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Diferencia para  aplicar el principio de oportunidad de responsabilidad penal de adultos y el de adolescentes?

¿Existe alguna diferencia en las características generales establecidas para la aplicación del principio de oportunidad en el sistema de responsabilidad penal de adultos y el de adolescentes?

En uno de los cargos propuestos en la demanda de casación, el libelista pretendía la nulidad de la actuación con la finalidad de que se tramite el principio de oportunidad, que considera obligatorio para los procesos tramitados al amparo del sistema de responsabilidad penal para adolescentes. Le correspondió a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, resolver si el cargo propuesto se hace admisible o no.

Es así como este principio constituye una excepción al deber contenido en el inciso primero del artículo 250 de la Constitución Política, de acuerdo con el cual, «La Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.» Por lo mismo, no se constituye como un derecho del ciudadano, como parece entenderlo la demandante.

El Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), en su artículo 174, respecto al principio de oportunidad dispone lo siguiente:

Las autoridades judiciales deberán facilitar en todo momento el logro de acuerdos que permitan la conciliación y la reparación de los daños, y tendrán como principio rector la aplicación preferente del principio de oportunidad. Estas se realizarán con el consentimiento de ambas partes y se llevarán a cabo con una visión pedagógica y formativa mediante la cual el niño, la niña o el adolescente pueda tomar conciencia de las consecuencias de su actuación delictiva y de las responsabilidades que de ella se derivan. Así mismo, el conciliador buscará la reconciliación con la víctima.

Y en su artículo 175 excluyó la aplicación del mismo «cuando se trate de hechos que puedan significar violaciones graves al derecho internacional humanitario, crímenes de lesa humanidad o genocidio de acuerdo con el Estatuto de Roma.»

En consecuencia, no se desconoce que en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes, el legislador confirió un lugar especial a la justicia restaurativa y en concreto al principio de oportunidad, al otorgarle la categoría de principio rector y determinar su aplicación como  preferente; no obstante en ningún momento, transformó o modificó las disposiciones generales del mencionado instituto, las causales expresamente fijadas en la ley o las reglas que para su aplicación contempla el Código de Procedimiento Penal.[1]

Lo anterior quiere decir que, la figura (principio de oportunidad) es la misma y mantiene sus características generales tanto en el sistema de responsabilidad penal de adolescentes como en el sistema de responsabilidad penal de los adultos; por tanto, será la Fiscalía en ejercicio y desarrollo de la política criminal,[2] la encargada de fijar las pautas para su aplicación en uno y otro procedimiento  acatando los postulados y fines de cada sistema, claro está, sin desconocer el interés superior de los niños, niñas y adolescentes.

De hecho, así lo reconoció el ente persecutor en el capítulo II de la Resolución 4155 de 2016 «por medio de la cual se reglamenta la aplicación del principio de oportunidad y se deroga la resolución 2370 de 2016». Corte Suprema de Justicia. AP653-2023(59650). M. P. Fernando León Bolaños Palacios.

 

[1] Artículo 144 de la ley 1098 de 2006 según el cual: “Salvo las reglas especiales de procedimiento definidas en el presente libro, el procedimiento del sistema de responsabilidad penal para adolescentes se regirá por las normas consagradas en la Ley 906 de 2004 (Sistema Penal Acusatorio), exceptuando aquellas que sean contrarias al interés superior del adolescente.”

[2]Así lo estableció la Corte Constitucional en la sentencia C 979 de 2005 al estudiar y declarar exequible el artículo 330 de la Ley 906 de 2004 Los poderes de reglamentación que los artículos demandados radican en el Fiscal General de la Nación en materia de reglamentación de la aplicación del principio de oportunidad y fijación de criterios para el funcionamiento de los mecanismos de justicia restaurativa, se derivan de la autonomía limitada que la Constitución establece a favor del ente investigador; (ii) más que una potestad, lo que las normas demandadas establecen es un deber de reglamentación de estas importantes materias; (iii) el deber de reglamentación adscrito al Fiscal General debe ser de alcance  general y con un espectro de aplicación restringido al ámbito interno de la entidad; (iv) en tanto que operativo e interno el reglamento o el manual no puede limitar a actores externos, particularmente al juez de control de garantía; (v) el deber de reglamentación del fiscal está limitado por las finalidades que la Constitución y la ley asignan a las instituciones cuya aplicación regula; (vi) el reglamento y el manual que expida el Fiscal General de la Nación debe desarrollar los criterios de política criminal trazados por la Constitución y la ley penal; (vii) el reglamento y manual así expedidos, cumplen un papel de autolimitación del Fiscal General de la Nación, quien queda vinculado a su propio reglamento; (viii) a través de los deberes de reglamentación de carácter general e interno se promueven valores constitucionales como los principios de competencia preferente del Fiscal General de la Nación y unidad de gestión y jerarquía (Art.251.3), el principio de igualdad (Art.13 CP) y la protección de las víctimas (Art.251.6/7).”




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