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Improcedencia de la sentencia proferida en otro escenario judicial en el proceso penal. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Improcedencia de la sentencia proferida en otro escenario judicial en el proceso penal.

La Corte ha decantado que las decisiones judiciales no constituyen tema de prueba, por tanto, no pueden postularse como medio probatorio, «en la medida que su invocación pretende imponer valoraciones realizadas por otros jueces sobre los mismos hechos», carecen de idoneidad para ser consideradas como medios de conocimiento en el proceso penal, pues de aceptarse como tal «violentan la autonomía e independencia de los administradores jurisdiccionales» (CSJ AP, 5 dic. 2016, rad. 48178 y CSJ SP267-2020, 5 feb., rad. 55955).

A diferencia de la sentencia judicial, los elementos de conocimiento que le dieron soporte a la decisión sí ofrecen interés probatorio en el proceso penal; sin embargo, para ser admitidos debe respetarse las reglas del debido proceso, las cuales corren desde el correcto, oportuno y completo descubrimiento hasta el debate relacionado con la pertinencia, conducencia y utilidad de la prueba; actividad que ha de llevarse a cabo en sede de la audiencia preparatoria, escenario procesal dispuesto para discutir y resolver esos asuntos; así permitir que en el juicio oral las partes y el juez se centren en resolver el caso.

En este sentido, la utilización de documentos o cualquier elemento material de prueba que obre en otro proceso requiere el cumplimiento del trámite de descubrimiento probatorio, la explicación de pertinencia y el debate y aducción en el juicio oral. Así, la Corte lo ha repetido:

«En cuanto a las pruebas practicadas en otros trámites, debe considerarse que en el sistema reglado en la Ley 906 de 2004 no opera la figura de la prueba trasladada. Así, si una parte considera pertinentes los medios de prueba usados en otra actuación, debe agotar los trámites atinentes al debido proceso probatorio. A manera de ejemplo…, si [se] pretende aducir como prueba un documento o una evidencia física utilizado con el mismo fin en un proceso diferente, debe cumplir con el deber de autenticarlos. Lo anterior sin perjuicio de la obligación de cumplir todos los requisitos generales para la admisión de la prueba: descubrimiento, solicitud de decreto a partir de la explicación clara y concisa de la pertinencia, etcétera» (CSJ AP5785-2015, 30 sep. 2015, rad. 46153).

De acuerdo con lo expuesto, no es posible la incorporación de pruebas que obran en otros procesos judiciales por vía de la prueba trasladada, dado que esa forma de proceder termina por desconocer la materialización de los derechos a la contradicción, confrontación e inmediación previstos en el artículo 16 de la Ley 906 de 2004.

Por regla general, la Corte ha dicho que la forma como otros funcionarios resuelvan los asuntos sometidos a su competencia, atinentes a los mismos hechos discutidos en el proceso penal, no constituye tema de prueba en este escenario, porque el juez debe resolver con independencia y autonomía sobre la procedencia de la sanción, sin ser interferido por la atención de pruebas practicadas en otro proceso y con distinta finalidad, como ocurre con las pruebas practicadas en el proceso sancionatorio disciplinario (CSJ SP3864-2017, 15 mar., rad. 46788 y CSJ AP4281-2019, 2 oct., rad. 55798). Corte Suprema de Justicia. AP929-2023(63103). M. P. Hugo Quintero Bernate.

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