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Fundamentos para la individualización de la pena.

El Código Penal colombiano concibe un proceso de tasación que parte de montos mínimos de sanción prefijados legislativamente, al igual que establece límites máximos que el juez no puede sobrepasar, so pena de violar la legalidad.

Dentro de tal margen de apreciación reglado, el sentenciador debe seguir los derroteros fijados en el artículo 61 del estatuto sustancial que, determina, inicialmente, la división del ámbito de movilidad en cuartos: uno mínimo, dos medios y uno máximo.

Seleccionado el cuarto de punibilidad que corresponde a la conducta delictiva por la que se dicta condena -que en este caso fue el mínimo, al solo verificarse la circunstancia de atenuación punitiva de la carencia de antecedentes-, el Juez puede imponer una sanción entre el mínimo y el máximo del mismo de acuerdo con los criterios establecidos en su inciso tercero[1] del artículo 61 del Código Penal, a saber: la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el caso concreto, ello, como un ejercicio de motivación que explique la mayor injerencia en el derecho fundamental a la libertad. Corte Suprema de Justicia. AP627-2023(61924). M. P. Gerson Chaverra Castro.

 

[1] No se hace mención al cuarto inciso debido a que, si bien la condena se emitió por una conducta sancionada como tentada, ello obedeció al beneficio pactado a través de la figura del preacuerdo.




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