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La prueba de interés común en el proceso penal. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

La prueba de interés común en el proceso penal.

El sistema procesal penal de la Ley 906 de 2004 no prevé expresamente que las partes, fiscalía y defensa, soliciten la misma prueba. Pero tampoco lo prohíbe, por el contrario, se entiende que dicha actividad ocurre en el marco de los principios de libertad probatoria y de contradicción que inspiran el sistema acusatorio (arts. 373 y 378 ejusdem).

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Cuando la fiscalía solicita en la audiencia preparatoria el decreto de determinada prueba y, a su vez, la defensa demanda también su práctica, por las mismas razones o por razones distintas, se presenta lo que se conoce por la doctrina y la jurisprudencia como prueba de interés común.

La Sala admitió en su momento que la defensa podía acudir a la práctica de un testimonio cuyo interés fuera común respecto del solicitado y decretado a la fiscalía, pero que debía «agotar una argumentación completa y suficiente» que le permitiera al juez determinar por qué el contrainterrogatorio no sería idóneo ni suficiente para satisfacer sus pretensiones probatorias en el marco de su particular teoría del caso.

A partir de esta lógica, explicó que, cuando se estaba frente a este tipo de pruebas, la defensa debía ofrecer argumentos de justificación de pertinencia, conducencia y utilidad «distintos a los que propone el acusador», puesto que, de lo contrario, debía atenerse al contrainterrogatorio, con el riesgo de que, si la parte a la cual le es autorizada la prueba, renuncia a ella, deja a la contraparte sin posibilidad de controversia (Cfr. SP6361-2014, rad. 42864, ratificada en la AP2814-2017, rad. 49307).

Hoy día, el enfoque es distinto, pues para evitar que estas situaciones se presenten, solo se exige para su procedencia que las partes interesadas en una misma prueba asuman las «cargas argumentativas» que les corresponden, principalmente de pertinencia, «a la luz de su particular teoría del caso».

Esto, en el entendido de que, suplida dicha carga, el examen directo de la prueba testimonial, mediante el interrogatorio, está «más que justificado», «dado que la fiscalía interrogará sobre supuestos de responsabilidad y la defensa acerca de la inocencia» (Cfr. AP896-2015, rad. 45011, ratificado en la AP948-2018, rad. 51882, y en AP2913-2021, rad. 56889, entre otras)

Es importante precisar también que la Corte ha admitido la existencia de interés común no solo frente a la prueba testimonial, sino también frente a la documental, por considerar que, en un mismo documento, puede existir información de cargo y de descargo que, por supuesto, cada parte querrá hacer valer legítimamente en el proceso (Cfr. AP5342-2021, rad. 60015).

Corte Suprema de Justicia. AP387-2023, radicado 62237. M. P. Fabio Ospitia Garzón.


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