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La presencia de la Fiscalía General de la Nación en algunos procesos como víctima no viola el principio de igualdad de armas. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La presencia de la Fiscalía General de la Nación en algunos procesos como víctima no viola el principio de igualdad de armas.

En esta oportunidad, le correspondió a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la acusada contra el auto interlocutorio proferido por la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Riohacha, mediante el cual se negó la petición realizada por la impugnante y que tenía por propósito negar el reconocimiento de la apoderada de víctimas de la Fiscalía General de la Nación.

Las funciones constitucionales y legales de la Fiscalía General de la Nación tienen dos grandes segmentos de participación en desarrollo de sus responsabilidades: en orden a la administración de justicia (art.249 C. Política), le compete garantizar su acceso a través de la investigación de las conductas punibles y el ejercicio de la acción penal, pero a la vez, al Fiscal General y a través de sus delegados, ostenta la representación de tal entidad en calidad de parte –ius postulandi- y en orden a la defensa de sus intereses como entidad del Estado en los distintos procesos judiciales de orden civil, administrativo, laboral, o penal (arts. 53 y 73 Ley 1564 de 2012).

De ahí que bien puede sostenerse que a la Fiscalía corresponden funciones estrictamente jurisdiccionales y no jurisdiccionales.

No pueden confundirse unas y otras para asumir que cuando en el trámite penal la Fiscalía General de la Nación otorga poder con miras a ser representada en calidad de afectada con la conducta punible, el objetivo que le es inherente como ente acusador se fusione con aquella pretensión que eventualmente tendría como víctima, ni que, por lo tanto, exista una duplicidad en el ejercicio de sus funciones o en desarrollo de la expresión que las mismas tienen dentro del proceso penal, visto que la fuente de que emana una y otra son esencialmente distintas.

Tampoco deviene de este hecho, la existencia de desequilibrio alguno entre la Fiscalía como entidad responsable de la acción penal y la defensa, cuando quiera que media la presencia de una representación de víctimas que, en ese estricto papel interviene, toda vez la misma no afecta la independencia y autonomía judicial y como ya se ha observado tampoco pueden confundirse cada uno de estos roles ni asumir que de ello se deriva la coexistencia de intereses idénticos en ambos sujetos o que se trata de una dualidad funcional, pues desde el propio orden procesal son participantes disímiles, al margen de que, en determinadas circunstancias, coincidan en la finalidad o los resultados del proceso, eventualidad que sucede de análoga manera no exclusivamente en relación con esta clase de intervención en representación de la Fiscalía General de la Nación, sino en general de todos aquellos casos en que media la presencia de un apoderado de víctimas. Corte Suprema de Justicia. AP1252-2023(63047). M. P. Gerson Chaverra Castro.




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