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Excepciones a la reserva judicial en casos con efectos penales. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Excepciones a la reserva judicial en casos con efectos penales.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el recurso extraordinario de casación promovido por el representante del Ministerio Público, realizó algunas consideraciones sobre las excepciones a la reserva judicial en casos con efectos penales en casos de allanamiento y registro.

El artículo 230 de la Ley 906 de 2004, señala tres eventos como excepciones a la regla constitucional de la reserva judicial para el allanamiento y registro:

(…) La primera se relaciona con el consentimiento expreso del propietario o el simple tenedor del bien objeto del registro o por quien tenga interés por ser afectado durante el procedimiento. Debe quedar en claro, sin embargo, que desde el punto de vista del derecho a la intimidad, del que el derecho a la inviolabilidad domiciliaria es una expresión, la protección constitucional trasciende el espacio físico patrimonial para posarse en la esfera privada que se desarrolla en él.

De manera que el consentimiento otorgado para el registro de la morada debe provenir de quien tiene un verdadero interés en la protección constitucional sobre su intimidad y, en esa medida, se vea afectado con la diligencia de entrada y registro. En ese sentido, serán las circunstancias que rodean el caso en concreto las que determinarán las condiciones para el válido otorgamiento del consentimiento, resultando trascendente las formas de convivencia existentes cuando se trata de varios moradores.

Valga decir, cuando bajo una relación de confianza recíproca conviven varios moradores en el domicilio que se quiere registrar, será suficiente con la autorización de uno de ellos para la práctica de la diligencia de allanamiento y registro, si se considera que los ámbitos de intimidad se confunden para permitir que con quien se convive pueda llevar a cabo actuaciones en nombre de los demás, entre ellos el registro de las autoridades sobre las áreas que les son comunes[1].

Sin embargo, no son infrecuentes las circunstancias en las que se presentan intereses contrapuestos en materia de intimidad entre los moradores del inmueble cuyo allanamiento y registro es requerido, por lo que el consentimiento de uno de ellos no tiene por qué extenderse a los demás. Así mismo, se pueden ofrecer condiciones de autonomía entre los habitantes de la morada (p. ej. inquilinos) o de espacios de intimidad no habilitados para el escrutinio de los demás moradores, así existan entre ellos vínculos familiares, casos en los que sin duda no es suficiente el consentimiento expresado por alguno de ellos.

De modo que la validez de la legitimidad del consentimiento otorgado estará condicionada por las circunstancias concretas de convivencia entre los diversos moradores del inmueble allanado y registrado.

Ahora, la norma establece que no basta con la mera ausencia de objeciones por parte del interesado, sino que debe acreditarse la libertad del afectado al manifestar la autorización para el registro.

Significa lo anterior que la autorización para entrar y registrar el lugar debe ser libre, consciente e informada, sin que pueda ser fruto del error, de la violencia o de cualquier forma de intimidación, tampoco de promesa alguna por parte de las autoridades y, en general, de cualquier forma de sugestión, inducción o presión psicológica que pueda incidir en el ánimo de quien otorgar el consentimiento. En realidad, a efectos de prevenir actos arbitrarios, la autoridad de policía debiera recabar la autorización fundada del fiscal en lugar de inducir el consentimiento del morador para entrar y allanar el lugar.

En materia constitucional, la prescindencia de la reserva legal y judicial en el adelantamiento de una diligencia de allanamiento y registro, debe suponer debidas condiciones de ejercicio de las libertades para quienes de esa manera renuncian al ejercicio de un derecho fundamental. Cualquier influencia por parte de las autoridades a fin de obtener la aquiescencia de los moradores debe interpretarse como una forma de hostigamiento repudiada por normas internacionales, restándole valor legitimante a la actuación.

Así, la Observación General 16 del Comité de Derechos Humanos, al artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (que prevé el derecho de toda persona a ser protegida respecto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, así como de ataques ilegales a su honra y reputación), establece que «los registros en el domicilio de una persona deben limitarse a la búsqueda de pruebas necesarias y no debe permitirse que constituyan un hostigamiento». 

Por lo tanto, el consentimiento otorgado por el morador debe ser expreso y espontáneo, características que en todos los eventos deben ser verificadas por el juez de garantías.

La segunda excepción consagrada en nuestro ordenamiento procesal penal, proviene de un criterio acuñado por la jurisprudencia norteamericana[2], según el cual se permite que la policía judicial pueda adelantar diligencias de allanamiento o registro, sin orden judicial previa, cuando no exista expectativa razonable de intimidad. Esto es, lo aclara la misma disposición, cuando el objeto se encuentra en campo abierto, a plena vista o abandonado.

Finalmente, al tenor de la tercera excepción se permite que la Policía pueda penetrar en los domicilios sin mandamiento judicial previo, cuando existan siniestros o eventos de tal magnitud que reclamen la adopción de medidas urgentes e inmediatas encaminadas a salvaguardar la vida y la propiedad. En este caso, se considera legítima la injerencia en tanto la tardanza en la consecución de la orden haría nugatoria la posibilidad de proteger los bienes jurídicos en juego, además que implicaría perder la posibilidad del recaudo probatorio o una eventual captura (“riesgo por la demora”).

La norma, como puede leerse en su texto, señala algunas de esas situaciones de emergencia, “tales como incendio, explosión o inundación”. Sin embargo, entiende la Corte que esa lista es apenas enunciativa y no limitativa, como quiera que es la misma disposición la que, a continuación, justamente, hace referencia a cualquier “otra clase de estragos” que permita deducir, seria y fundadamente, la existencia de un riesgo o peligro para las personas y sus bienes. Inclusive, se mencionan eventos de “riesgo inminente de la salud, la vida o integridad personal o sexual de un menor de edad”. Corte Suprema de Justicia. SP087-2023(53643). M. P. Gerson Chaverra Castro.

Consulte la providencia completa presionando aquí.

[1] En el derecho comparado fue analizada una situación de esa índole por la Suprema Corte de los Estados Unidos en United States v. Matlock, 415 U.S. 164 (1974), en la cual explicó que cuando dos personas tengan los mismos derechos para el uso u ocupación de una habitación, cualquiera puede dar su consentimiento para un registro, y las pruebas así reveladas pueden usarse contra cualquiera”, debiendo acreditarse como soporte para hacerlo el uso mutuo de la propiedad por parte de personas que generalmente tienen acceso o control para la mayoría de los fines, por lo que es razonable reconocer que cualquiera de los cohabitantes tiene derecho a permitir la inspección por derecho propio, y que los demás han asumido el riesgo de que uno de ellos permita que se registre el área común”.

[2] Corte Constitucional. Sentencia C-881/14




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