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Control de legalidad posterior en la extinción de dominio.

El control de legalidad posterior sobre los actos de investigación realizados en el proceso de extinción de dominio.

A partir de la entrada en vigencia de la Ley 1849 de 2017, los jueces penales municipales con función de control de garantías adquirieron competencia para ejercer el control posterior sobre actos de investigación realizados por los Fiscales Especializados, en la fase inicial de los procesos de extinción de dominio, remplazando, para esos efectos, las facultades que tenían los jueces especializados en la materia –en la etapa del juzgamiento-, conforme lo establecía la Ley 793 de 2002, modificada por la 1708 de 2014 en su artículo 33.

Es decir, mientras estuvo vigente la Ley 793 de 2002 –Código de Extinción de Dominio-, modificada por la Ley 1708 de enero 20 de 2014, la intervención del juez de control de garantías estuvo excluida del proceso de extinción de dominio durante la fase inicial, dado que la única intervención judicial la ejercía el juez especializado, solo en la fase del juzgamiento.

La Corte Constitucional, en la sentencia C-516 del 12 de agosto de 2015, estudió la constitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley 1708 de 2014, hasta modificar su precedente anterior, incorporado a través de las sentencias C740 de 2003 y C-540 de 2011, en las que había ratificado la exclusión del juez de control de garantías en los procesos de extinción de dominio.

No obstante, en la C-516 de 2015, recordó que, aunque la acción de extinción de dominio tiene una naturaleza real y no punitiva, en la que no se cuestiona o pretende demostrar la responsabilidad penal de un individuo, de todas formas, los actos de investigación adelantados por el ente acusador que impliquen restricción de derechos fundamentales (arts. 15 y 28 Superior), debían someterse a control posterior del juez de garantías.

Para la época en la que la Corte Constitucional profirió la anterior sentencia, aún no había operado, por parte del legislador, una reforma con ese parámetro normativo constitucional; sin embargo, cuando la investigada conoció del asunto que le fue sometido a consideración, la Ley 1849 de 2017, llevaba 5 meses de vigencia, al haberse promulgado el 19 de julio de esa anualidad. Repárese, entonces, cómo solo a partir de la sentencia C-516 de 2015, se establecen reglas para que el juez de garantías controle los actos de investigación que implicaran restricción severa de derechos fundamentales en materia de extinción de dominio, dado que, en términos del artículo 250.9 constitucional, la atribución dada al ente acusador para adelantar ese tipo de asuntos -en el que a pesar de no controvertirse la responsabilidad criminal de un individuo, sino el origen ilícito de sus bienes-, no es absoluta.

Según la Corte Constitucional, en el entendido que el texto de la Ley 1708 de 2014, en el artículo 115, no había establecido un verdadero control constitucional por parte del juez especializado de extinción del dominio, pues, las facultades constitucionales para examinar la validez de las medidas de intervención en derechos fundamentales, solo las adquiría en la etapa de juzgamiento, lo cual, resultaba demasiado tarde, dado el trámite al que se verían avocados los interesados, conforme el procedimiento regulado en el canon 163 de la misma disposición. En definitiva, a partir de la sentencia C-516, de agosto 12 de 2015, se abrió la posibilidad a los jueces de garantías, para legalizar los actos de investigación adelantados por la fiscalía especializada en la fase inicial del proceso de extinción de dominio, que comportaran, se reitera, restricción a los derechos fundamentales (arts. 15 y 28 Superior), es decir, aquellos relacionados con órdenes de registro y allanamiento, retención de correspondencia, interceptación de comunicaciones o recuperación de información producto de la transmisión de datos a través de las redes de comunicaciones, entre otras, conforme lo establece el artículo 237 de la Ley 906 de 2004.

Motivos como los plasmados en la C-516 de 2015, condujeron al legislador a expedir la Ley 1849 de 2017, que en su artículo 8º, párrafo 1º, reformó el artículo 33 de la Ley 1708 de 2014, al disponer que le compete al juez de garantías el control posterior de los actos de investigación realizados durante la fase inicial de los procesos de extinción de dominio. Corte Suprema de Justicia. SP3464-2022(61928). M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

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