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No se desconoce el principio de igualdad de armas cuando la Fiscalía es reconocida en el proceso penal como víctima. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

No se desconoce el principio de igualdad de armas cuando la Fiscalía es reconocida en el proceso penal como víctima.

La Sala ha reconocido que la Fiscalía General de la Nación, como persona jurídica de derecho público, puede ser víctima o sujeto pasivo de conductas punibles y, en consecuencia, que está facultada para acudir al proceso penal en la citada condición con el fin de satisfacer sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación, en los términos señalados en el artículo 137 de la Ley 906 de 2004.

En procesos en los que la Fiscalía actúa en condición de ente investigador y acusador, el ejercicio del derecho a intervenir como víctima determina que en ella confluyan dos condiciones:

i) La de parte, como titular del ejercicio de la acción penal (artículo 250 C.N.), ejercida por sus delegados; y

ii) Como interviniente, en condición de víctima, ejercida por un apoderado de la entidad.

Este doble reconocimiento no desestructura el proceso, ni rompe el principio de igualdad de armas, ni permite la introducción al proceso de un «acusador adicional», puesto que cada uno cumple sus funciones desde posiciones procesales de naturaleza distinta.

Puntualmente, esta Sala ha establecido que:

“[N]o [se] desestructura los aspectos fundantes del sistema penal de tendencia acusatoria, tampoco vulnera el principio de igualdad de armas, o desconoce el principio de objetividad, al revés, lo desarrolla; pues si bien concurre en la Fiscalía General de la Nación esa doble condición, ello no implica que la Entidad no pueda ser representada o que carezca de derechos de participación, más aún cuando la intervención de la víctima en el proceso penal se encuentra orientada a la reivindicación y disfrute real de sus derechos” (CSJ AP2646-2021, Rad.: 59442).

Luego, nada se opone a que la Fiscalía acuda al proceso penal como víctima en actuaciones que se siguen en contra de sus funcionarios por la comisión de delitos cometidos en ejercicio de sus competencias, que le han causado daño, labor que corresponde adelantarla a la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la Nación, de conformidad con el artículo 11.1 del Decreto 016 de 2014 modificado por el Decreto 898 de 2017.

Corte Suprema de Justicia.

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