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La presunción de autenticidad de un documento público en el proceso penal opera, aunque este se haya aportado en copia simple o autenticada. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La presunción de autenticidad de un documento público en el proceso penal opera, aunque este se haya aportado en copia simple o autenticada.

El acusado, en ejercicio del derecho a la defensa material, promovió el recurso de apelación contra la solicitud de la Fiscalía para decretar como prueba la sentencia de tutela proferida por el impugnante. La exclusión probatoria fue solicitada atendiendo a que la autenticidad de dicho documento no está demostrada en tanto la fiscalía no aportó el documento en original sino en copia autenticada de forma irregular.

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, al resolver el susodicho recurso, realizó algunas consideraciones sobre la presunción de autenticidad de un documento público.

De conformidad con el artículo 425 del Código de Procedimiento Penal, un documento se presume auténtico «cuando se tiene conocimiento cierto sobre la persona que lo ha elaborado, manuscrito, mecanografiado, impreso, firmado o producido por algún otro procedimiento». También gozan de esa presunción los documentos públicos, como es el caso de las sentencias, respecto de las cuales se asume, en principio, que han sido expedidas por un juez o tribunal competente, siguiendo las normas y procedimientos establecidos por la ley.

Para efectos probatorios, la presunción de autenticidad de los documentos públicos goza de tal relevancia, que incluso se permite su introducción al juicio sin necesidad de que se haga por medio de un testigo de acreditación. Así lo ha venido sosteniendo la Sala a través de los múltiples pronunciamientos jurisprudenciales en los que ha abordado el estudio de este tema en particular. Por ejemplo, en la sentencia SP3601-2021 se dijo:

«En ese sentido, la línea jurisprudencial de la Sala indica que el testigo de acreditación sólo se torna indispensable para introducir al juicio oral los documentos sobre los cuales no recae la presunción de autenticidad. Por tanto, los que poseen esa condición pueden ser ingresados directamente por la parte interesada, criterio invariable desde CSJ SP7732-2017, 1 jun. 2017, rad. 46278».

Ahora bien, la presunción de autenticidad sobre un documento público que pretende ser incorporado como prueba dentro de un proceso penal opera independientemente de que este haya sido aportado en copia simple o autenticada. Su introducción al juicio solo encuentra como limitación que la parte contra la cual se aduce alegue y pruebe que no es un documento auténtico, circunstancia que correspondería abordarla en ese momento procesal y que de ninguna manera está comprendida dentro de los motivos que configuran la ilegalidad o ilicitud del medio de prueba. Al respecto, la Corte ha precisado que, al momento de pedir la exclusión de una prueba, el sujeto procesal que así lo pretende debe identificar:

«(i) las pruebas sobre las que recae el debate, tanto las que tienen relación directa con la violación de los derechos o garantías, como las derivadas de las mismas;

(ii) el derecho o garantía que se reputa violada;

(iii) la violación denunciada, verbigracia, si se transgredió la reserva judicial, la reserva legal o el principio de proporcionalidad;

(iv) el nexo de causalidad entre la violación del derecho o garantía y la evidencia, lo que se deriva de lo dispuesto en los artículos 29 de la Constitución Política y el 23 de la Ley 906 de 2004, en el sentido que la exclusión opera si la prueba fue obtenida con violación de las garantías fundamentales».[1]

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Con esto se busca que la circunstancia que sustenta la solicitud de exclusión de la prueba por motivos de ilegalidad o ilicitud esté debidamente acreditada. De lo contrario, no habrá lugar a imponer la «máxima sanción invalidante» a la prueba, como se ha definido jurisprudencialmente este tipo de decisiones.[2] Corte Suprema de Justicia. AP319-2023(61390). M. P. Luis Antonio Hernández Barbosa.

Consulte la providencia completa presionando aquí.

[1] CSJ AP, 7 mar. 2018, rad. 51882 y AP, 11 abr. 2018, rad. 52.320.

[2] Cfr. CSJ AP2901-2019, rad. 55136.




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