Control de legalidad posterior del registro y allanamiento. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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El control de legalidad posterior del allanamiento y registro ante el Juez de Control de Garantías, exige que la fiscalía en el término de 36 horas solicite la intervención del Juez, pero no que se agote la diligencia. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El control de legalidad posterior del allanamiento y registro ante el Juez de Control de Garantías, exige que la fiscalía en el término de 36 horas solicite la intervención del Juez, pero no que se agote la diligencia.

El procurador judicial presentó acción de tutela por estimar vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso y el acceso a un recurso judicial efectivo, en el proceso penal en el que se decretó la preclusión de la actuación penal en favor de los procesados, teniendo como sustento que se había declarado ilegal la incautación y captura en flagrancia por superar el término previsto para realizar el control de legalidad posterior ante el Juez de Control de Garantías. La Corte recordó la interpretación que del artículo 236 y 237 de la Ley 906 de 2004 ha realizado.

El alcance que se debe dar al art. 237 de la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal en providencia con rad. 56358 del 29 de abril de 2020, tuvo la oportunidad de aclarar dicho aspecto, el que está descrito en la norma de la siguiente forma:

«Significa lo anterior, entonces, que precisamente el acatamiento de las formas procesales preserva los derechos sustanciales. Por la importancia de los derechos fundamentales que resultan afectados con ocasión de las labores de indagación o del programa metodológico dispuesto para la investigación penal, es apenas explicable que el legislador haya determinado que para la realización del control de legalidad posterior –que opera frente a procedimientos como la interceptación de comunicaciones-, el fiscal debe «comparecer» ante el juez de control de garantías dentro de las 24 horas siguientes al recibimiento del informe final de Policía Judicial.

De la lectura del inciso primero del artículo 237 del Código de Procedimiento Penal, precisa la Corte, se advierte con claridad que el término legal allí previsto no está relacionado con el agotamiento efectivo de la diligencia, sino, exclusivamente, con el deber de la fiscalía de solicitar la intervención del juez de garantías para examinar la legalidad del procedimiento efectuado y los resultados obtenidos.

Dicho en otras palabras, la norma no exige como condición de validez de la diligencia de control de legalidad posterior, que ésta deba realizarse dentro de las 24 horas siguientes al recibimiento del informe final de resultados. No. La única condición establecida por el legislador está asociada a que, dentro del menor término posible, que no puede exceder el lapso de 24 horas, el fiscal a cargo de la investigación comparezca ante el juez de control de garantías con miras a legalizar el procedimiento efectuado, ya sea registros o allanamientos, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones y/o recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones.

Piénsese, por ejemplo, en las siguientes eventualidades. Dentro del lapso de 24 horas contadas a partir de la recepción del informe de Policía Judicial sobre los resultados de una orden de interceptación de comunicaciones, la fiscalía radica la solicitud de audiencia preliminar de control de legalidad posterior. Sin embargo, sucede que: (i) a discrecionalidad del juez de control de garantías su realización se programa por fuera de ese término, o (ii) se instala dentro del lapso señalado, pero por causas de fuerza mayor -verbigracia enfermedad del juez- se suspende y termina celebrándose pasadas las 24 horas indicadas. ¿Serían ilegales esas pruebas en tanto el control de legalidad de dicho procedimiento tuvo lugar después de las 24 horas siguientes a la presentación del informe final de resultados?

La respuesta es negativa. Dado el alcance fijado por la Corte, respecto del artículo 237 de la Ley 906 de 2004, si el debido proceso obliga a la fiscalía a acudir ante el juez de control de garantías dentro de las 24 horas siguientes a la recepción del informe final de resultados del procedimiento investigativo ordenado, es claro que una vez ello ocurre, satisfechas, eso sí, las formalidades impuestas por la norma según lo demande el caso particular, se tiene por cumplido el requisito legal, independientemente de que la celebración de la diligencia se postergue por un término superior a ese lapso referido.» (Negrillas fuera del texto).

De lo anterior se observa con total claridad, que el término para que la fiscalía presente los resultados de las diligencias de registro y allanamiento ante el Juez de Control de Garantías para su legalización, no puede sobrepasar de las 36 horas, pero también es claro que, no se requiere el agotamiento de esta diligencia dentro de las mencionadas 36 horas.

En todo caso, es deber tanto de la policía judicial, como de la fiscalía y del Juez de Control de Garantías adelantar estas diligencias de manera oportuna, sin dilaciones injustificadas, en procura de salvaguardar los derechos fundamentales de todos los involucrados.

Corte Suprema de Justicia.



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