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Requisitos para establecer el estricto cumplimiento de un deber legal o constitucional. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Requisitos para establecer el estricto cumplimiento de un deber legal o constitucional.

Además de la colisión de deberes propiamente dicha, estos mandatos deben estar, ambos, en cabeza del mismo sujeto disciplinable y para ello se requiere: (i) que el cumplimiento sea de carácter estricto, (ii) el deber sea constitucional o legal, y (iii) que uno cuente con mayor importancia que el sacrificado al punto de que el uno no pueda cumplirse sin sacrificar el otro, debido a la mayor jerarquía del primero de ellos en el caso concreto. Asimismo, la importancia del deber, para que se justifique la conducta, depende de que la misma sea cometida por el sujeto activo (iv) «conociendo el derecho que tiene y con la intención (voluntad) de ejercerlo»[1]. Así lo han considerado igualmente la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal[2], la Corte Constitucional[3] y la doctrina nacional[4].

Por tanto, cuando se requiere que un deber sea más importante que el otro, se le confiere al sujeto activo una obligación de, a raíz de la colisión, valorar la importancia de los distintos deberes para decidir, con pleno convencimiento, sobre la importancia de cada uno.

En esa medida, el estricto cumplimiento de un deber constitucional o legal de mayor importancia que el sacrificado supone ponderar el deber de cumplir la Constitución y la ley, que consagra la prevalencia del interés general, la efectividad de los derechos, el deber de las autoridades de protección a las personas en su vida y demás derechos y libertades para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares[5].

De conformidad con los criterios expuestos, fluye con claridad que el método para determinar si un deber específico debe prevalecer sobre otro es la denominada ponderación, «que pasa por la aplicación de los criterios o principios de necesidad, adecuación, proporcionalidad y razonabilidad, en los términos en que han sido suficientemente decantados por la jurisprudencia constitucional»[6].

Comisión Nacional de Disciplina Judicial.  20180200501. M. P.  Mauricio Fernando Rodríguez Tamayo.

 

[1] ROMERO SOTO, Luis E. El ejercicio legítimo de un derecho. Disponible en: file:///Users/humbertoizquierdo/Downloads/rechava2,+Gestor_a+de+la+revista,+Estudios+1.pdf, p. 387.

[2] Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia de casación del 5 de mayo de 2004, radicado nro. 19.992, M.P. Mauro Solarte Portilla.

[3] Corte Constitucional, sentencia C-948 de 2002, M.P. Álvaro Tafur Galvis.

[4] Gómez Pavajeau, Carlos Arturo. Dogmática del Derecho Disciplinario, Universidad Externado de Colombia, Bogotá D.C, 2020, p. 566.

[5] Dogmática de la estructura de la responsabilidad disciplinaria, Carlos Arturo Gómez Pavajeau, 2020.

[6] Comisión Nacional de Disciplina Judicial, providencia del 19 de octubre de 2002, radicado nro. 54001110200020160065501, M.P Mauricio Rodríguez Tamayo.




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