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Fundamentos Constitucionales del Bien Jurídico en los Delitos de Falsedad Documental (2da Parte) - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Fundamentos Constitucionales del Bien Jurídico en los Delitos de Falsedad Documental (2da Parte)

Esta es la segunda entrega de los Fundamentos constitucionales del bien jurídico en los delitos de falsedad documental.

Autor: Dr Nicolas Buelvas Mendoza.

Siguiendo con el mismo tren de pensamiento, que fue expuesto en el blog anterior, si se analiza ahora el artículo 20 de la constitución, tendremos un gran insumo que fortalezca nuestra posición ya que en este artículo nuevamente se utiliza el término rectificar, aquí de igual forma, considero que debe de situarse especial atención en los verbos empleados en la redacción del respectivo artículo, es decir, el foco de atención debe de centrarse en los términos manifestar y expresar, a mi criterio estos son dos verbos que pueden reconducirse a un grupo especial de acciones, aquellas que tendrían como finalidad principal la de servir como declaraciones con vocación de sentido en el ámbito intersubjetivo, esto a mi parecer es de suma trascendencia puesto que las falsedades documentales como especie de actuación que se encontraba como contracara de la consignación en un receptáculo de lo real o veraz con fines de perpetuidad solo tiene su razón de ser cuando se reconoce la actividad del hombre no como ser aislado, sino como ya se mencionó en otro parte como ser social y esas expresiones o manifestaciones con vocación de sentido en el ámbito social deben de sujetarse según el articulo comentado a un criterio de responsabilidad social, es decir, yo como ciudadano, como producto de una sociedad dada en un momento dado tengo la facultad de organizarse en cierto sentido y de cierta forma siempre y cuando no interfiera de forma injustificada con las esferas de libertad de otros, así mismo, al momento de consignar y manifestar una expresión de mi ser o si se quiere una expresión con sentido en el mundo que me rodea, soy responsable por lo que estoy emanando de tal suerte que uno de mis deberes como ciudadano (deber de manifestar) es expresar lo real o veraz y nunca lo contrario a la realidad.

Como consecuencia de lo anterior, si analizamos lo establecido en el artículo 23 de la constitución, artículo que consigna lo relacionado con el derecho de petición, sería perfectamente razonable concluir que este sería un ejemplo o si se quiere una especie de manifestación de expresión de sentido, la cual para el presente caso y siguiendo los postulados más elementales de la teoría de la comunicación, tendríamos que para el presente caso en la calidad de emisor estaría el ciudadano, es decir, de entrada se trataría de una proyección de un mensaje, de un contenido con información que tiene la vocación de producir efectos en el ámbito normativo, ahora bien consideramos importante recalcar una vez más que el termino ciudadano debe de entenderse en este escrito como constructo de la sociedad, el cual para el presente caso (derecho de petición) le ha sido otorgada la facultad de presentar peticiones respetuosas ante la administración, peticiones que tal vez sea obvio decirlo, tienen la finalidad de producir efectos en el ámbito jurídico; la pertinencia de este artículo, radica a nuestro criterio en que no se debe examinar la relevancia de la petición de manera aislada esto es, solo desde el punto de vista del interés que pueda tener el ciudadano, sino que sería más eficaz e idóneo abrir un poco más el espectro interpretativo frente a este punto, dicho de otro modo, la constitución no circunscribe la petición a intereses puramente particulares sino que equipará en el mismo plano a estas con las de interés general, fortaleciendo la toma de postura que lo que interesa al momento de proyectar un acto con sentido es la relevancia intersubjetiva que esté pueda tener y el fundamento principal de dicha intersubjetividad en este campo debe de encontrar, sino es de manera completa si por lo menos en un gran campo de su fundamentación en el principio de confianza tal cual lo comprende el modelo funcional sistémico en el derecho penal, para los efectos del presente escrito partimos de la siguiente definición conceptual de lo que enmarca dicho principio, esto es, entendemos el principio de confianza como:

“Aquella idea que se fundamenta en base al hecho de que, en un mundo normativo, las personas que lo integran tienen la garantía de confiar en que los demás se van a comportar de forma ajustada a su rol. Se trata de que los otros no son percibidos cognitivamente (como sujetos cuyas motivaciones deben ser exploradas en cada momento), sino normativamente, es decir, como sujetos portadores de derechos y deberes que cumplen un rol determinado”. (López Barja, 2014, pág. 439)

Hasta el momento, hemos podido identificar dos tipos de documentos que tienen gran relevancia para el constituyente, esto es: los libros de contabilidad y los documentos privados, sin embargo, en la constitución podemos identificar un tercer documento que también tiene gran trascendencia para el ordenamiento jurídico colombiano esto es, el documento público, para su definición partimos de lo consignado en la sentencia T-473 de 1992, la cual establece que:

“Desde el punto de vista del procedimiento, el documento es básicamente un medio de prueba. El artículo 251 del Código de Procedimiento Civil define que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones magnetofónicas, radiografías, talones, contraseñas, cupones, etiquetas, sellos y, en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo, y las inscripciones en lápidas, monumentos, edificios o similares. Pueden ser públicos o privados.

El documento público, de acuerdo con la definición del mismo Código, es aquél otorgado por el funcionario público en ejercicio de su cargo o con su intervención. Se denomina INSTRUMENTO PÚBLICO cuando consiste en un escrito autorizado o suscrito por el respectivo funcionario; se denomina ESCRITURA PÚBLICA cuando es otorgado por un notario o quien haga sus veces y ha sido incorporado en el respectivo protocolo. El documento privado es, por exclusión, todo el que no reúna los requisitos para ser público”.

Se concluye entonces que desde y para la perspectiva procesal, el término "documento público" se define de acuerdo a la persona que lo produce (funcionario público), y será público en la medida en que se produzca con las formalidades legales. Tiene, por supuesto, un mayor valor probatorio que el documento privado. Es, por tanto, una perspectiva orgánica: el carácter público del documento lo determina la persona u órgano donde se origina. El ámbito de producción del documento -sujeto productor y calidad del mismo- es lo que define y determina, en últimas, su naturaleza pública”.

Ahora bien, tal como lo dijimos más arriba, el constituyente también elevó al plano constitucional el documento público, ya que en el artículo 74 de la constitución se tiene que: “Todas las personas tienen derecho a acceder a los documentos públicos salvo los casos que establezca la ley”. La trascendencia de este tipo de documentos radica en la autoridad que los emite, esto es, su origen o fuente es la declaración con vocación de expresión de sentido pero que tiene como tinte característico que el emisor de este documento es un servidor público, esto es, aquella persona que ha ingresado al servicio de la administración pública y que tiene como fin último organizar su ámbito de actividad no sólo de conformidad con el interés general como criterio rector de la función pública, sino a su vez con aquellos principios que sirven como pautas normativas para que dicho servidor pueda encauzar sus actuaciones de conformidad a lo que se espera de este mismo, dichos principios vendrían a ser, según el artículo 209 de la constitución los siguientes: igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad.




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