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No es obligación del fiscal ni del procesado acreditar la ausencia de dolo o exigirle la demostración de un hecho negativo. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

No es obligación del fiscal ni del procesado acreditar la ausencia de dolo o exigirle la demostración de un hecho negativo.

El fiscal delegado solicitó al Tribunal Superior de Montería decretar la preclusión de la actuación penal por la causal de atipicidad del hecho investigado. En el auto que se resolvió esta petición, la mentada Corporación la negó, sosteniendo que el ente acusador no demostró la supuesta inexistencia del elemento subjetivo. La decisión fue recurrida, por lo que le correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia pronunciarse:

El Tribunal a quo, por su parte, reconoció que, en efecto, a la fecha no hay prueba del dolo del indiciado, pero estableció, en términos generales, que, si hay tipicidad objetiva, entonces el acto “pudo ser realizado con dolo o no”, por lo que ello “debe ser determinado de forma contundente más allá de la duda, teniendo ese esa carga de acreditación, el ente acusador que fue quien solicitó la preclusión por atipicidad de la conducta”.

Dicho fundamento, si bien es cierto desde el punto de vista legal, en tanto, como se ha dicho -y se reiteró al analizar la posible atipicidad objetiva-, para decretar la preclusión sí se necesita certeza, le impone una carga imposible de cumplir al fiscal, pues le está exigiendo que pruebe que el dolo no existió.

Ello es contrario a la presunción de inocencia que le asiste a quien es sometido a la incriminación penal, pues al ente estatal le competente la carga de probar que una persona es responsable de un delito o que participó en la comisión del mismo, lo que se conoce como onus probandi incumbit actori y que conlleva a que la actividad probatoria que tiene a su cargo el organismo investigador se encamine a derruir dicha presunción mediante el acopiamiento de pruebas que respeten las exigencias legales para su producción e incorporación (CSJ SP282, 18 ene. 2017, Rad.: 40120; y CSJ SP106, 29 ene. 2020, Rad.: 56574, entre otras).

Bajo esa lógica, no es obligación de la fiscalía -ni del procesado, aunque este no sea el caso- desplegar actividades encaminadas a acreditar la ausencia de dolo, esto es, en últimas, de su inocencia, pues ello conduciría a exigirle la demostración de un hecho negativo.

Ello significa que, a la luz del principio del in dubio pro reo, si no se logra desvirtuar la presunción de inocencia, hay que absolver al implicado, pues toda duda debe resolverse a su favor.

Corte Suprema de Justicia.



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