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Derecho A La Libertad Y Reserva Legal Para La Aprehensión.

Magistrado ponente  DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN.

SP270-2023 Radicado N° 61330.

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

La libertad es un derecho consagrado en el artículo 28 Constitucional, según el cual, toda persona es libre   “Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. La persona detenida preventivamente será puesta a disposición del juez competente dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes, para que éste adopte la decisión correspondiente en el término que establezca la ley. […]”.

A su vez, el artículo 3º de la Ley 600 de 2000, lo consagra como principio rector, al señalar: “Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad. Nadie podrá ser molestado en su persona ni privado de su libertad sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, emitido con las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la ley.”

Por su parte, la Corte Constitucional lo ha definido como la ausencia de aprehensión, retención, captura, detención o cualquier otra forma de limitación de la autonomía de la persona (CC. C-024/94; CC C-850/05; CC-879/11; CC C-223/17; CC C-276/19).

En términos generales la libertad siempre será la regla y la limitación o restricción la excepción a este derecho.

Aunque derecho fundamental, no es absoluto, en tanto que, acorde con el artículo 116 Constitucional, las autoridades judiciales pueden ordenar capturas; excepcionalmente, lo puede disponer la fiscalía general de la Nación y el Senado de la República, cuando ejerce funciones de juzgamiento.   Ahora, dado que la Constitución de 1991 estableció como regla general la reserva judicial en materia de privación de la libertad,  la Corte Constitucional (C-024 de 1994) al estudiar el tema precisó algunos criterios sobre los alcances de la detención preventiva consagrada en el inciso segundo del artículo 28 de la Carta, dado que esta ésta no implica la posibilidad de retención arbitraria por autoridades policiales, sino que corresponde a la necesidad específica de verificar ciertos hechos, necesarios para que las autoridades puedan cumplir su función constitucional, a saber "El mantenimiento de las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y para asegurar que los habitantes de Colombia convivan en paz”

Bajo esos derroteros, la autoridad de policía está legitimada para proceder a la detención preventiva de un ciudadano cuando:

  1. Medie orden expedida por autoridad judicial o
  2. Cuando la persona es aprehendida en flagrancia en la comisión de un delito, conforme a las reglas del artículo 32 Constitucional –caso último en el cual no se exige orden judicial.

De todas formas, en ambos eventos el aprehendido debe ser puesto a disposición de autoridad judicial, para su legalización, dentro de las 36 horas siguientes a la captura


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