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El actuar en lugar de otro; actuar por otro.

En ese sentido, el ordenamiento legal colombiano no contempló la responsabilidad penal de las personas jurídicas y optó, en cambio, por valorar la conducta de sus representantes legales o directivos, mientras que la figura societaria se sanciona a través de medidas de otra índole, como su cancelación o suspensión y, en general, mecanismos de naturaleza pecuniaria.

Es así como el inciso 3º del artículo 29 del Código Penal establece:

También es autor quien actúa como miembro u órgano de representación autorizado o de hecho de una persona jurídica, de un ente colectivo sin tal atributo, o de una persona natural cuya representación voluntaria se detente, y realiza la conducta punible, aunque los elementos especiales que fundamentan la penalidad de la figura punible respectiva no concurran en él, pero sí en la persona o ente colectivo representado”.

Al respecto, ha indicado la jurisprudencia:

En esta hipótesis, un individuo que opera como representante de hecho o de derecho de una persona jurídica o de un ente colectivo que carece de personalidad, o de una persona natural que no obra por sí misma, es castigado como si fuera el autor del delito, aun cuando los elementos estructurales de éste, y especialmente la cualificación especial exigida por un tipo penal en particular, recaen en la entidad representada y no en el representante. Un ejemplo típico de esta situación se da en el delito de alzamiento de bienes, definido en el artículo 253 de la Ley 599 de 2000, cuya configuración exige una cualificación especial en el agente, específicamente, que sea deudor de un tercero en cuyo perjuicio oculta bienes para perjudicar a su acreedor. Así, y a modo de ejemplo, puede suceder que quien actúa como representante de una sociedad realice maniobras para esconder propiedades de la persona jurídica a la que representa en detrimento del acreedor, pero la condición de deudor no concurre en él sino en la entidad a cuyo nombre actúa. En una comprensión tradicional de la autoría, el representante no podría ser responsabilizado como autor de esa conducta punible, pues no es él, sino la persona jurídica que representa, la que reúne la condición especial exigida en el tipo penal, y es en aquélla, entonces, en quien se consolidan los elementos estructurales de la autoría. No obstante, por virtud de la ficción jurídica establecida por el legislador en el tercer inciso del artículo 29 precitado, el comportamiento del representante se asimila al de un verdadero autor, así desde la perspectiva óntica no lo sea.

Así, la aplicación de este especial título de imputación exige los siguientes elementos estructurales:

  • La comisión de un delito especial, en el cual la circunstancia cualificante recae en una persona jurídica o una natural que obra a través de un representante.
  • La intervención, en esa conducta típica, de quien opera como representante de una u otra, quien carece de dicha cualificación.

Como se ve, el elemento transversal al instituto del actuar por otro lo es la existencia de una relación de representación entre la persona jurídica o natural que reúne los elementos estructurales del tipo y una persona natural que actúa por aquélla; representación que bien puede ser de derecho - como sucede con quien es designado como tal por los integrantes de una sociedad - o de hecho” (CSJ SP533, 5 de diciembre de 2018, rad. 50236)

El legislador entonces específicamente consideró la intervención del ente societario a través de quienes ostentan su representación, legal o, de hecho, consagrando así la denominada figura del actuar por otro.

No obstante, el presupuesto del juicio de reproche es la acción u omisión específicamente atribuida al individuo, no sencillamente el cargo que ostentaba para el momento en el cual se materializó el resultado antijurídico.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. Sala de Decisión Penal. M. P. Mario Cortés Mahecha. Radicación: 1100160000492016 0532401.


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