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Fundamentos Constitucionales Del Bien Jurídico En Los Delitos De Falsedad Documental (3ra Parte) - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Fundamentos Constitucionales Del Bien Jurídico En Los Delitos De Falsedad Documental (3ra Parte)

Esta es la ultima parte del blog acerca de los Fundamentos Constitucionales Del Bien Jurídico En Los Delitos De Falsedad Documental.

Autor: Dr Nicolas Buelvas Mendoza

Frente a la naturaleza de los documentos públicos, la corte constitucional en sentencia de tutela T-181/14, estableció que:

“Tendrán el carácter de documentos públicos aquellos que estén relacionados con el cumplimiento de la prestación del servicio público que le corresponda por ley, al igual que los que sean producto del ejercicio de prerrogativas propias de una entidad pública. Respecto de estos documentos el ciudadano tendrá la posibilidad de acceder a ellos en cuanto son de público conocimiento, salvo que exista una reserva expresa consagrada en una norma legal”.

Por otro lado, frente a lo que debe de entenderse por reserva legal, preciso es entonces acudir a la corte constitucional en la sentencia de tutela T 828-2014, sentencia en la cual, empleando un criterio cualitativo, decidió conceptualizar y categorizar los distintos tipos de información que pueden existir y al mismo tiempo estableció a partir de qué ámbito podría tratarse de una información con vocación de reserva, en efecto, nuestro tribunal constitucional se expidió de la siguiente forma:  

“Desde un punto de vista cualitativo, en función de su publicidad y la posibilidad legal de acceder a la misma, clasifica la información en (i) pública o de dominio público, (ii) semiprivada, (iii) privada, y (iv) reservada o secreta.

La información pública es aquella que, según los mandatos de la ley o de la Constitución, puede ser obtenida y ofrecida sin reserva alguna y sin importar si se trata de información general, privada o personal. Se trata por ejemplo de los documentos públicos, las providencias judiciales debidamente ejecutoriadas, los datos sobre el estado civil de las personas o sobre la conformación de la familia. Este tipo de información se puede solicitar por cualquier persona de manera directa y no existe el deber de satisfacer algún requisito para obtenerla.

La información semiprivada, refiere a los datos que versan sobre información personal o impersonal que no está comprendida en la regla general anterior, porque para su acceso y conocimiento presenta un grado mínimo de limitación, de tal forma que sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad administrativa en el cumplimiento de sus funciones o en el marco de los principios de la administración de datos personales. Es el caso de los datos relativos a las relaciones con las entidades de la seguridad social y al comportamiento financiero de las personas.

La información privada, es aquella que por versar sobre información personal y por encontrarse en un ámbito privado, sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, los documentos privados, las historias clínicas, y la información extraída a partir de la inspección del domicilio.

La información reservada, versa sobre información personal y guarda estrecha relación con los derechos fundamentales del titular a la dignidad, a la intimidad y a la libertad, motivo por el cual se encuentra reservada a su órbita exclusiva y “(…) no puede siquiera ser obtenida ni ofrecida por autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Cabría mencionar aquí la información genética, y los llamados "datos sensibles"  o relacionados con la ideología, la inclinación sexual, los hábitos  de la persona, etc.”

Ahora bien, necesario es confrontar lo anterior con el bien jurídico objeto de estudio, esto es la fe pública y más específicamente dentro de esta misma, lo que hemos acotado como: “La probidad y confianza en las relaciones interpersonales de los ciudadanos y a su vez la de estos con el Estado”, objeto jurídico (siguiendo a la doctrina italiana) que sería puesto en peligro o menoscabado efectivamente por cualquiera de las conductas que giren alrededor de la falsedad documental.

Pues bien, debemos de tener presente que el intercambio documental entre particulares, per se, no puede fundamentar la legitimidad del bien jurídico puesto en peligro o que efectivamente es lesionado al momento de redactar un documento ya sea público o privado e introducirlo con fines de afectar el tráfico probatorio, una de las aristas más importantes de este bien jurídico, es precisamente la injerencia que tiene el Estado, al momento de incidir en este ámbito de la sociedad, ya hemos visto que para ciertos efectos (tributarios, judiciales) los libros de contabilidad y ciertos documentos privados deben de ser presentados al Estado, con fines de inspección y vigilancia; pues bien, es precisamente la trascendencia de lo que es plasmado en el documento y la función social que este cumple, lo que fundamenta su protección como bien jurídico y lo que hizo que en varios apartes de la constitución fuera explícitamente mencionado. No solo se debe de proteger la probidad, rectitud o veracidad de la información entre particulares (la cual facilitará en grandes creces las respectivas interacciones intersubjetivas) sino que de igual manera la relación que estos mismos puedan tener con el Estado, ya sea para fines de hacienda pública, para fines de vigilancia y control en el ámbito mercantil y/o empresarial o para otros fines tales como el judicial.

Por si lo anterior no fuera poco, analicemos detenidamente el próximo artículo de la constitución. De conformidad al artículo 83 de la constitución, las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas.

¿Qué significa que las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deban de ceñirse a los postulados de la buena fe? Pues bien, según la corte constitucional en sentencia C-1194 de 2008, la buena fe tiene el siguiente significado:

“La jurisprudencia constitucional ha definido el principio de buena fe como aquel que exige a los particulares y a las autoridades públicas ajustar sus comportamientos a una conducta honesta, leal y conforme con las actuaciones que podrían esperarse de una persona correcta (vir bonus)”. Así la buena fe presupone la existencia de relaciones recíprocas con trascendencia jurídica, y se refiere a la “confianza, seguridad y credibilidad que otorga la palabra dada''.

La Corte ha señalado que la buena fe es un principio que de conformidad con el  artículo 83 de la Carta Política se presume y conforme con este (i) las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deben estar gobernadas por el principio de buena fe y; (ii) ella se presume en las actuaciones que los particulares adelanten ante las autoridades públicas, es decir en las relaciones jurídico administrativas, pero dicha presunción solamente se desvirtúa con los mecanismos consagrados por el ordenamiento jurídico vigente, luego es simplemente legal y por tanto admite prueba en contrario”.

En suma, podemos señalar que la constitución es rica en normas que fundamentan y legitiman la fe pública, pero más allá de eso, fundamentan la protección penal que el legislador le ha brindado a aquellas conductas que atentan contra la probidad y rectitud de los documentos como expresiones de sentido, no solo entre particulares sino entre éstos y las autoridades públicas, necesariamente debe ser así en un modelo de estado social de derecho, así las cosas, la rectitud de las relaciones entre particulares y de estos con las autoridades radica principalmente en la confianza que se tienen los unos con los otros como único modelo que fundamenta el desarrollo social, sin confianza no hay interacción, sin interacción no hay relaciones y sin relaciones no hay desarrollo, la única manera que tiene las personas de poder desarrollarse cabalmente como seres sociales es actuando de conformidad a lo esperado de ellas en un lugar y momento dado y la única forma que ellas podrán actuar con otros es si pueden identificar al otro como un igual y tener la confianza que las expectativas que se tienen sobre ella son las mismos que el otro tiene, lo cual dará como resultado que ambos al reconocerse como iguales desempeñen aquello que esperan el uno del otro y puedan relacionarse entre si (criterio intersubjetivo) las mismas consideraciones podrán ser aplicadas mutatis mutandis a los servidores públicos, atendiendo claro esta las diferencias entre un rol (ciudadano) y otro (servidor público).

 

BIBLIOGRAFÍA

  • Barja de Quiroga, L. J. (2014). Tratado de derecho penal, parte general. Primera edición, reimpresión. Editorial Civitas. Madrid España
  • Constitución política de Colombia.
  • Corte constitucional sentencias: C-1194 de 2008, T 828-2014,T-473 de 1992.

 

 




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