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FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO | JUSTICIA Y PAZ - Buelvas & Melo Abogados Asociados

FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN E IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO | JUSTICIA Y PAZ

JUSTICIA Y PAZ.

M.P. Dr. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ.

Radicado 30955 – 9 de febrero de 2009.

Sabido que la Ley 975 de 2005 que tuvo como objetivo primordial “facilitar los procesos de paz y la reincorporación individual o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, garantizando los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación”, previó la imposición de una pena alternativa, que luego de la satisfacción de una serie de exigencias (vinculadas fundamentalmente con la verdad, la justicia y la reparación), terminaría desplazando las condenas que por cualquier delito (relacionado con su militancia en el grupo armado) pudieran tener o se le pudieran imponer al desmovilizado.

Así las cosas, al momento de la desmovilización el justiciable puede estar en una de varias posibilidades en relación con procesos judiciales adelantados en su contra:

  1. a) Que no exista ninguno distinto al rituado por la Ley 975 de 2005,
  2. b) Que al momento de su desmovilización se le adelanten procesos judiciales por punibles cometidos en desarrollo de su pertenencia al grupo armado ilegal, en los que soporte medida de aseguramiento o sentencias condenatorias.
  3. c) Que el justiciable esté privado de la libertad como consecuencia de su desmovilización previa, adelantada de conformidad con la Ley 782 de 2002.
  4. d) Que el desmovilizado tenga procesos adelantados por delitos perpetrados al margen de su pertenencia a la organización criminal, en los que esté afectado por medida de aseguramiento o incluso con condenas en su contra.

Dada la complejidad del proceso de reconciliación y sobre todo de la judicialización de los ex integrantes de estos grupos criminales, la Ley 975 de 2005 viene siendo reglamentada por decretos que intentan prever las diferentes posibilidades en que pudiera encontrarse el justiciable, siendo ellos el 4760 de 2005, 2898 y 3391 de 2006, 315 de 2007 y 176 de 2008, en las distintas situaciones previstas, así:

  1. a) Frente al desmovilizado que al momento de su dejación de armas y reinserción a la vida civil no soporta medida de aseguramiento ni condenas pendientes, el procedimiento que se sigue a efectos de su imputación, es el gobernado por el parágrafo del artículo 5º del Decreto 4760.

Frente a este evento la Corte se ha pronunciado en dos ocasiones autorizando la imputación parcial, específicamente en auto de 28 de mayo de 2008 dentro del radicado 29560, oportunidad en la cual la Corte se ocupó de la omisión de la Fiscalía de imputar al desmovilizado el delito de concierto para delinquir agravado, y, de 23 de julio del mismo año dentro del radicado 30120, providencia que autorizó la suspensión de la audiencia de formulación de imputación para continuar con la versión libre otorgando la oportunidad de que el procesado confesara nuevos hechos punibles.

  1. b) Puede suceder también que al momento de la desmovilización se estuvieran adelantando contra el justiciable procesos judiciales por punibles cometidos en desarrollo de su pertenencia al grupo armado ilegal, en los que se le haya impuesto medida de aseguramiento o incluso sentencias condenatorias.

El procedimiento para este evento fue el previsto inicialmente en el inciso segundo del mismo parágrafo del artículo 5º del Decreto 4760 de 2005. Por su parte, el Decreto 3391 de 2006, cuyo artículo 22 derogó expresamente el inciso segundo del parágrafo del artículo 5º del Decreto 4760 de 2005, previó en su artículo 10° la acumulación jurídica de penas, y en el 11 la de procesos.

  1. c) Cuando el justiciable está privado de la libertad como consecuencia de su desmovilización previa, adelantada de conformidad con la Ley 782 de 2002, el trámite que se sigue es el previsto en los artículos 5º y 6º del Decreto 3391 de 2006.
  2. d) Cuando el justiciable es afectado, luego de su desmovilización, con medida de aseguramiento o condenas impuestas por delitos perpetrados sin relación con el conflicto armado, como el caso que concita la atención de la Sala. El problema jurídico que se plantea con la apelación es justamente cuál es el procedimiento que debe seguirse en este evento, para el cual no existe regulación expresa. La posición que expresó el a quo es que no puede realizarse la imputación parcial por cuanto la ley no lo autoriza para el evento comentado, por lo que dicha decisión conculcaría el debido proceso de Á.Y, además que afectaría los derechos de las víctimas que verían fraccionada la verdad, todo lo cual va en contravía de los presupuestos del sistema acusatorio que gobiernan la actuación.



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