Grupo Armado Organizado -Grupo Delictivo Organizado. GAO GDO – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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La Fiscalía está obligada a determinar la pertenencia del sindicado a un Grupo Armado Organizado o Grupo Delictivo Organizado. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La Fiscalía está obligada a determinar la pertenencia del sindicado a un Grupo Armado Organizado o Grupo Delictivo Organizado.

La Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, en Sala de Decisión de Tutelas No. 3, resolvió la impugnación promovida por el accionante, contra la decisión de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cali, en la que se negó el amparo solicitado.

Según los hechos acreditados, el implicado solicitó la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad, por una no privativa de ese derecho, invocando para tal propósito lo establecido en el parágrafo primero del artículo 307 CPP. No obstante, la Fiscalía sostuvo que se debía dar aplicación al artículo 307A CPP, por la pertenencia del procesado a un Grupo Delictivo Organizado (GDO). En consecuencia, los Juzgados Octavo Penal del Circuito Con Función de Conocimiento y Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías negaron su petición.

Al resolver la impugnación a la acción de tutela, la Corte realizó importantes precisiones acerca de la acreditación de la pertenencia a un Grupo Armado Organizado o Grupo Delictivo Organizado.

Es necesario que la Fiscalía desde la misma estructuración de la hipótesis delictiva que presenta al formular imputación o acusación, determine sin duda alguna que la sindicación que se está realizando es coincidente con la pertenencia del implicado a un GAO o GDO, dependiendo de los presupuestos establecidos en la Ley 1908 de 2018, pues no puede de manera novedosa ingresar ese elemento en el debate que se inicie a fin de verificar situaciones como la libertad por vencimiento de términos procesales o, la sustitución de la medida de aseguramiento por término de la detención preventiva.

Lo anterior en garantía de:

(i) El principio de legalidad previsto en los artículos 6 del Código Penal y de Procedimiento Penal. Esto porque permite conocer al procesado de antemano todos los aspectos que pueden incidir en la definición de su situación jurídica, así no solo frente a la configuración misma del tipo penal que se le esté atribuyendo y la clase de sanción que podría imponerse, sino también en relación con los aspectos referidos a la autoridad competente para conocer su proceso y términos en los cuales deben agotarse las etapas procesales en la actuación que en su contra se siga.

(ii) El principio de lealtad dispuesto en el canon 12 del estatuto procedimental penal. Este principio determina que todos los que intervienen en la actuación, sin excepción, están en la obligación de actuar con absoluta lealtad y buena fe, es decir con seriedad y responsabilidad en los planteamientos que realicen ante las autoridades judiciales para que con sujeción a estos se resuelva el asunto conforme lo determina el ordenamiento jurídico.

En ese sentido cada una de las partes debe asumir las cargas procesales que le competen entregando información suficiente y veraz que garantice el correcto desarrollo de la actuación.

Particularmente en casos como el presente, dar cuenta de la pertenencia de un procesado a una de las organizaciones en comento (GAO o GDO) desde los albores de la actuación, impide que se dilate de manera injustificada el procedimiento por omitirse precisar dicha categorización o que se traslade el análisis de ese elemento a instancias accesorias al proceso penal para pretender una decisión que desde el punto objetivo no tenía vocación de prosperidad. 

Lo cual coadyuva a que se evite sorprender a la contraparte en una audiencia que no está instituida para debatir o dar a conocer la integración del implicado a una de las organizaciones criminales destacadas en el marco de la Ley 1908 de 2018, lo cual a su vez ubica a las partes e intervinientes en un plano de igualdad procesal que les permita ejercer sus roles de manera adecuada.

(iii) Derecho al debido proceso. En tanto coincidente con el principio de legalidad, la alusión del supuesto normativo que faculta la aplicación de la Ley 1908 de 2018, permite identificar el juez natural de las diversas postulaciones que se pretendan y los tiempos que deben cumplirse, en especial, frente a la liberación por vencimiento de términos y la sustitución de medica cautelar por una menos restrictiva.

(iv) Derecho de defensa, «entendido como la oportunidad reconocida a toda persona, en el ámbito de cualquier proceso o actuación judicial o administrativa, de ser oída, de hacer valer las propias razones y argumentos, de controvertir, contradecir y objetar las pruebas en contra y de solicitar la práctica y evaluación de las que se estiman favorables, así como de ejercitar los recursos que la ley otorga.»[1]

Pues, dar a conocer las circunstancias particulares por la que se procede, permite la defensa efectiva de los intereses del procesado ejerciendo control a la posible arbitrariedad de los agentes estatales.

De esa manera se facilita una oposición material y técnica de cara al objetivo de la diligencia que se plantee ante la judicatura y no que aquél se dilate ante la necesidad de escudriñar aspectos que previamente no fueron revelados.

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Así las cosas, en síntesis:

(i) Las medidas para el fortalecimiento de la investigación y judicialización de organizaciones criminales establecidas en la Ley 1908 de 2018, tiene ámbito de aplicación definido por el legislador de cara al cual se tendrá que considerar los alcances de las definiciones que la misma normatividad trae frente a los Grupos Armados Organizados (GAO) y Grupos Delictivos Organizados (GDO).

(ii) Esas medidas tienen un fin enfocado en la política criminal del Estado, esto es, en la necesidad de atacar estructuras criminales, lo cual supuso una mayor afectación de garantías fundamentales de los procesados, si en cuenta se tiene que se extendieron plazos para el desarrollo de actividades investigativas o, impuso una extensión superior del tiempo de la detención preventiva.

(iii) En ese orden de ideas, si la Fiscalía pretende hacer uso de esas herramientas es su deber precisar, bien en la imputación, ora en la acusación que el procesado pertenece a una de estas organizaciones -GAO y GDO-, de manera que ello quede claro al definirle los cargos por los cuales se le vincula a la actuación penal, o al momento de convocarlo a juicio.

Luego, solo en caso de procederse de tal manera, podrá considerarse esa categorización para definir postulaciones en las que se pretende la aplicación de la normatividad especial.

Corte Suprema de Justicia. STP6904-2023, radicado 131450. M. P. Gerson Chaverra Castro.

También puede leer: Elementos del concierto para delinquir.

Acceda a la providencia completa presionando aquí.

[1] CC C-025-09




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