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Fundamentos Constitucionales Del Bien Jurídico En Los Delitos De Falsedad Documental (1ra parte) - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Fundamentos Constitucionales Del Bien Jurídico En Los Delitos De Falsedad Documental (1ra parte)

Esta es la primera entrega acerca de los Fundamentos constitucionales del bien jurídico en los delitos de falsedad documental

Autor: Dr Nicolas A. Buelvas Mendoza

Introducción.


Al momento de consagrar una conducta como digna de ser castigada a través del instrumento de control social formalizado más drástico del que dispone el aparato estatal, es inexorable plantearse la pregunta entorno a: ¿Qué bien jurídico pretende ser protegido por medio de la plasmación en el código penal de dicho comportamiento? Así las cosas, la figura rectora de toda interpretación jurídica debe de ser el respectivo bien jurídico tutelado por la norma penal, generalmente en derecho penal, nos podemos dar cuenta de cómo ha avanzado el grado de sofisticación en torno a la elaboración de la parte dogmática de este mismo, es decir, las categorías de la conducta punible: Tipicidad, Antijuridicidad y Culpabilidad, han gozado de un desarrollo extenso y profundo que lastimosamente no puede ser apreciado en la parte especial del derecho penal.

Ahora bien, es cierto que es un cometido fundamental de la dogmática jurídico penal, llevar a cabo por vía de abstracción la racionalización del sistema penal de la manera más coherente posible, racionalización sistemática que desde los años 70 gracias a CLAUS ROXIN, tiene como mandato dar apertura al sistema dogmático a ciertos criterios valorativos que se encuentran anidados a un orden superior  (Hablamos por supuesto del paso al pensamiento-sistema al pensamiento problema, al igual que la introducción desde una perspectiva funcional del programa constitucional como modelo principal y rector de todo el ordenamiento jurídico); resulta entonces menester aceptar, que si lo que se desea es un derecho penal lo más racional posible puesto que es un mal necesario que toda sociedad debe de limitar en la mayor medida posible, es necesario que los postulados que han encontrado tanto desarrollo en la parte general, encuentren así mismo su lugar adecuado al momento de interpretar los respectivos tipos penales, que a su vez tienen como cometido tutelar aquellos valores fundamentales para el desarrollo idóneo de los ciudadanos y la sociedad como tal.

Frente a lo anterior, se considera oportuno anotar que se realizará una labor hermenéutica que parta netamente del cuerpo normativo constitucional y que a su vez pueda servir como fundamento de la fe pública como bien jurídico protegido, bien jurídico que su vez puede ser acotado frente a aquellas conductas que lesionan o ponen en peligro el tráfico probatorio con las falsedades documentales en lo que puede ser denominado como la : Probidad y Confianza en las relaciones interpersonales de los ciudadanos y a su vez la de estos con el Estado.

De conformidad con lo establecido en el artículo 4to de la constitución política de Colombia, la constitución es norma de normas dando como resultado que toda norma que no se encuentre en armonía con lo establecido en este cuerpo normativo, será excluida del ordenamiento jurídico, es con base precisamente en la fuerza normativa superior que ostenta la constitución que hemos decidido partir de lo establecido en ella para cumplir con la finalidad de este trabajo, así las cosas si se examina lo establecido en el artículo 1ro de esta misma obra, podremos identificar el programa constitucional, que el constituyente de 1991 seleccionó, esto es, un modelo de estado social de derecho que tienen entre otros los siguiente fundamentos: “El respeto de la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general”.

Lo anterior, nos puede ayudar a entender el tipo de constitución that we are dealing with, esto es, aquel modelo neoliberal que promulga un programa antropocéntrico, aun así consideramos que es importante tener en cuenta otro de los fundamentos sobre los que se asienta nuestro modelo constitucional, ya que de conformidad con el mismo artículo, tenemos que otro de los valores que adquiere un nivel constitucional es el interés general, esto a nuestro criterio, es un gran insumo al momento de realizar la respectiva labor interpretativa, ya que se podría aseverar  que el estado colombiano no tiene como fin exclusivo el fomento del hombre analizado como ser aislado o netamente natural, sino que se reconoceria otra de las cualidades de este mismo como un ser social y precisamente con base en esta característica de ser un hombre social, se podría argumentar que el hombre solo alcanzaría pleno desarrollo al momento de interactuar con sus congéneres dando como resultado que este pueda reconocer la extensión real de sus derechos puesto que estos mismos acabarían donde inician los de sus semejantes, a lo anterior lo que podríamos denominar como una especie de criterio intersubjetivo, donde el ego sólo alcanzaría plenitud cuando él tiene las facultades de reconocer e interactuar con el alter.

Ahora bien, si se analiza detalladamente lo establecido en el artículo segundo de la constitución, tendríamos que el Estado Colombiano tiene entre varios fines (en relación a la actividad que debe de desempeñar) entre otros los siguientes:

 

Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional, mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo. Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares”.

Lo anterior entonces, cobra relevancia si se contextualiza con lo mencionado más arriba esto es, que el Estado colombiano no solo ha sido establecido para regular las relaciones del hombre como ser aislado, sino que más bien su función principal radica en la regulación de relaciones intersubjetivas las cuales tienen como denominador común y fundamento último la dignidad humana.

Ahora bien, en este punto consideramos oportuno entonces señalar que la interpretación normativa que proponemos frente al bien jurídico tutelado en los delitos de falsedad documental debe de partir inexorablemente de la escala axiológica que ha sido instituida en el programa constitucional colombiano y que sido someramente mencionada puesto que a nuestro parecer estos serían los criterios rectores que legitimaría el bien jurídico tutelado en los delitos de falsedad documental, esto es la: Probidad y Confianza en las relaciones interpersonales de los ciudadanos y a su vez la de estos con el Estado. Lo anterior solo puede ser así ya que cualquier norma que sea instituida en el ordenamiento jurídico interno debe de encontrarse en armonía con la constitución política (art 4to), al igual que esta misma debe de respetar la escala de valores y el programa constitucional que esta misma ha establecido de conformidad con los ya mencionados artículos primero y segundo.

Así las cosas, para desentrañar el sentido real de lo que significa: “La Probidad y Confianza en las relaciones interpersonales de los ciudadanos y a su vez la de estos con el Estado”, consideramos idóneo, realizar las siguientes pinceladas.

Si se examina detalladamente el artículo 15 de la constitución política, tenemos que el telos de este mismo radica en torno a la rectificación de la información, esto es,  reducir algo a la exactitud que debe tener, es decir entorno a lo relativo a la “actualización y rectificación de informaciones”, debe de tenerse como faro rector la exactitud, la precisión, la veracidad lo que se está promulgando o almacenando, para el caso del presente artículo, todo lo que tiene que ver con el buen nombre y honra de TODA persona (natural o jurídica), este criterio interpretativo tienen un efecto irradiador sobre todo el artículo y esto es algo extremadamente importante ya que de conformidad con el cuarto inciso para efectos tributarios, judiciales, y de inspección y vigilancia por parte del Estado, los documentos privados y los libros de contabilidad DEBEN de ser presentados ante la respectiva autoridad con competencia para examinarlos, ahora bien ¿Qué trascendencia cobraría el criterio previamente enunciado para este inciso en específico? pues que solo estos documentos por la naturaleza y las funciones que tienen, es decir, la función de recopilar expresiones de sentido con la garantía de perpetuidad que los cobija, para ser utilizados en el tráfico jurídico, deben a nuestro criterio apegarse a la ya mencionada rectitud y exactitud que le es exigida a este tipo de documentos, entonces una primera muestra de la probidad ya mencionada y de la constitucionalización del documento como mecanismo idóneo, en la interacción intersubjetiva encontraría aquí un sustento clave, sin embargo, si se analiza el mismo artículo aún más, se puede encontrar que lo anterior tiene una doble fase ya que aun cuando tácitamente se tenga por sabido, que la naturaleza de estos documentos, es para ayudar a desarrollar principalmente el tráfico mercantil, no menos cierto es que a nuestro criterio el constituyente anclo este inciso en el respectivo artículo de la rectitud de información y la extendió para estos documentos precisamente por la importancia que tienen para la labor de vigilancia que le ha sido encomendada al estado según lo ya establecido cuando se hizo mención del articulo 2ndo de la constitución y es aquí entonces donde a mi parecer cobra relevancia la doble faz del bien jurídico, el cual sería no solo la probidad y confianza en las relaciones interpersonales de los ciudadanos sino también la que estos deben de tener con el Estado. Considero que lo anterior cobrará más sentido al momento de exponer lo relativo al artículo 83.




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