Las Relaciones Especiales de Sujeción del Recluso – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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Las Relaciones Especiales de Sujeción. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

Las Relaciones Especiales de Sujeción.

¿Cómo se Entienden las Relaciones Especiales de Sujeción?

El cometido principal de la presente entrada, es servir de guía interpretativa de cara al concepto de las llamadas relaciones especiales de sujeción. Así pues, se acudirá a varias providencias que ha emitido la Corte Constitucional como órgano de salvaguarda de la Constitución, con el fin de aplicar lo mencionado por este Tribunal a lo preceptuado en el nuevo código general disciplinario.

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Según lo establecido en la sentencia T 077-13, las relaciones especiales de sujeción: “Han sido entendidas como aquellas relaciones jurídico-administrativas en las cuales el administrado se inserta en la esfera de regulación de la administración, quedando sometido a un régimen jurídico peculiar que se traduce en un especial tratamiento de la libertad y de los derechos fundamentales”.

De igual forma, en dicha providencia se sostuvo que: “Bajo la figura de las relaciones especiales de sujeción esa idea de superioridad jerárquica (se refiere a la relación de la administración con el administrado) se amplía permitiéndole a la administración la limitación o suspensión de algunos de sus derechos”. Esta decisión se compagina con lo establecido en el artículo sexto de la Constitución, el cual establece que: “Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones”.

De conformidad con lo anterior, se podría deducir de la conjunción de la decisión examinada con el articulo mencionado, que uno de los elementos característicos de la relación especial de sujeción es limitar ciertos derechos, dicha limitación, deberá entenderse en el sentido de omitir lo mandado (lo supone una carga especial en relación con las relaciones de sujeción general de todo ciudadano), al igual que extralimitarse en las funciones que se ha encomendado al respectivo funcionario.

En la sentencia T-311-19, la Corte Constitucional realizó un análisis de la naturaleza de la relación especial de sujeción, en el contexto de las personas privadas de la libertad. En efecto, y según lo plasmado en dicha providencia se tiene que: “Las personas privadas de la libertad se encuentran en una situación particular frente al Estado, situación que ha sido denominada como “relación especial de sujeción”. Este concepto viene siendo utilizado por la Corte Constitucional para explicar las particularidades del vínculo entre internos y autoridades carcelarias, el cual se caracteriza por el sometimiento de una de las partes a un régimen donde el tratamiento de los derechos fundamentales es diferente respecto del de las demás personas” (negrillas fuera del original).

De la anterior providencia, se puede extraer otro elemento de la relación especial de sujeción como objeto de protección especial para el derecho disciplinario, ya que para pregonar la existencia de esta misma se necesita verificar la existencia de un vínculo especial entre la administración y el particular, este vínculo especial como elemento autónomo en relación a la limitación del ejercicio de ciertos derechos, se traduce entonces en el fundamento de la relación especial que tienen los servidores públicos con el Estado.

Ahora bien, dentro de la misma sentencia objeto de análisis (T-311-19), se hizo cito dentro del fundamento jurídico 3.1.2. a la sentencia T-596 de 1992, en lo que concierne a este escrito, se tiene entonces que en dicha providencia: “La Corte ha aplicado el concepto de “relación especial de sujeción” para establecer que, si bien existe un predominio en la relación jurídica de una parte sobre la otra en los contextos carcelarios, esto no impide el reconocimiento de derechos y deberes para ambas partes. En efecto, este fallo señaló frente al Estado el privado de la libertad se encuentra en una relación especial de sujeción, diseñada y comandada por el Estado, el cual se sitúa en una posición preponderante, que se manifiesta en el poder disciplinario y cuyos límites están determinados por el reconocimiento de los derechos del interno y por los correspondientes deberes estatales que se derivan de dicho reconocimiento. La población carcelaria tiene algunos de sus derechos suspendidos, como la libertad, por ejemplo, otros limitados, como el derecho a la comunicación o a la intimidad; pero goza de otros derechos de manera plena, como el derecho a la vida, a la integridad física y a la salud” (negrillas fuera del original).

El tercer elemento de la relación especial de sujeción, se tendría entonces que esta misma, de conformidad con la posición de predominio que ostenta el Estado frente al obligado, este mismo (el Estado), ostenta la facultad de ejercer un poder disciplinario, frente a la eventual transgresión de los deberes que se circunscriben al respectivo vinculo singular que tiene el obligado. Lo anterior, se puede aplicar mutatis mutandis, sin inconveniente alguno al modelo general que rige para todo funcionario público. En efecto y según lo preceptuado en varios artículos del código general disciplinario podemos aplicar lo mencionado hasta el momento a esta área del ius puniendi estatal. Así las cosas, de conformidad con lo reglamentado en el artículo segundo de la ley 1952 del 2019 (reformada por la ley 2094 del 2021) “El Estado es el titular de la potestad disciplinaria”.  (nótese la exclusividad entorno al poder disciplinario que caracteriza a las relaciones especiales de sujeción). Así mismo y haciendo uso de una interpretación sistemática del código general disciplinario, la naturaleza de esta categoría dogmática puede desprenderse materialmente de los siguientes artículos:

  • Artículo noveno: La conducta del disciplinable será ilícita cuando afecte sustancialmente el deber funcional sin justificación alguna. (consagración negativa de la relación especial de sujeción, solamente será disciplinable el comportamiento que afecte los deberes funcionales sin justificación alguna).
  • Artículo 23. GARANTÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. Con el fin de salvaguardar la moralidad pública, transparencia, objetividad, legalidad, honradez, lealtad, igualdad, imparcialidad, celeridad, publicidad, economía, neutralidad, eficacia y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo, cargo o función, el sujeto disciplinable ejercerá los derechos, cumplirá los deberes, respetará las prohibiciones y acatará el régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflictos de intereses, establecidos en la Constitución Política y en las leyes. (manifestación legal del precepto constitucional previamente comentado, así mismo se puede constatar la limitación en el ejercicio de derechos del obligado, ya que este mismo se encuentra sujeto en el ejercicio de sus labores a encaminar su actividad teniendo como eje rector los principios transcritos).
  • Artículo 26. LA FALTA DISCIPLINARIA. Constituye falta disciplinaria y, por lo tanto, da lugar a la imposición de la sanción disciplinaria correspondiente la incursión en cualquiera de las conductas previstas en este código que conlleven incumplimiento de deberes, extralimitación en el ejercicio de derechos y funciones, prohibiciones y violación del régimen de inhabilidades, incompatibilidades, impedimentos y conflicto de intereses, sin estar amparado por cualquiera de las causales de exclusión de responsabilidad contempladas en esta ley. (la falta disciplinaria solo podrá fundamentarse por la transgresión de los deberes que informan la actividad general del obligado, validando entonces el elemento del poder disciplinario preferente que ostenta el Estado, como consecuencia de la afectación injustificada de los respectivos deberes anidados al vinculado que une al administrado con la administración).



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