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La intervención de la víctima en los preacuerdos. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La intervención de la víctima en los preacuerdos.

El artículo 348 del Código de Procedimiento Penal establece la posibilidad de que la Fiscalía y el imputado o procesado, realicen acuerdos que conduzcan a la terminación del proceso, con el fin de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y cumplida justicia, activar la solución de los conflictos sociales generados con el delito, propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso; propósitos todos que demandan del ente acusador, “observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las pautas trazadas como  política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su  cuestionamiento

A su vez, el canon 349 ejusdem, consagra que “En los delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del mismo, no se podrá celebrara el acuerdo con la Fiscalía, hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente”.

Ahora bien, el canon 350 de la precitada norma procesal le otorga a la Fiscalía la potestad de llegar a un preacuerdo con el imputado, a través de su defensor, sobre los términos de la imputación, después de su formulación. En consecuencia, el imputado se declarará culpable del delito atribuido, y a cambio, el fiscal podrá eliminar alguna circunstancia de agravación punitiva o cargo específico o en el alegato conclusivo, tipificar la conducta de una forma específica, con miras a disminuir la pena.

La Corte Constitucional (Sentencia de Constitucionalidad C-228-02 M.P. Dr. Manuel José Cepeda Espinosa – Dr. Eduardo Montealegre Lynett.) respecto del reconocimiento de las víctimas en el proceso penal indicó:

“Y, finalmente, el tercer precedente se encuentra en la sentencia SU-1184 de 2001,[77] donde la Corte estudió una demanda de tutela interpuesta por la parte civil contra la decisión la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura que dejó en manos de la justicia penal militar el juzgamiento de un general por los hechos ocurridos en Mapiripán.

Señaló la Corte lo siguiente:

“(...) las víctimas de los hechos punibles tienen no sólo un interés patrimonial, sino que comprende el derecho a que se reconozcan el derecho a saber la verdad y a que se haga justicia. El derecho a saber la verdad implica el derecho a que se determine la naturaleza, condiciones y modo en que ocurrieron los hechos y a que se determine los  responsables de tales conductas. El derecho a que se haga justicia o derecho a la justicia implica la obligación del Estado a investigar lo sucedido, perseguir a los autores y, de hallarlos responsables, condenarles. De ahí que ostenten la calidad de sujetos procesales.”

Así mismo, en sentencia C-516 de 2007 expuso: “Celebrado el acuerdo la víctima debe ser informada del mismo a fin de que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su aprobación el juez velará por que el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima. (Art. 351, inciso 4°).

Así mismo, preservada la intervención de la víctima en los términos de esta sentencia, aún retiene la potestad de aceptar las reparaciones efectivas que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, o rehusarlas y acudir a otras vías judiciales (Art.351. inciso 6°); así mismo conserva la potestad de impugnar la sentencia proferida de manera anticipada (Arts. 20 y 176), y promover, en su oportunidad, el incidente de reparación integral (Art. 102).

En igual sentido, la Corte Suprema de Justicia sobre el tópico refirió (Corte Suprema de Justicia Sentencia SP189-2023, Magistrado Ponente Gerson Chaverra Castro, mayo 10 de 2023. Radicación Nº 54084):

“Finalmente, el apoderado de víctimas ha sostenido que como consecuencia de aceptarse el preacuerdo y emitirse la sentencia con base en el mismo, también se habrían socavado sus derechos a la verdad, la justicia y la reparación. Solamente debe acotarse sobre este particular que con el hecho de producirse una declaración de responsabilidad está en claro que no ha habido impunidad en este caso y sin que a este respecto tampoco tenga eco la inconformidad con la sanción impuesta, visto que la pena pre acordada de 90 meses de prisión supera sin duda el mínimo de 66 meses como baremo legal.

Tampoco es dable sostener quebrantado el derecho a la verdad de las víctimas, como conocimiento de aquellas circunstancias que confluyeron en la realización de la conducta punible, pues precisamente se han reconstruido a través de la actuación judicial en forma completa las mismas, identificándose plenamente a su ejecutor.

Por último, en relación con la reparación a que igualmente alude, se trata de una pretensión que deberá materializarse en desarrollo del incidente respectivo, que habilita a la victimas a perseguir los bienes del procesado, acorde con las normas de procedimiento penal una vez cobre firmeza el fallo.

Lo anterior en la medida en que de acuerdo con el inciso final del canon 351 del Código de Procedimiento Penal y la Sentencia de la Corte Constitucional C-516 de 2007, si bien es cierto la víctima debe ser enterada de la celebración de un preacuerdo, podrá aceptar los arreglos sobre reparación integral, pero si no está conforme con lo acordado podrá acudir a las vías legales para ello, lo que dentro del proceso penal se concreta en el incidente de reparación integral o a través de las vías civiles habilitadas para establecer la responsabilidad civil derivada del delito, situación de la que fue enterada la representante de la víctima.

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá Sala Penal. Radicado 110016000019 20230348801. M. P. Xenia Rocío Trujillo Hernández.




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