El delito de alzamiento de bienes y títulos ejecutivo. – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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En la configuración del delito de alzamiento de bienes no se requiere de una obligación contenida en un título ejecutivo, también puede tratarse de una obligación litigiosa. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

En la configuración del delito de alzamiento de bienes no se requiere de una obligación contenida en un título ejecutivo, también puede tratarse de una obligación litigiosa.

La configuración del delito de alzamiento de bienes no se requiere de una obligación contenida en un título ejecutivo, pues, bien puede tratarse de una obligación litigiosa, en donde el acreedor disputa una cuantía, la cual no descarta el derecho de crédito y, por tanto, lo habilita para perseguir los bienes del deudor.

En tal sentido, la Corte en la decisión CSJ SP, 16 ene. 2012, Rad. 35438, precisó lo siguiente:

«Lo anterior significa que pueden existir obligaciones que por ser claras, expresas y exigibles gozan de título ejecutivo y, por lo tanto, se pueden perseguir inmediatamente por la vía ejecutiva y otras que surgen como consecuencia de alguna de las fuentes de derechos personales y cuya cuantía en términos patrimoniales se debe definir a través de un proceso ordinario.

No se remite a duda que la disposición fraudulenta de los bienes que integran la prenda general de los acreedores producida luego de que una obligación que goza de título ejecutivo está perfeccionada, configurará el delito de alzamiento de bienes, pues el sujeto activo de la relación jurídica obligacional tiene a su favor un derecho cierto e indiscutible que es agraviado con la acción lesiva del patrimonio por parte del deudor.

Es frente al segundo tipo de obligaciones, cuyo valor sí es discutible ante la jurisdicción civil-laboral-penal, que se denuncia la atipicidad de la conducta en tanto en ausencia de una declaración judicial sobre la existencia de la obligación -previa a la disposición ilícita de los bienes-, el recurrente considera que no habría lugar a proteger una obligación que no ha surgido.

Sin embargo, no se puede predicar válidamente que los derechos de crédito nacen a la vida jurídica al momento de la declaración judicial, es decir, cuando se establece el monto exacto de la prestación y son exigibles. No, tal como se anunció atrás, las obligaciones pueden tener su fuente en el contrato o convenio, en el acto jurídico unilateral (v.g. la herencia), en el delito, en el enriquecimiento sin causa, en la responsabilidad civil y en la ley y, es a través de ellos que los derechos personales emergen como actos jurídicos que de ser incumplidos pueden ser requeridos coactivamente.

Si bien se admite que una obligación en tales circunstancias tiene carácter litigioso y que el acreedor disputa la cuantía definitiva, ello no descarta el derecho de crédito que surge a favor del acreedor, por ejemplo, al celebrar el pacto obligacional con el deudor que entonces, lo habilita para perseguir sus bienes embargables.

(…)

No es como afirma el censor que una hermenéutica en este sentido desarrollada, equivalga a una interpretación extensiva in malam partem, proscrita cuando de hacer un juicio de adecuación típica se trata, amén que ello lesionaría los principios de legalidad y tipicidad objetiva, pues la precisión aquí predicada únicamente es aprehensiva del sentido normativo que la legislación civil le confiere al concepto de acreedor, en el que se itera, caben los derechos personales claros, expresos y exigibles y los que derivan su existencia de alguna de las fuentes de las obligaciones.

Una intelección del ingrediente normativo: “acreedor” descrito en el artículo 253 del Código Penal en el sentido que se viene describiendo, consulta la doctrina internacional que de manera general es diáfana en predicar que no se requiere que la obligación previa a la comisión de la conducta punible esté consignada en un documento que preste mérito ejecutivo». Corte Suprema de Justicia. SP130-2023(55147). M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.




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