Entidad pública como víctima en el proceso penal Ley 906 – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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¿Es obligatorio que la entidad pública afectada por la presunta comisión de un delito se constituya como víctima en el proceso penal tramitado por la Ley 906 de 2004? - Buelvas & Melo Abogados Asociados

¿Es obligatorio que la entidad pública afectada por la presunta comisión de un delito se constituya como víctima en el proceso penal tramitado por la Ley 906 de 2004?

La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en la providencia AP078-2023, radicado 60506, resolvió la apelación interpuesta por el defensor del acusado, orientada a revocar la decisión que reconoció como víctima a la Contraloría General de la República.

El artículo 36 de la Ley 190 de 1995[1] establece que, en todo proceso por delitos contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho público perjudicada.

En la Sentencia C-038 de 1996, en la cual se estudió la constitucionalidad de esta norma, la Corte Constitucional la declaró ajustada al ordenamiento jurídico.

El artículo 137 de la Ley 600 de 2000, dispone que, en todo proceso por delito contra la administración pública, será obligatoria la constitución de parte civil a cargo de la persona jurídica de derecho púbico perjudicada. Si el representante legal de esta última fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil (…).

Dicha norma fue declarada exequible en la Sentencia C-228 de 2002, en la que se estableció que la Contraloría General de la República puede comparecer junto con las entidades afectadas al proceso penal, a las que les interesa no solo la búsqueda de la reparación, sino también la verdad y la justicia.

El mismo artículo 137 ibidem, establece que, si el representante legal de la persona jurídica de derecho púbico perjudicada con la comisión del delito es el mismo procesado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales tienen el deber de constituirse como parte civil.

Sobre la posibilidad de aplicar por integración normativa el artículo 137 de la Ley 600 de 2000, en procesos seguidos por la Ley 906 de 2004[2], la Corte sostiene que, aunque en esta última norma se regula la intervención de la víctima en el proceso penal, es necesario aplicar lo estipulado en el precepto 137 del código de procedimiento penal del año 2000, para resolver asuntos en los cuales la Contraloría General de la República debe intervenir dentro de los procesos penales junto con las entidades territoriales que han sido afectadas por conductas punibles contra la administración pública.

La conclusión de la Corporación es que, el artículo 137 de la Ley 600 de 2000 es aplicable por integración a procesos tramitados bajo la Ley 906 de 2004, y en consecuencia la Contraloría General de la República debe constituirse como víctima dentro del proceso penal cuando: i) con la conducta punible investigada haya resultado perjudicada una persona jurídica de derecho público; ii) se indague la comisión de delitos contra la administración pública; y iii) el representante legal de la entidad afectada sea el mismo imputado[3].

La condición de víctima de la Contraloría General de la República viene dada de la concepción amplia de la palabra, por la afectación de los intereses patrimoniales del Estado ocasionado con la comisión de la conducta punible, cuya defensa le corresponde asumir al ente de control en virtud al mandato Constitucional.[4]

 

[1] Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la Administración Pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa.

[2] LEY 906 DE 2004. Artículo 25. Integración. En materias que no estén expresamente reguladas en este código o demás disposiciones complementarias, son aplicables las del Código de Procedimiento Civil y las de otros ordenamientos procesales cuando no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal.

[3] Esta Corporación ha establecido que estas reglas son aplicables incluso cuando al procesado le sea impuesta una medida de aseguramiento y se decrete su suspensión del cargo. Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto AP2091-2021 del 26 de mayo de 2021. Radicado 59466.

[4] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto AP1157-2015 del 4 de marzo de 2015. Radicado 44629.




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