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El error de prohibición invencible en el delito de violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El error de prohibición invencible en el delito de violación del régimen legal de inhabilidades e incompatibilidades.

Aunque esta Sala comparte que el mencionado delito es un tipo penal en blanco (La Corte ha resaltado que el delito de es un tipo penal en blanco y, por ello, la autoridad judicial tiene el deber de acudir a otras normas de carácter extrapenal con el fin de tener una comprensión clara y completa de la conducta sancionada por el legislador. CSJ SEI 11 feb. 2021, rad. 53815; SP 1ro nov. 2017, rad. 48978, entre otras.), debe precisarse que, en el ámbito de la teoría del error, «las consecuencias del error sobre la norma a la que remite el tipo penal en blanco son diversas al error que recae sobre un elemento normativo del tipo, pues el primero recae sobre el supuesto fáctico del tipo penal, en tanto que el segundo lo hace sobre una cualificación jurídica de alguno de los otros componentes del tipo objetivo.  Si el error recae sobre un ingrediente normativo se descarta el tipo doloso, pero si el error es sobre la norma a la que remite el tipo penal, entonces, estaríamos en presencia de un error de prohibición, pues significa el desconocimiento de la existencia de 1a prohibición o mandato de la norma que se infringe con la conducta». (CSJ SP, 05 oct. 2016, rad. 40089.)

Tal claridad resulta de suma importancia, pues, tratándose de un error de prohibición, su valoración y sus efectos son diversos al error de tipo.

En cuanto a lo primero, han de tomarse en cuenta «las circunstancias personales y particulares del autor, su grado de cultura, su instrucción, profesión, su inveterada vigencia, la información jurídica que posee, las condiciones de la ley, su inveterada vigencia su posición respecto de costumbres y valores culturales»" y, sobre lo segundo, si el error es de tipo vencible, la conducta será punible aunque con atenuación por culpabilidad disminuida y rebajará en la mitad a voces del numeral 11 del artículo 32 del CP.

Este panorama apunta a que el procesado no cuenta con un alto nivel de instrucción formal, ni su oficio tiene relación con temas jurídicos o con el manejo de lo público.

Además, es la primera vez que resulta elegido en un cargo de elección popular y no se evidencia que haya sido investigado por hechos similares, por lo que resulta razonable considerar que, en vista de sus condiciones personales, no conocía la inhabilidad tantas veces mencionada.

Desde ya la Sala advierte que la delegación esgrimida por el procesado no es un motivo suficiente para evadir su responsabilidad como ordenador del gasto del departamento del Caquetá, pues «posee el deber legal de vigilar y supervisar el rol de los subalternos, sin que pueda eximirse de responsabilidad, incluso, cuando se presenta delegación o desconcentración»" (CSJ SEP, 10 feb. 2023, rad. 46473 con fundamento en CSJ SP, 6 abr. 2022, rad. 59783, CSJ SEP, 10 mar. 2021, rad. 00003 y CSJ SP, 22 jun. 2016, rad. 42930), por lo que habrá de estudiarse en detalle cuál fue la interacción que sostuvo con sus allegados y con su equipo de trabajo para establecer si tuvo, o no, la oportunidad de enterarse de la mentada inhabilidad.

Vistas las condiciones personales y particulares que rodean al sindicado, debe recordarse que al conocimiento de las normas se accede principalmente de dos formas, la primera, mediante la lectura del texto jurídico (para quienes estudian derecho o ejercen oficios afines) o, la segunda, a través del tránsito de las relaciones sociales (conocimiento del carácter prohibido de una conducta).

De allí que le asiste razón a la delegada de la fiscalía al afirmar que se trata de un error invencible, puesto que G.T solo posee instrucción secundaria (bachiller), siempre se ha desempeñado como comerciante, no cuenta con experiencia en el ámbito público, es su primera vez en un cargo de elección popular al ser elegido como Gobernador del Caquetá, nunca ha contratado con el Estado y no ha tenido investigaciones por hechos similares, lo que explica su desconocimiento de la norma inhabilitante.

Aunado a ello, se trata de una norma sumamente compleja, ya que no basta con conocer el contenido del recién incluido literal, sino que además hay que establecer su alcance acudiendo a una sucesión de regulaciones en constante cambio.

Se trata de las resoluciones que expide el CNE para cada periodo de campaña con los topes de inversión para las campañas, los cuales, a su vez, dependen del acto administrativo que define el censo electoral en cada una de las circunscripciones territoriales del país.

En pocas palabras, debía realizarse una interpretación sistemática de tres disposiciones jurídicas de diferentes jerarquías y materia, para poder establecer que el aporte realizado por el señor Núñez Montilla lo inhabilitaba para contratar con el departamento del Caquetá, lo que, a juicio de la Sala, escapa a la cognición de una persona sin ningún tipo de formación profesional, ni experiencia en la materia.

Ahora, en lo relativo a la posibilidad que tuvo el procesado de actualizar su conocimiento, es necesario tener en cuenta que el equipo jurídico que acompañó al sindicado no conocía que Núñez Montilla había sido uno de los aportantes de su proyecto político, por lo que aquellos no tenían motivos para advertirle sobre la existencia del texto legal.

Corte Suprema de Justicia. AEP 117-2023, radicado 00813. M. P. Jorge Emilio Caldas Vera.


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