, que, de conformidad con la redacción original del lavado de activos en su modalidad básica (amen de ser un tipo subsidiario) la redacción del tipo hacia que este mismo ostentara un radio de acción bastante amplio, puesto que las conductas que habilitan el lavado de activos debían de ser consideradas como actividades delictivas (termino que para efectos interpretativos presenta varios problemas en sí, que posteriormente se desarrollaran). 

Así mismo, en las tres causales de agravación consagradas para el articulo 177, se evidencian a mi parecer, seis bienes jurídicos diferentes susceptibles de ser lesionados por el lavado de activos. En efecto, en el numeral primero tendríamos como bienes jurídicos afectados la libertad individual, el patrimonio económico y seguridad pública, mientras que en el numeral segundo se verían afectados tanto la hacienda pública en sentido estricto, así como el sistema financiero y el mercado de valores, fortaleciendo la postura entorno a la pluriofensividad del lavado de activos.

Lo anterior, empieza a desvelar otro de los grandes inconvenientes interpretativos del lavado de activos, ya que es necesario puntualizar que dicha pluriofensividad es uno de los problemas más grandes que este delito plantea ya que muy difícil realizar una limitación racional de la ofensividad del lavado de activos ya que este mismo (tanto en su antigua redacción, como en su redacción actual) deja muy poco espacio para restringir las actividades que realmente lesionarían o pondrían efectivamente en peligro el bien jurídico objeto de tutela, que tal como se indicó más arriba pueden ser cualquiera de los seis mencionados.

En la segunda parte, el Doctor Nicolas Buelvas Mendoza continuara su analisis acerca del lavado de activos en Colombia

Haga Click Aquí Para Leer la Segunda parte Acerca de las Consideraciones sobre el lavado de activos en Colombia




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