El delito de lavado de activos en Colombia. (3ra Parte) – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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El Delito de Lavado de Activos en Colombia. (3ra Parte) - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El Delito de Lavado de Activos en Colombia. (3ra Parte)

El Doctor Buelvas Mendoza concluye su análisis acerca del lavado de activos en Colombia, ya que ha  clarificado el desarrollo conductual a grosso modo del lavado de activos.

Nos encontraremos ante una conducta de lavado de activos, cuando el sujeto activo realice cualquiera de las acciones de carácter encubridor enlistadas en la primera columna, las cuales deberán de ceñirse a los bienes obtenidos a través de la realización de cualquiera de los delitos mencionados en la segunda columna, teniendo de presente que cualquiera de las modalidades de escondite de la primera columna deberá de realizarse, teniendo como fin subjetivo especial el de ocultar la verdadera naturaleza de los bienes sobre los cuales recaiga la conducta encubridora desplegada. 

Como corolario de lo anterior, es importante recordar que, al inicio del presente escrito cuando se hizo mención de lo consignado en el artículo 177 del anterior código penal, las conductas que constituían esta especie de lavado de activos/receptación debían de tener como finalidad, el encubrimiento de los gananciales obtenidos a través de cualquier actividad de carácter “delictivo”, y es que debe de tenerse presente que la finalidad del lavado de activos no se circunscribe de ninguna forma al aprovechamiento en sí mismo de los frutos del delito, el anterior planteamiento es de extrema trascendencia, puesto que es precisamente uno de los ejes rectores que ayudan a delimitar las conductas que fundamentan el denominado “auto blanqueo”, frente a aquellos actos de consumo que son realizados en la fase de agotamiento del delito.

Con base en lo previamente mencionado, considero pertinente empezar a resolver esta cuestión dándole la palabra a (LASCURAIN, 2018):

“Ciertamente el que compra pan con el dinero robado -y, ojo, el que se lo vende a sabiendas- cambia dinero negro por pan blanco, pero no parece que la funcionalidad preferente o específica de su acto sea la de encubrir u ocultar y con ello borrar rastros que conduzcan a su delito. En palabras conclusivas de la STS 265/2015, “no se trata de actos realizados con la finalidad u objeto de ocultar o encubrir bienes, para integrarlos en el sistema económico legal con la apariencia de haber sido adquiridos de forma lícita”.

Tenemos entonces que la distinción en un primer momento entre lo que constituye lavado de activos per se y el propio aprovechamiento del delito, debe de delimitarse a través de la finalidad encubridora de los actos. En el lavado de activos, lo que se busca es arropar unos bienes ilícitos bajo el manto aparente de la legalidad, el intérprete entonces debe de situar su atención al momento de analizar si se encuentra ante este delito identificando si las acciones sobre los bienes objeto de estudio pueden catalogarse como encubridoras, en el lavado de activos, como ya se ha mencionado varias veces a lo largo del presente ensayo, nos encontraremos en presencia de un sastre (sujeto activo) que ha confeccionado un manto de ciertas características, el cual tiene como fin esencial ocultar el origen real de los bienes de naturaleza ilícita que han sido obtenidos a través de la comisión de ciertas conductas de carácter punible.

Así pues, como segundo momento clave entorno a la delimitación mencionada, quisiera darle la palabra nuevamente a (LASCURAIN, 2018) esta vez aclarando la naturaleza conceptual de los denominados actos copenados:

“En esencia, se dice que, si va de suyo que a un delito va a seguir otro, esta circunstancia (este daño añadido) ya la habrá tenido en cuenta el legislador al medir el desvalor del primero, del mismo modo que, valga el ejemplo, tiene en cuenta en las agresiones sexuales la detención ile­gal que comportan”.

Pese a que el Prof. Lascuráin, a mi criterio, acertó en el fundamento material de la distinción necesaria entre lavado y actos de consumo, no obstante, considero que este argumento de forma lamentable no fue desarrollado a plenitud. De manera que, a mi parecer será la previsibilidad del legislador como criterio conductual en relación con la libertad de configuración normativa uno de los elementos fundantes que asistirá al interprete al momento de diferenciar si se encuentra ante actos de agotamiento o actos de auto-blanqueo.  En lo que concierne a la libertad de configuración normativa, quisiera traer a la luz lo consignado en la sentencia C-022 del año 2015, en dicha providencia la corte constitucional se expreso de la siguiente forma:

“El legislador tiene competencia exclusiva en la definición de la política criminal del Estado, potestad que tiene fundamento en la denominada cláusula general de competencia según la cual corresponde al órgano legislativo “hacer las leyes”, lo que a su vez comporta la posibilidad de interpretarlas, modificarlas y derogarlas. (C.P., art. 150 y 114) y de manera específica en materia penal el Congreso de la República tiene una facultad expresa y específica de expedir códigos en todos los ramos de la legislación y reformar sus disposiciones. La Corte ha reconocido el amplio margen con el que cuenta el legislador para determinar el contenido concreto del Derecho penal, en desarrollo de la política criminal del Estado, competencia en cuyo ejercicio le corresponde al Legislador la definición de las conductas punibles, el establecimiento del quantum de las penas, de acuerdo con la valoración que haga de las conductas punibles, la determinación de los casos en los que, dadas determinadas circunstancias, pueden disminuirse o aumentarse las penas, y los procedimientos para tal efecto, todo ello dentro del marco de la Constitución, y bajo los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, esta Corporación, ha señalado: Por consiguiente, en ejercicio de la potestad de configuración normativa, el legislador puede adoptar - entre otras decisiones- las de criminalizar o despenalizar conductas, atenuar, agravar, minimizar o maximizar sanciones, regular las etapas propias del procedimiento penal, reconocer o negar beneficios procesales, establecer o no la procedencia de recursos, designar las formas de vinculación, regular las condiciones de acceso al trámite judicial de los distintos sujetos procesales, etc. Sin embargo, como se dijo anteriormente, el alcance de dicha regulación no puede comprometer la integridad de los valores, principios y derechos establecidos por la Constitución.” (negrillas por fuera del texto)

Dicho lo anterior, y de conformidad con la citada sentencia, al momento de definir aquellas conductas que deben de ser castigadas, el legislador no solo debe de tener de presente los criterios de razonabilidad y proporcionalidad en el supuesto de hecho sino que así mismo, dichos criterios deben de ser empleados y de forma más cautelosa en relación a la consecuencia jurídica, ya que es en esta etapa (previsibilidad de la pena) donde se podrán delimitar aquellos actos que realmente son copenados, de aquellos que habilitarían hablar de auto-blanqueo.

Finalmente, y en relación con la autonomía del delito de lavado de activos con los delitos fuente que habilitan su entrada en escena, en Colombia ha existido una línea jurisprudencial pacifica de cara a la necesidad de condena previa del delito fuente. Así las cosas y solo para efectos expositivos, quisiera hacer alusión a la sentencia de casación número 28300 donde la corte suprema de justicia se pronunció de la siguiente forma:

“En suma, si bien la descripción comportamental legal del delito de lavado de activos no consagra expresamente su carácter autónomo, este ha sido deducido por la jurisprudencia de la Sala, en la medida en que permite la penalización de sus autores o participes, sin tener que probar que exista una condena previa por el ilícito determinante o subyacente. Debe demostrarse sí que el dinero o los valores que han sido objeto de blanqueo, tienen su origen ilícito en cualquiera de esos comportamientos determinantes o subyacentes, ampliamente enunciados con antelación, lo cual puede acreditarse, como bien lo indicó el delegado de la Procuraduría en seguimiento de lo considerado por la Sala, a partir de la mera inferencia judicial al interior del proceso”.

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BIBLIOGRAFIA

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