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El restablecimiento del derecho.

El artículo 22 de la Ley 906 de 2004, establece que, cuando sea procedente, la Fiscalía General de la Nación y los jueces deberán adoptar las medidas necesarias para hacer cesar los efectos producidos por el delito y las cosas vuelvan al estado anterior, si ello fuere posible, de modo que se restablezcan los derechos quebrantados, con independencia, de la responsabilidad penal. Esta Sala ha sido consistente en sostener que el restablecimiento del derecho es :

«intemporal y en esa medida se puede realizar en cualquier momento de la actuación procesal porque (…) es independiente a la declaración de responsabilidad penal; por consiguiente, para que opere plenamente, basta con que esté demostrada la materialidad de la conducta o el tipo objetivo. (CSJ AP 28 nov. 2012, rad. 40246)

Resulta necesario precisar que la cautela es provisional durante el trámite de la actuación y definitiva en la sentencia o su equivalente. En el primer caso la ordena el juez de control de garantías por petición de la fiscalía o de las víctimas, y en el segundo el de conocimiento.

Ahora, los fundamentos probatorios exigibles para su imposición son distintos. Cuando la cautela es provisional, se requiere que el juez de control de garantías cuente con motivos fundados para inferir, cuando menos, la tipicidad objetiva del punible; en tanto que, cuando tenga un carácter definitivo, se requiere un convencimiento más allá de toda duda razonable.

En suma, la adopción de medidas con el fin de restablecer los derechos de las víctimas:

  • Es un principio rector;
  • Es intemporal dentro del proceso penal;
  • No está supeditado a la declaratoria de responsabilidad penal;
  • No necesariamente se debe reconocer en la sentencia, pues procede en cualquier momento de la actuación en que surjan motivos fundados en cuanto a la materialidad de la conducta o el tipo objetivo,

 y

  • Pueden dar lugar tanto al restablecimiento pleno, como al de carácter provisional, éste último en el evento en que se demande la adopción de medidas inmediatas que no se pueden posponer hasta el momento en que se profiera alguna determinación con carácter definitivo en el proceso.

Ahora, en razón a que la decisión que decreta medidas provisionales debe ser motivada, resulta necesario que el juez competente indique las razones por las cuales considera que existen motivos fundados para inferir el tipo objetivo del delito, además de referir los motivos por los cuales es necesaria la adopción de medidas inmediatas que no pueden ser pospuestas hasta el momento en que se profiera alguna determinación definitiva en el proceso.

Adicionalmente, comoquiera que la adopción de una medida provisional puede suponer la tensión entre los derechos de las presuntas víctimas y los de otras personas cuyos intereses resulten afectados con aquella determinación, resulta indispensable que el juez con función de control de garantías establezca si su acogimiento resulta razonable y proporcionada a la luz de los intereses que se pretenden salvaguardar.

Para que se decreten las medidas tendientes a asegurar el restablecimiento del derecho de manera provisional, le corresponde al juez con función de control de garantías contar con motivos fundados que le permitan inferir, cuando menos, el tipo objetivo del punible. AP4756-2021(58023).


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