El Delito De Contrato Sin Cumplimiento De Requisitos Legales. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

Su Firma de Confianza

Contáctenos 24/7

Su carrito actualmente está vacío.
MENU
El Delito De Contrato Sin Cumplimiento De Requisitos Legales. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El Delito De Contrato Sin Cumplimiento De Requisitos Legales.

SEP 133-2023 El Delito De Contrato Sin Cumplimiento De Requisitos Legales.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.

SALA ESPECIAL DE PRIMERA INSTANCIA.  

Magistrada Ponente  BLANCA NÉLIDA BARRETO ARDILA.

SEP 133-2023. 

Radicación interna No. 49262. 

CUI 11001020400020160208200.

Bogotá D.C., catorce (14) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

Del Delito De Contrato Sin Cumplimiento De Requisitos Legales (aplicación del artículo 146 del Decreto Ley 100 de 1980).

«El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones y con el propósito de obtener un provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y multa diez (10) a cincuenta (50) salarios mínimos legales mensuales vigentes e interdicción del ejercicio de derechos y funciones públicas de uno (1) a cinco (5) años».

El delito en estudio describe una conducta atentatoria del bien jurídico de la administración pública, que busca preservar los postulados de raigambre constitucional que la rigen y, específicamente con la descripción típica, que los ámbitos de tramitación, celebración y liquidación de los contratos estatales se cumplan de acuerdo con las normas que los regulan. 

Para la estructuración del referido ilícito se exige, primeramente, ostentar la calidad de servidor público y ser el titular de la competencia funcional para intervenir en la tramitación, celebración o liquidación del contrato y, en segundo lugar, llevar a cabo la conducta desvalorada sin el cumplimiento de los requisitos legales esenciales (CSJ SP, 9 feb. 2005, rad. 21547 y CSJ SP, 23 mar. 2006, rad. 21780).

Es un injusto de simple actividad o mera conducta (CSJ SP, 18 ene. 2017, rad. 47100 y SP, 7 dic. 2011, rad. 37941) que se configura cuando el sujeto calificado tramita, celebra o liquida el contrato sin observancia de los requisitos legales, sin que se exija la constatación de un resultado separable de los propios comportamientos antes referidos, en otras palabras, se consuma con la mera realización de las conductas allí descritas (Cuestión distinta sería determinar el desvalor de resultado (de lesión o de peligro para el bien jurídico) que exige el referido tipo penal.).  

Aunque es un delito de mera actividad, ello no es óbice para prescindir del análisis de criterios normativos como la imputación objetiva, en aras de determinar si el sujeto creó con su conducta un riesgo jurídicamente desaprobado, si este se materializa en el resultado lesivo para el bien jurídico y si ello se encuentra dentro del fin de protección de la norma.  

En lo que atañe al propósito de obtener provecho ilícito para sí, para el contratista o para un tercero, la Sala de Casación Penal ha precisado que ese elemento se derivaba del simple hecho de celebrar el contrato sin acatar los principios y normas de carácter constitucional y legal aplicables a la selección administrativa, comoquiera que el objeto de protección del tipo penal es el principio de legalidad en la contratación estatal (CSJ, 5 ago. 2015, rad. 46201. Que reitera lo dicho en CSJ, 28 nov. 2007, rad. 26857. Ver también: CSJ, 17 jun. 2004, rad. 18608; CSJ, 9 feb. 2005, rad. 21547; CSJ, 18 dic. 2006, rad. 19392; CSJ, 6 may. 2009, rad. 25495), sin que la supresión de tal apartado en la descripción típica del artículo 410 del Código Penal de 2000 constituya alguna modificación de entidad. 

De otro lado, es un tipo penal en blanco, razón por la que se debe acudir a legislación extrapenal para complementar su supuesto fáctico. En concreto, debe acudirse a aquellas disposiciones consagradas en el Estatuto General de la Contratación Pública, esto es, la Ley 80 de 1993, las demás prerrogativas que la desarrollan o, de ser el caso, a las consagradas en regímenes especiales de contratación estatal, con el fin de establecer el alcance del elemento normativo requisitos legales esenciales.  

Lo anterior, comoquiera que las actividades contractuales públicas, como parte del armazón estatal, han de estar signadas por los principios fundantes de la función administrativa, de ahí que no solo deben estar al servicio de los intereses generales, sino que, en virtud de lo normado en el artículo 209 superior, deben ajustarse a los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, todo ello encaminado a cumplir los fines del Estado de servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales. 

La Sala de Casación Penal ha reiterado que la contratación estatal es una actividad pública estrictamente reglada a partir de principios y valores constitucionales que permean las distintas etapas del proceso contractual, su transgresión no solo puede comprometer la existencia y validez de los actos contractuales, sino también dar lugar a la configuración de responsabilidad penal, disciplinaria o fiscal por parte de los servidores públicos y los particulares que en ella intervienen (Cfr. CSJ SP, 13 jun. 2018, rad. 45228).  

Tocante a las distintas etapas de la contratación que abarca el correspondiente tipo penal, la misma Sala ha puesto de relieve que el comportamiento puede estar ligado a la tramitación, celebración o liquidación, más no a la ejecución, en armonía con el principio de estricta tipicidad (CSJ SP, 25 ene. 2017, rad. 48250).  

Con este tipo penal se pretenden salvaguardar los pilares fundamentales de la contratación estatal con el objetivo de que las etapas de tramitación, celebración y liquidación se realicen con transparencia, economía, responsabilidad, planeación, igualdad y selección objetiva, principios contemplados en el artículo 23 de la Ley 80 de 1993.

 

Tratándose del elemento subjetivo, la conducta resulta eminentemente dolosa, por lo tanto, la actualización del tipo requiere las aristas de conocimiento de los hechos típicos y voluntad en su realización.

En tal medida, es necesario que medie el conocimiento o conciencia de los elementos descriptivos y normativos del tipo penal que se refieren a la exterioridad de la conducta, así como el volitivo, entendido como el querer realizarlos, de ahí que actúa dolosamente quien sabe que su acción es objetivamente típica y quiere su realización.


Tags



    Post Comment

    Por favor tenga en cuenta que los comentarios deben ser aprobados antes de ser publicados

    Search

    Recent Post