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La defensa técnica se debe garantizar durante todo el proceso penal, incluida la fase de ejecución de la pena y la medida de seguridad. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La defensa técnica se debe garantizar durante todo el proceso penal, incluida la fase de ejecución de la pena y la medida de seguridad.

Ha reiterado también la jurisprudencia constitucional que, la ausencia de la defensa técnica, en sus distintas esferas, tiene como implicación la vulneración del derecho al debido proceso (CC T-018-2017), en los siguientes casos:

La jurisprudencia constitucional ha esbozado unos criterios a fin de determinar en qué casos se podría constituir la vulneración de los derechos fundamentales, por falta de defensa técnica, especialmente en materia penal:

“(i) que efectivamente existieron fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, pueden ser amparadas bajo el amplio margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada;

(ii) que las mencionadas deficiencias no le son imputables al procesado;

(iii) que la falta de defensa material o técnica tuvo o puede tener un efecto definitivo y evidente sobre la decisión judicial de manera tal que pueda afirmarse que esta incurre en uno de los cuatro defectos anotados - sustantivo, fáctico, orgánico o procedimental-;

(iv) que, como consecuencia de todo lo anterior, aparezca una vulneración palmaria de los derechos fundamentales del procesado. En otras palabras, si las deficiencias en la defensa del implicado no tienen un efecto definitivo y notorio sobre la decisión judicial o si no apareja una afectación ulterior de sus restantes derechos fundamentales, no podría proceder la acción de tutela contra las decisiones judiciales del caso”».

Órbita del derecho fundamental a la defensa que, sin dudarlo, se configura cuando no se cuenta con un abogado de confianza o de oficio, y que, no escapa, de manera alguna, como lo aduce el juez de ejecución de penas, a la fase de la ejecución de la sentencia.

Ello, en virtud de lo establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, que indica que «Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento»; así como en el artículo 8-e de la Ley 906 de 2004, de acuerdo con el cual, el derecho a la defensa involucra también el «Ser oído, asistido y representado por un abogado de confianza o nombrado por el Estado», derecho que se encuentra desarrollado en el capítulo II del título IV de esa obra, en punto de la designación (art. 118), oportunidad (art. 119), reconocimiento (art. 120), dirección, incompatibilidad y sustitución (arts. 121 a 123) así como los derechos, facultades y deberes o atribuciones especiales (arts. 124 y 125 ídem).

Y de igual manera, de conformidad con el artículo 8° de la Ley 600 de 2000, se dispone que «En toda actuación se garantizará el derecho de defensa, la que deberá ser integral, ininterrumpida, técnica y material.»

En ese sentido, la estudiada prerrogativa superior, se encuentra arraigada a lo largo de todo el proceso penal, lo que implica que su efectividad debe garantizarse por las autoridades (Art. 2 Superior ), como un fin esencial del Estado, a partir de la génesis del mismo y hasta que este culmine, aun cuando, conciba el juez impugnante, erróneamente, que no está dentro de sus obligaciones en el art. 38 de la Ley 906 de 2004, la de solicitar a la Defensoría Pública designar un abogado a los privados de la libertad de quienes ejecuta sentencia.

Derecho que, dado lo explicado con anterioridad, no podía verse simplemente reemplazado o suplido con la participación del Ministerio Público, dado que este cumple una misión distinta en el proceso penal, a la que le es encargada al defensor técnico, sea convencional o público.

Así, véase que la fase de ejecución de la pena contempla la posibilidad de que intervenga, directamente el sentenciado, así como que lo haga el abogado que lo represente en el trámite, todo ello en garantía de los derechos del sentenciado.

Corte Suprema de Justicia. 




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