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Las facultades correccionales y las órdenes del juez. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Las facultades correccionales y las órdenes del juez.

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se pronunció, sobre el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la acusada contra la sentencia condenatoria de primera instancia por el delito de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto. Los hechos, se contraen, a que la mencionada, quien fungía como juez, ordenó que el abogado defensor fuera conducido al hospital con el acompañamiento de la fuerza pública para que le practicaran una prueba de embriaguez.

Los artículos 58 y 59 de la Ley 270 de 1996 o Ley Estatutaria de la Administración de justicia contemplan las medidas correccionales de los funcionarios judiciales y el procedimiento para ejecutarlas.

Frente a los poderes correccionales del juez, la Corte Constitucional ha establecido que:

 “(…) la finalidad de dichas facultades consiste en hacer prevalecer y preservar la dignidad de la justicia y dentro de ella, garantizar el normal desenvolvimiento y la celeridad de las actuaciones judiciales. Ello, cuando en el proceso las partes e intervinientes tengan alguno de los comportamientos descritos en tales preceptos, pero al mismo tiempo cuando sea visible que con su conducta, buscan claramente entorpecer o dilatar el normal desenvolvimiento del proceso.”[1]

Específicamente, en materia penal, el artículo 143 de la Ley 906 de 2004 enuncia los poderes y medidas correccionales del juez, así como el trámite para imponerlas. Adicionalmente, esta Sala ha señalado lo siguiente frente a estas facultades:

“Entiéndase por poder correccional, el conjunto de facultades que autorizan al juez como conductor o director de un proceso para mantener el adecuado orden y la buena marcha del mismo, en su desarrollo general o en específicas actuaciones como las audiencias. En ejercicio de esas facultades, los jueces pueden imponer sanciones a los sujetos procesales o intervinientes o a meros concurrentes a las audiencias.[2]

Asimismo, se ha establecido que el funcionario judicial en materia penal y en el marco del sistema acusatorio mantiene sus facultades correccionales frente a aquellos eventos en los cuales la falta no ocurre en el desarrollo de una audiencia. Puesto que la misma norma hace referencia a “cualquier diligencia durante la actuación procesal” y algunas de las situaciones sancionables enlistadas en el artículo 143 del Código de Procedimiento Penal no suceden en el marco de las audiencias[3].

Junto con los poderes correccionales, los jueces tienen la facultad de dictar órdenes, con el fin de asegurar la buena marcha de las diligencias penales. En este sentido, el numeral 3 del artículo 161 de la Ley 906 de 2004 al enunciar las clases de providencias judiciales describe las órdenes de la siguiente manera:

Ordenes, si se limitan a disponer cualquier otro trámite de los que la ley establece para dar curso a la actuación o evitar el entorpecimiento de la misma. Serán verbales, de cumplimiento inmediato y de ellas se dejará un registro.

Al respecto, la Corte Constitucional ha señalado que el concepto de órdenes contenido en el Código de Procedimiento Penal es bastante amplio, pues abarca todas aquellas providencias del juez que no pueden ser calificadas como sentencias o como autos y que tienen por fin garantizar el desenvolvimiento de la actuación penal. Además, estos mandatos son verbales y de ellos se debe dejar un registro[4]. Corte Suprema de Justicia. SP106-2023(59403). M. P. Myriam Ávila Roldán.

Consulte la providencia completa presionando aquí.

[1] Corte Constitucional. Sentencia C-203 del 24 de marzo de 2011.

[2] Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Sentencia del 17 de octubre de 2012. Radicado 38358.

[3] Ibídem.

[4] Corte Constitucional. Sentencia C- 897 del 30 de agosto de 2005.




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