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El delito de prolongación ilícita de privación de la libertad. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El delito de prolongación ilícita de privación de la libertad.

Magistrado ponente  DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN.

SP270-2023 Radicado N° 61330.

Bogotá, D.C., diecinueve (19) de julio de dos mil veintitrés (2023)

El delito prolongación ilícita de privación de la libertad se encuentra definido en el artículo 175 del Código Penal, según el cual “El servidor público que prolongue ilícitamente la privación de libertad de una persona, incurrirá en prisión de treinta y seis (36) a sesenta (60) meses y pérdida del empleo o cargo público ( Sin el aumento punitivo previsto en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 –trámite previsto en la Ley 600 de 2000).

Este punible sanciona la transgresión del bien jurídico tutelado de la libre locomoción individual de las personas, y se configura, según lo ha señalado esta Corte, cuando a pesar de que una persona es aprehendida legalmente, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Constitución Política de Colombia, no se cumplen los presupuestos formales y sustanciales posteriores tendientes a mantener ese estado de legalidad, o cuando habiendo concluido las causas que dieron lugar a la privación lícita de la libertad, se mantiene el estado de reclusión, no permitiendo que se recupere el derecho a la libre locomoción individual (CSJ SP, 15 feb. 2012, rad. 33149, reiterada en las SP12974-2016 de 14 de sep, de 2016 y AP1871-2019, rad. 53635).

En ese sentido se indicó:  “Mediante este tipo penal se sanciona penalmente un atentado contra la libertad de locomoción individual de las personas, y en esencia, tiene lugar cuando a pesar de que una persona ha sido privada legalmente de su libertad, esto es, bajo los lineamientos del artículo 28 de la Carta Política, no se cumplen los presupuestos formales y sustanciales posteriores, tendientes a mantener ese estado de legalidad; o, cuando habiendo cesado las causas que dieron lugar a la privación lícita de la libertad, se mantiene tal situación, no permitiendo que se recupere dicha libertad. En el primer supuesto, caben aquellos casos en que no se formaliza la captura, o cuando no se recepciona dentro del término legal la indagatoria, o se resuelve la situación jurídica, o como cuando no se acude a legalizar una captura en flagrancia. En el segundo supuesto, caben aquellos casos en que el reo ha cumplido la pena y no obstante ello, el estado de privación de la libertad es extendido indebidamente por el servidor público.”  

Es decir, que el desvalor de la conducta a la que se hace referencia surge cuando se prolonga la privación de la libertad más allá de los límites legalmente permitidos.

En las mencionadas decisiones, igualmente, se precisó:  El delito de prolongación ilícita de privación de la libertad, es esencialmente doloso. Conforme ya se ha dicho por la Corte, “El dolo en esta conducta, se concreta entonces en el conocimiento que tiene el servidor público de la manifiesta ilegalidad de la prolongación de la detención originariamente legítima de una persona, sin justificación legal, y la conciencia de que con tal determinación se vulnera sin derecho el bien jurídico de la libertad, sin que sea menester demostrar el móvil que guío la acción del funcionario (Reiterado en CSJ SP, 14 sep. 2016, rad. 43726).


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