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Estos son los elementos que configuran el delito de tráfico de influencias. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Estos son los elementos que configuran el delito de tráfico de influencias.

El delito de tráfico de influencias de servidor público requiere de sujeto activo calificado, por cuanto solo puede ser ejecutado por quien ostente la condición de servidor público, e incurra en ejercicio indebido del cargo o de la función.

Exige la concurrencia de otra persona con cualificación específica, otro servidor público, destinatario de la conducta de quien ejerce la influencia, mientras que éste tiene interés en un asunto que debe conocer el servidor público sobre el cual recae la injerencia que dimana de su cargo o de su función.

El verbo rector, es «utilizar», que significa «hacer que una cosa sirva para algo», seguido del adjetivo «indebidamente». No basta que se utilice la influencia sino que ésta debe ser ajena a los parámetros de comportamiento de todo servidor público consagrados en la Constitución, las leyes y los reglamentos, y que propenden por la efectividad de los principios que rigen la administración pública.

Sobre el término influencia atendiendo las varias acepciones, se destaca aquella consagrada en el diccionario de la Real Academia Española, según la cual hace referencia a «persona con poder o autoridad en cuya intervención se puede obtener una ventaja, favor o beneficio».

Las características de la influencia se contraen a que: (i) debe ser cierta y real su existencia, con la entidad y potencialidad suficiente para llegar a influir en el otro y que trascienda en un verdadero abuso de poder, de ahí que la influencia simulada, falsa o mentirosa no quedó penalizada en este tipo, pues no se puede abusar de lo que no se tiene; (ii) no cualquier influencia es delictiva, solo lo será aquella que es utilizada indebidamente; (iii) lo indebido como elemento normativo del tipo, es lo que no está conforme con los parámetros de conducta de los servidores públicos precisados por la Constitución, la ley y los reglamentos a través de regulaciones concretas o los que imponen los principios que rigen la administración pública.

La conducta del agente adquiere relevancia penal con el simple acto de anteponer o presentar la condición de servidor público derivado del ejercicio del cargo o de la función o con ocasión del mismo, sin que importe el impacto o consecuencias en el destinatario, ubicando el delito en los denominados de mera conducta en tanto no se requiere la consecución del resultado, esto es, el éxito en la gestión del destinatario o la aceptación del requerimiento por parte de éste, basta que se despliegue el acto de la indebida influencia para consumar el delito.

La acción del traficante de influencias es determinable y autónoma dentro del ejercicio indebido de su posición preponderante de poder o superioridad, razón por la cual para la estructuración del delito no es necesario establecer si el propósito o finalidad perseguida comporta la realización de otras actividades delictivas.

Pero si el agente además de influenciar indebidamente materializa actos ilícitos sucesivos e independientes destinados a cristalizar o concretar su propósito se tipifica otros delitos, por ejemplo: el traficante de influencias que persigue la falsificación de documentos y esta se lleva a cabo, debe responder por el tráfico de influencias y la falsedad como autor o partícipe según el caso; igual sucederá si la influencia se ejerce con el fin de apoderarse de bienes públicos, responderá por el tráfico de influencias y por peculado siempre que se den los elementos de la determinación.

Por su parte, el servidor público influenciado puede aparecer como la víctima o dependiendo del comportamiento que despliegue para que el propósito de la influencia se lleve a cabo su conducta puede ser típica.

En cuanto al objeto jurídico y la antijuridicidad material, esto es, la protección del correcto funcionamiento de la administración pública, particularmente se enfoca en sancionar al servidor público que pretenda derivar de su investidura privilegios o provechos indebidos para él o un tercero quebrantando la moralidad, imparcialidad, neutralidad, transparencia e igualdad, que se espera recibir de la administración pública, deformando los fines del Estado y la prevalencia del interés general.

Comporta la utilización indebida de la posición preponderante que el cargo le otorga al servidor público, que por virtud del interés privado que a nombre propio o de un tercero le asiste en un asunto que le corresponde conocer a otro funcionario, ejerce sobre él “un influjo psicológico el cual lleva al influenciado a realizar la actuación que no efectuaría de no ser por la calidad de quien se lo solicita, sin que necesariamente deba tratarse de un subalterno (…) Es el efectivo uso inadecuado de la autoridad, de la investidura que ejerce una presión psicológica en el influenciado, precisamente por esa investidura. Se trata de una sugestión, de una instigación que altera el proceso motivador de quien conoce el asunto. Como dice la jurisprudencia Española, se trata de ejercer un predominio o fuerza moral”.

Corte Suprema de Justicia.



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