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Cuando se alegue que un servidor público ha prolongado ilícitamente la libertad de un ciudadano, debe de preferirse por criterio de especialidad la prolongación ilícita de la libertad, por encima del prevaricato por omisión

Magistrado ponente LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO

AP4270-2019

Radicación No. 52682

La Sala considera que la Fiscalía tiene razón, en cuanto más que un delito de prevaricato por omisión, la conducta delictiva que podría configurarse sería la de prolongación ilícita de privación de la libertad, en la cual incurre según voces del artículo 175 del Código Penal, el servidor público que prolongue ilícitamente la libertad de una persona.

Recuérdese que los hechos génesis de esta actuación, indican que a S.R.C se le concedió la libertad condicional, por parte de un Juzgado de Ejecución de Penas y Medidas de seguridad de Ibagué, pero para que librara la boleta de libertad se comisionó a un Juzgado de Acacías, lugar donde se encontraba detenido, correspondiéndole al indiciado, quien, ante la falta de una información, cédula de ciudadanía del procesado, que estimó relevante, ordenó devolver la comisión.

En tales condiciones, a pesar de que no expedir una boleta de libertad podría considerarse una omisión, más que un prevaricato omisivo los hechos eventualmente constituirían el delito del cual se viene haciendo mención, esto es, prolongación ilícita de la privación de la libertad, porque tiene una mayor riqueza descriptiva y por el principio de especialidad en cuanto protege la libertad de las personas específicamente.

No comparte la Sala la opinión del Ministerio Público, en cuanto afirma que el investigado no tenía control efectivo sobre la libertad, ya que el mismo lo había adquirido precisamente en razón de la comisión que le otorgó el Juez de Ejecución de Penas, quien le delegó la facultad de expedir la boleta respectiva, luego es claro que cualquier dilación en hacer efectiva la misma corría por cuenta del Juez comisionado.




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