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La individualización e identificación del acusado. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La individualización e identificación del acusado.

La individualización e identificación del acusado le corresponde a la Fiscalía desde el inicio de la actuación penal establecerlo con precisión, en la medida que constituye presupuesto relevante para la formulación de imputación y posterior acusación.

En efecto, previo a esos actos el órgano persecutor tiene por deber cumplir el mandato establecido en el artículo 128 del Código de Procedimiento Penal, según el cual, “[la Fiscalía] estará obligada a verificar la correcta identificación o individualización del imputado, a fin de prevenir errores judiciales”; deber que aplica, incluso, cuando la persona capturada no exhibe o carece de documento de identidad, caso en el cual, precisa la norma, a través de la policía judicial se le tomará el registro decadactilar con el fin de verificar su identidad con la documentación que de ella repose en la Registraduría Nacional del Estado Civil o sus delegadas, y si de esa actuación surge que no figura en los archivos de la entidad, se le registrará de manera excepcional con base en  la muestra decadactilar obtenida y el  nombre con el que se identifique la persona.

Por regla general, en el proceso penal el carácter de parte como imputado se adquiere desde la vinculación del indiciado a la actuación mediante formulación de imputación [también a través de la captura si se produce primero, art. 126 C.P.P.], la cual, según viene de verse, debe tener un destinatario específico, esto es, la persona previa y debidamente identificada o individualizada, de quien, los elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información legalmente obtenida, razonablemente hagan inferir que es autor o partícipe del delito que se investiga (art. 287 Ib.), y en el presente caso, la actuación se dirigió, entre otros, contra Y. Y. P. S. (a. Pollo), identificado con cédula de ciudadanía, a quien se le legalizó la captura y formuló imputación el 29 de abril de 2016, en el Juzgado 17 Penal Municipal de control de garantías de Bogotá.

Sobre el punto, la jurisprudencia de la Corte tiene dicho que la individualización e identificación es necesaria desde el inicio del proceso penal; no es un asunto objeto de prueba en el juicio, como sí lo es la responsabilidad del procesado, la cual debe establecerse a través de las pruebas practicadas en la vista pública con inmediación del juez de conocimiento.

“[L]a identificación, además de corresponder a un aspecto básico de la instrucción, en tanto presupuesto de decisiones y actos relevantes en el trámite, es una labor que le corresponde a la Fiscalía General de la Nación y los funcionarios de Policía Judicial, en la forma como lo ratifica el artículo 207 del Código de Procedimiento Penal, al establecer en el Inciso Tercero que en desarrollo del programa metodológico de la investigación, “el fiscal ordenará la realización de todas las actividades que no impliquen restricción a los derechos fundamentales y que sean conducentes al esclarecimiento de los hechos, al descubrimiento de los elementos materiales probatorios y evidencia física, a la individualización de los autores y partícipes del delito, a la evaluación y cuantificación de los daños causados y a la asistencia y protección de las víctimas.”

De manera que, la Fiscalía y sus organismos de investigación, facultativamente determinan los mecanismos de identificación necesarios para concretar ese aspecto de la investigación, a partir del cual serán viables otros de significativa trascendencia enunciados con antelación.

(…)

Satisfecho ese aspecto de la instrucción, es decir, individualizada la persona indiciada o verificada su identidad, la actuación se dirige fundamentalmente a establecer la responsabilidad de quien hubiere sido vinculado como autor o partícipe de la infracción, tópico que se debate en el trámite del juicio oral, durante el cual la defensa, en su labor de confrontar la teoría del caso de la Fiscalía, tiene todas las posibilidades de desvirtuar la intervención del acusado en el delito.”

Corte Suprema de Justicia. SP382-2023, radicado 54937. M. P. Jorge Hernán Díaz Soto.


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