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¿Es Posible Que Acuda A Rendir El Peritaje Una Persona Diferente De Aquella Que Elaboró El Examen Y Presentó El Informe?

Magistrado Ponente  GERSON CHAVERRA CASTRO.

SP162-2023.

Radicación n° 58235.

Bogotá D.C., diecinueve (19) de abril de dos mil veintitrés (2023).

Ante la imposibilidad de hacer comparecer al juicio al profesional o experto que se encargó de elaborar el correspondiente informe pericial cuya incorporación se pretende, es posible suplir su presencia con la de otro profesional, la Corte procederá a atender la queja del recurrente en los siguientes términos: 

Señala el artículo 405 de la Ley 906 de 2004 que “la prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados.”

A renglón seguido, esa misma norma establece que “al perito le serán aplicables, en lo que corresponda, las reglas del testimonio.” 

De lo anterior se desprende entonces que, el perito que se encargó de realizar el correspondiente informe que sirve como base de opinión pericial, tiene el deber de concurrir al juicio oral con el objetivo de rendir su correspondiente dictamen y autenticar el documento en mención para que el mismo haga su correspondiente ingreso al proceso penal.  

No obstante, ello el legislador en el artículo 419 de la misma legislación previó la posibilidad de que no fuera posible lograr la comparecencia del perito al juicio y, por ello en ese canon estableció: “Si el perito estuviera físicamente impedido para concurrir a la audiencia pública donde se practicará la prueba, de no hallarse disponible el sistema de audio vídeo u otro sistema de reproducción a distancia, ésta se cumplirá en el lugar en que se encuentre, en presencia del juez y de las partes que habrán de interrogarlo.”  

Pese a la buena intención del legislador, la anterior norma no fue lo suficientemente prolija y dejó por fuera eventos en los cuales, definitivamente, no fuera posible lograr la comparecencia del experto al juicio oral, es así que presupuestos tales como la muerte del perito o la imposibilidad de ubicarlo, quedaron por fuera de la solución legal brindada por la norma transcrita, situación que llevó a la Corte a pronunciarse sobre el particular en decisión del 17 de septiembre de 2008, proferida al interior del radicado 30214, donde se brindó una solución a dicha problemática, misma que, hasta la fecha, se ha reiterado de manera pacífica en diversas providencias donde se planteó idéntico cuestionamiento. 

En dicha providencia, la Sala de Casación Penal estimó que dos podrían ser las soluciones al tema de la imposibilidad física de hacer comparecer al perito al juicio oral: la primera de ellas es ordenar se practique un nuevo informe pericial, el cual estaría a cargo de otro profesional y, la segunda, que el informe ya rendido sea introducido, y el dictamen rendido, por otro profesional de idénticas características a las de aquél que originalmente realizó el correspondiente informe.

Frente a esta segunda solución, la Corte en la mentada decisión enseñó:  “Para la Corte, acorde con lo examinado en precedencia de lo que el texto legal contiene y lo que el derecho comparado informa sobre la materia, en términos generales, es necesario que la base pericial sea soportada exclusivamente con el testimonio de la persona que realizó el examen y elaboró el correspondiente informe.  Empero, si bien, el peritaje como prueba reclama siempre de la presencia de un experto en la audiencia de juicio oral –por regla general el mismo que realizó el informe, porque así lo demanda la ley y la naturaleza misma de lo obligado referir ante el juez y las partes-, para que explique los hallazgos, exámenes, técnicas y conclusiones a las que se llega, resultando inane la sola presentación del informe, es posible, por vía excepcional, que el perito no sea necesariamente aquel encargado de ejecutar directamente el examen y elaborar el consecuente informe, pues, en determinados eventos, como lo expone Chiesa, cuando se advierte que lo consignado en el documento hace parte del tipo de información que el experto utiliza para su trabajo, nada obsta para que persona distinta acuda a la audiencia de juicio oral en aras de soportar conclusiones pertinentes para el objeto del proceso.

(…)  Estima la Sala, bajo estos mismos presupuestos argumentales, que en casos excepcionales, referidos a la imposibilidad absoluta de que el perito pueda rendir su versión en audiencia pública –ha fallecido, se ignora su paradero, no cuenta ya con facultades mentales para el efecto, solo por vía enunciativa en el ánimo de citar ejemplos pertinentes-, y a la pérdida o desnaturalización del objeto sobre el cual debe realizarse el examen o experticia, es posible que acuda a rendir el peritaje una persona diferente de aquella que elaboró el examen y presentó el informe.

Entonces, respecto de la obligación ineludible de que el perito concurra a la audiencia del juicio oral, si éste se halla imposibilitado para desplazarse, debe acudir el despacho, con las partes, al lugar donde se halla el experto, o recibirse su atestación por algún sistema de audio video; pero si ya se torna imposible recabar su declaración, surge la posibilidad de solicitar al juez que permita la concurrencia de un nuevo perito quien, examinado el objeto o fenómeno, rendirá su informe (que puede ser verbal), directamente en la audiencia de juicio oral.

(…)  Lo fundamental, advierte la Sala, es que el informe o informes contengan elementos suficientes -particularmente, en el campo descriptivo, acerca de lo observado por quien examinó el objeto o fenómeno a evaluar-, que permitan al experto citado a la audiencia contar con bases sólidas a fin de explicar adecuadamente qué fue lo verificado, cuáles los métodos y técnicas utilizadas, los resultados arrojados por la experticia y las conclusiones que de ello se pueden extractar.  Desde luego, entre más limitados sean los elementos puestos en el informe a disposición del perito, mayores serán las dificultades que su labor entraña y, consecuencialmente, mucho menor el alcance probatorio de sus conclusiones. 

De la misma manera, si se trata de expertos vinculados a la misma entidad y de dictámenes que obedecen a procedimientos estandarizados –dígase, para citar apenas un ejemplo, las pruebas realizadas para la detección de alcaloides y su naturaleza específica-, será mucho más elemental la tarea y mayor el grado de aceptación de lo dicho por el nuevo perito.

De vuelta al caso concreto, observa la Sala que en el presente asunto no era procedente ordenar la práctica de un nuevo examen a la víctima y a su hija por cuenta de otro médico forense, pues el paso del tiempo tornaba imposible esa labor, ya que al tratarse de unas lesiones que arrojaron una incapacidad definitiva de 10 días y no dejaron ningún tipo de secuela, efectuar una nueva auscultación al sujeto pasivo de la conducta, pasados 5 años de los sucesos, arrojaría un resultado inane para los fines procesales, de modo que la solución brindada por el juez de segundo grado, además de ser acorde con la jurisprudencia de la Corte, resultó ser la más acertada.

En consecuencia, el hecho de haberse practicado la prueba pericial en juicio por parte de una profesional de la medicina distinta a quien realizó los correspondientes exámenes físicos a la víctima y su hija el 28 de febrero de 2013, no compromete las formas propias del juicio y, por ende, no afecta el derecho fundamental a un debido proceso, pues entre otras razones, dicha prueba se practicó por una profesional idónea que tuvo como fundamento los informes base de opinión pericial realizados por la galeno que auscultó a M.P.Q.L y a su hija I.P.Q., en la fecha ya referida.


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