El carácter vinculante de los Acuerdos de Solución Amistosa suscritos – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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El carácter vinculante de los Acuerdos de Solución Amistosa suscritos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El carácter vinculante de los Acuerdos de Solución Amistosa suscritos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

La solución amistosa requiere del consentimiento de las partes, y en caso de que alguna de ellas exteriorice su voluntad de no continuar la negociación, la misma concluye en ese momento y autoriza que la CIDH continúe el trámite contencioso.

Ahora, cuando se suscribe un acuerdo de solución amistosa, según el artículo 49 de la Convención, la CIDH «redactará un informe que será transmitido al peticionario y a los Estados Partes en esta Convención y comunicado después, para su publicación, al Secretario General de la Organización de los Estados Americanos. Este informe contendrá una breve exposición de los hechos y de la solución lograda. Si cualquiera de las partes en el caso lo solicitan, se les suministrará la más amplia información posible».

De otra parte, si el Estado que suscribió el acuerdo incumple lo señalado en dicho Informe de Solución Amistosa, según el artículo 45 del Reglamento de la CIDH, esa entidad podrá someter el caso a la Corte IDH. En esos eventos, dada la naturaleza obligatoria de este tipo de informes en donde se registró un reconocimiento de la responsabilidad en la violación de derechos humanos por parte de un Estado y, en virtud de ello, se suscribieron unos acuerdos, la Corte IDH ha señalado que posee competencia incontrovertible para conocer el asunto y sancionar al Estado si no se acoge a lo acordado (en ese sentido, ver v.gr. Corte IDH, Caso Wilson Gutiérrez Soler y otros, vs. Salvador y Caso Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia).

Así las cosas, una vez celebrado el acuerdo de solución amistosa, al Estado no le queda otra opción diferente a la de cumplir los compromisos adquiridos en el mismo, pues en caso de no hacerlo, queda expuesto a una condena internacional por parte de la Corte IDH por incumplimiento de lo pactado.

De acuerdo con lo anterior, como lo ha sostenido esta Corporación pacíficamente en decisiones anteriores (v.gr CSJ-SCP Revisión 30642 de 2012; ), es claro que este tipo de informes no son simples recomendaciones, sino decisiones de un órgano internacional que contienen obligaciones claras y exigibles para el Estado en materia de derechos humanos respecto de las que el mismo se comprometió, y por lo tanto, que pueden ser invocadas dentro de la causal de revisión contenida en el numeral 3 de artículo 220 de la Ley 600 de 2000 y el numeral 4 del artículo 192 de la Ley 906 de 2004.

Caso concreto.

Los días 29 de abril de 2010, 14 de marzo de 2011, 10 y 21 de abril de 2015, el Estado colombiano manifestó la intención de llegar a una solución amistosa, cuyo acuerdo fue suscrito por las partes el 6 de abril de 2016. En ese documento Colombia reconoció la responsabilidad internacional por la violación de los artículos 4º (derecho a la vida), 5º (derecho a la integridad personal), 7º (derecho a la libertad personal), 8º (derecho a las garantías judiciales), 22 (derecho a la circulación y residencia) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en perjuicio de O.Z.V., A.V.Z. y los familiares de éstos.

(…) Así las cosas, dada la naturaleza vinculante de las obligaciones contenidas en el Informe de Solución Amistosa precitado y que el acuerdo allí consignado aún se encuentra en etapa de verificación en espera de que el Estado termine de cumplir todos los compromisos adquiridos -en especial, el tema relativo a las medidas de justicia-, como consecuencia del reconocimiento de responsabilidad en hechos considerados violaciones de derechos humanos protegidos por la CADH, se concluye entonces que dicha decisión en concreto reúne los requisitos exigidos por la causal de revisión invocada por el Ministerio Público para dar inicio a este trámite. Corte Suprema de Justicia. SP115-2023(50336). M. P. Myriam Ávila Roldán.

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