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El principio de autonomía e independencia de los jueces no ampara las irresponsabilidades judiciales, arbitrarias o caprichosas. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

El principio de autonomía e independencia de los jueces no ampara las irresponsabilidades judiciales, arbitrarias o caprichosas.

La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, resolvió el grado jurisdiccional de consulta de la sentencia proferida por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de La Guajira, mediante la que se sancionó disciplinariamente al entonces juez, por apartarse sin explicación del precedente judicial de la Corte Constitucional, para ordenar a las secretarías de tránsito demandadas suprimir unas fotomultas.

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En este punto, vale la pena reiterar que, si bien las decisiones judiciales se encuentran amparadas por el principio de autonomía e independencia judicial, este no es absoluto, toda vez que no toda decisión judicial puede considerarse ajustada a derecho por el simple hecho de provenir de un operador judicial. Es importante resaltar, que el control disciplinario se predica de manera excepcional cuando existe una clara desviación en el ejercicio de la función pública jurisdiccional, y como consecuencia, se genere el incumpliendo de deberes consagrados constitucional y legalmente.

La Corte Constitucional en la sentencia T-1263 de 2008, señaló:

“(…) un juez competente para resolver una controversia sometida a su decisión es libre y autónomo para aplicar la Constitución y la ley, pero bajo ningún punto lo será para apartarse de ellas ni para aplicar reglas que no se deriven de las mismas. De hecho, no hay más riesgo de socavar un Estado Social de Derecho que un juez arbitrario, por lo que también deberá existir un instrumento judicial idóneo para combatir la arbitrariedad, imponer la aplicación de la Constitución y restablecer los derechos afectados (…)44. (Subrayado fuera de texto).

De otra parte, la Corte Constitucional en la sentencia T-302 de 2006, precisó:

“(…) la Corte ha precisado que la autonomía e independencia propias del ejercicio de la actividad judicial, como manifestación de la facultad que tiene el operador jurídico para interpretar las normas legales, no es absoluta. Por el contrario, encuentra límites en el orden jurídico y en la propia institucionalidad, de lo que se sigue que el ejercicio de la función de administrar justicia debe realizarse con sujeción a los principios consagrados en la Constitución Política, de tal suerte que se garantice a los asociados la convivencia, el trabajo, la igualdad, la libertad, la justicia y la paz, y se coadyuve en la consecución del propósito Superior de asegurar un orden político, económico y social justo (…)”. (Subrayado fuera de texto).

De manera que, la autonomía funcional no ampara ese derecho de independencia que derive en irresponsabilidades judiciales, arbitrarias o caprichosas que puedan conllevar la vulneración de principios rectores de la administración de justicia. Por lo tanto, los funcionarios judiciales no están excluidos de ser sujetos pasivos de la acción disciplinaria cuando sus decisiones atentan contra deberes constitucionales y legales, como ocurrió en el presente caso.

Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Radicado 201700404. M. P. Juan Carlos Granados Becerra.




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