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Derecho a la Defensa y Acceso a Copias de una Denuncia Penal. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Derecho a la Defensa y Acceso a Copias de una Denuncia Penal.

¿Puede una persona señalada de cometer un delito acceder a la Denuncia Penal?

El debido proceso constituye un conjunto de garantías orientadas a la protección del ciudadano en cualquier actuación judicial o administrativa, con lo que se pretende respetar las formas propias de cada juicio[1]. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha establecido que el debido proceso contempla al menos los siguientes derechos:

  1. Derecho a la jurisdicción;
  2. Derecho al juez natural;
  3. Derecho a la defensa;
  4. Derecho a las garantías mínimas de presentación, controversia y valoración probatoria;
  5. Derecho a un proceso público;
  6. Derecho  a la independencia e imparcialidad del juez[2].
¿Tiene alguna inquietud acerca de la posibilidad de conocer la Denuncia Penal? En Buelvas y Melo Abogados le podemos ayudar presionando aquí.
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El derecho a la defensa, como una de las expresiones del debido proceso, permite que en toda actuación judicial o administrativa el ciudadano pueda ser escuchado, hacer valer las razones y argumentos, controvertir, contradecir y objetar las pruebas en su contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que estime favorable, así como interponer los recursos de la ley otorga[3]. La intensidad y relevancia del derecho a la defensa se hace evidente en un proceso penal, por la connotación que tiene una conducta penalmente relevante.

El derecho a la defensa, a su vez, tiene como características que es intemporal, universal y general. Se ejerce desde cuando se tiene conocimiento y solo hasta cuando finalice el proceso[4].

Es necesario establecer la diferencia entre el inicio del proceso penal y a partir de qué momento se puede ejercer la defensa. La vinculación al proceso penal se da así:

  1. Ley 600/00 con la indagatoria o declaración de persona ausente (art. 332);
  2. Ley 906/04 con la formulación de imputación (art. 286); y
  3. Ley 1826/2017 -procedimiento abreviado- con el traslado del escrito de acusación (art. 13).
Por otro lado, el derecho a la defensa, como se ha dicho, es intemporal, es decir, no se requiere la vinculación formal al proceso para que pueda ser ejercido.

Cuando contra una persona se interpone una denuncia penal, el principal interesado en que todo se esclarezca, en principio, debe ser quien es señalado de la comisión de un delito. Es así como se tiene la necesidad de acceder a la denuncia, lo que permite conocer, entre otras cosas, los hechos que la fundamentan.

Sobre la naturaleza y características de la denuncia, pueden ser revisadas, entre otras providencias, la C-1177 del 17 de noviembre de 2005, citada en la CSJ STP, 01 de marzo de 2018, rad. 96859. Por ahora, importa decir que el carácter de la denuncia es informativo. No constituye fundamento de la imputación, ni del grado de participación, o de ejecución del hecho, careciendo, en sí misma, de valor probatorio[5].

La posibilidad de acceder a la copia de la denuncia en cualquier momento no riñe, por ejemplo, con lo preceptuado en el artículo 344 de la Ley 906/04, en razón a que con esto no se pretende un descubrimiento anticipado. Como tampoco puede supeditarse a la vinculación formal al proceso.

No es que exista un derecho fundamental a acceder a la denuncia penal. No. Lo que ocurre es que no tiene un carácter reservado (ver Ley 1712 de 2014), como tampoco constituye un elemento material probatorio o evidencia física[6]. Se reitera, su carácter es informativo. Por lo que la negatoria de acceder a las copias de la denuncia puede ser constitutiva de una vulneración al derecho de postulación y debido proceso en su expresión del derecho a la defensa.

En síntesis, acceder a las copias de la denuncia es una posibilidad que puede ejercitar cualquier persona, lo que no desconoce la estructura del proceso penal, antes contribuye al respeto de las garantías y evita la arbitrariedad. Véase la CSJ STP, 25 de enero de 2022, rad. 121158 y CSJ STP, 21 de junio de 2022, rad. 124506.

 

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-163 de 10 abril de 2019.

[2] Ídem.

[3] Corte Constitucional, Sentencia C-025 de 27 de enero de 2009.

[4] Ídem.

[5] Corte Constitucional, Sentencia C-1177 del 17 de noviembre de 2005.

[6] CSJ STP, 01 de marzo de 2018, rad. 96859.




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