¿Es compatible la comprensión del delito de lavado de activos como del – Buelvas & Melo Abogados Asociados

Su Firma de Confianza

Contáctenos 24/7

Su carrito actualmente está vacío.
MENU
¿Es compatible la comprensión del delito de lavado de activos como delito autónomo en Colombia frente al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana De Derechos Humanos? - Buelvas & Melo Abogados Asociados

¿Es compatible la comprensión del delito de lavado de activos como delito autónomo en Colombia frente al principio de presunción de inocencia consagrado en el artículo 8.2 de la Convención Americana De Derechos Humanos?

El entendimiento del delito de lavado de activos como un delito autónomo en Colombia ha sido pacifico tanto desde una perspectiva doctrinal como jurisprudencial[1]-[2].

La cualidad de delito autónomo en el lavado de activos quiere decir que no es necesario contar con una sentencia previa ejecutoriada que recaiga sobre el delito fuente, para así obtener una condena por el lavado.

En palabras de la corte suprema de justicia[3]:

El delito de lavado de activos es autónomo respecto de las actividades delictivas que dieron origen, mediato o inmediato, a los bienes sobre los que recae la conducta. (…) por tal razón, no se requiere que exista una sentencia condenatoria por un delito en específico del que se hayan derivado dichos bienes o ganancias.” (Negrillas y cursiva fuera del original).

Del entendimiento del lavado de activos como delito autónomo, se deriva entonces una fuerte tensión entre la naturaleza de este delito con el principio de presunción de inocencia del cual goza todo ciudadano.

De dicha tensión se deriva entonces la pregunta rectora del presente ensayo, en consecuencia, para poder brindar una respuesta satisfactoria, se torna necesario realizar un recorrido sistemático que acompase la naturaleza del delito de lavado de activos desde una perspectiva internacional, esto con el fin de poder desentrañar sus aspectos más importantes.

Posteriormente se traerá a colación el criterio interpretativo de la corte interamericana de derechos humanos para poner de presente el alcance real que ostenta el principio de presunción de inocencia, a partir del respectivo entendimiento convencional y doctrinal del principio de presunción de inocencia se pondrá de relieve la incompatibilidad que tiene el delito de lavado de activos al ser entendido como delito autónomo con la interpretación convencional del principio de presunción de inocencia que realiza la corte interamericana de derechos humanos.  

De esta forma, la interpretación convencional que se propone para armonizar el delito de lavado de activos con el criterio interpretativo corte interamericana de derechos humanos es un modelo metodológico que la doctrina procesal nacional[4] ha tomado como base para fundamentar y reinterpretar los institutos sustantivos y procesales que se encuentran consagrados en el ordenamiento jurídico, desde una perspectiva convencional, este cambio de paradigma pretende entonces brindar un mayor nivel de garantías al momento de fundamentar las respectivas decisiones judiciales, ya que estas mismas deben de estar fundamentadas bajo el criterio rector e irradiador de los derechos humanos.

Ante dicho giro copernicano se tiene entonces que, los instrumentos internacionales más trascendentales[5] en materia de lavado de activos, son los siguientes:

  • Convención De Las Naciones Unidas Contra El Tráfico Ilícito De Estupefacientes Y Sustancias Psicotrópicas (Viena, 1988).
  • Convención De Palermo Contra El Crimen Organizado (2000).
  • Convención De Las Naciones Unidas Contra La Corrupción (2003).

Es la convención de viena (ratificada en 1988), donde se consagran por primera vez el lavado de activos (desde una perspectiva internacional), el contexto bajo el cual se creó esta convención tenía como finalidad brindar las herramientas necesarias para afrontar el fenómeno del narcotráfico, pero también, se tornó necesario determinar a los Estados a empezar a castigar los comportamientos de encubrimiento del origen ilícito de los réditos que se obtenían a partir de esta actividad (narcotráfico).

Pasando ahora a la declaración de Palermo del año 2000, es posible destacar los siguientes aspectos[6]:

i) Se estableció como exigencia la penalización del blanqueo de capitales (artículo 6).

ii) El lavado de activos debía de contar con el mayor numero posible de delitos determinantes.

iii) La propia convención introduce la cualificación de delitos graves para servir de fuente al lavado, así mismo se provee una definición de lo que debe de comprenderse por delitos graves.

Finalmente, en lo que atañe a la convención de las naciones unidas contra la corrupción, se destacan los siguientes aspectos[7]:

i) Se insta a los Estados a colaborar entre si de forma armónica, con el fin de facilitar el intercambio de información entre las distintas autoridades (palabra clave: cooperación internacional).

ii) Se insta a establecer internamente en cada Estado un órgano central de recepción, análisis y difusión de información financiera relevante.

Ahora bien, en lo atinente a la naturaleza y alcance del principio de presunción de inocencia, es necesario poner de presente en primer lugar la posición del acusado en los modelos procesales modernos, de este modo, se tiene entonces que para oscar julián guerrero, al momento de describir la posición del acusado en la doctrina germana, se detalla cómo se presenta un cambio de paradigma entorno a dicha posición ya que se dice que el inculpado no debe de ser considerado un objeto del proceso, sino más bien un sujeto procesal, esta postura se afinca precisamente sobre los cimientos del principio de la dignidad humana, al igual que, el efecto irradiador que dicho principio ostenta sobre todas las instituciones procesales del derecho penal[8].

En vista de lo anterior, es posible entonces realizar el siguiente balance provisional:

i) Los sistemas procesales modernos deben de ajustar sus modelos de actuación al principio de dignidad humana si es que aspiran a administrar justicia en un Estado social de derecho.

ii) El cambio de paradigma impulsado por la entronización del principio de dignidad humana dictamina al mismo tiempo un cambio de posición del ciudadano que se encuentra afrontando un proceso penal, ya que la visión que se tiene de él como un objeto del proceso ha cambiado, para reconocerlo como un sujeto del proceso.

iii) Este cambio de paradigma genera así mismo ciertas consecuencias en el ámbito de la presunción de inocencia ya que al reconocer a los ciudadanos como sujetos dentro del proceso penal moderno, se tornaría incompatible con esta ideología la confección legislativa (y posterior reconocimiento jurisprudencial) de comportamientos que flexibilizan ciertas garantías (como el principio de presunción de inocencia) para facilitar la obtención de condenas frente a ciertos comportamientos complejos (reconocimiento del lavado de activos como delito autónomo).

A causa de lo esbozado, hasta el momento es este el lugar apropiado para introducir el criterio interpretativo que ha realizado la corte interamericana de derechos humanos sobre la naturaleza y alcance de la presunción de inocencia.

Así pues, en el caso Cabrera García Y Montiel Flores Vs. México[9], sentencia de 26 de Noviembre de 2010, la Corte realiza un estudio integral del principio de presunción de inocencia bajo los parámetros de la convención americana de derechos humanos:

Así, la demostración fehaciente de la culpabilidad constituye un requisito indispensable para la sanción penal,(…) Así, la falta de prueba plena de la responsabilidad penal en una sentencia condenatoria constituye una violación al principio de presunción de inocencia, el cual es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa y acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme. (negrillas y cursiva fuera del original).

Teniendo de presente que el principio de presunción de inocencia por mandato de la corte interamericana “acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme”, al compaginar este criterio esbozado por la corte interamericana con la  concepción del delito de lavado de activos como un delito autónomo, se torna evidente que, la cláusula de presunción de inocencia se ve flexibilizada en perjuicio del ciudadano ya que, a la luz de la interpretación que ha sostenido la corte suprema de justicia no es necesario tener una sentencia previa ejecutoriada para el delito fuente en lo que atañe a la demostración de responsabilidad del delito de lavado de activos.

Teniendo entonces de presente la contradicción entre el criterio interpretativo que la corte interamericana tiene frente al principio de presunción de inocencia con el criterio interpretativo de la jurisprudencia nacional, el cual establece que el lavado de activos es un delito autónomo, el camino para solucionar esta contradicción debe de empezar por el reconocimiento de la jerarquía que tiene en la actualidad la constitución y las declaraciones y convenciones de derechos humanos por encima de cualquier otra norma, en palabras de silva sánchez[10]:

En el contexto actual constituye condición necesaria de la juridicidad penal de una ley penal no sólo que ésta sea democrática, sino también que se halle en conformidad con la constitución nacional, los tratados de la Unión Europea, el convenio europeo de derechos humanos y los principios generales de las naciones civilizadas. Ello tiene una dimensión limitadora de la criminalización: no es posible criminalizar el ejercicio de derechos fundamentales de base constitucional o convencional, ni tampoco que en el proceso de criminalización se vulneren tales derechos.

Dicho lo anterior, si se parte de la interpretación convencional del principio de presunción de inocencia que realiza la corte interamericana de derechos humanos (caso clave: Cabrera García Y Montiel Flores Vs. México) con lo consignado en el tercer párrafo del articulo 29 de la constitución política de Colombia en conjunción con el artículo 93 del mismo cuerpo normativo, al igual que con lo contemplado en los artículos 3, 7, 10 de la ley 906 del 2004 se puede dar respuesta a la pregunta inicialmente planteada de la siguiente manera:

La interpretación convencional de la corte interamericana establece que, el principio de presunción de inocencia acompaña al acusado durante toda la tramitación del proceso hasta que una sentencia condenatoria que determine su culpabilidad quede firme, dicho criterio debe de ser integrado bajo el concepto del bloque de constitucionalidad, el cual se encuentra plasmado en el articulo 93 de la constitución política.

De esta forma, al integrar este criterio convencional al ordenamiento jurídico, es posible propugnar que sus efectos normativos irradian todo el derecho positivo interno por lo que en teoría esta interpretación convencional del principio de presunción de inocencia posibilitaría solicitar el ejercicio de un control difuso de convencionalidad, sobre todos los procesos que se estén adelantando por el delito de lavado de activos donde no se tenga una sentencia previa ejecutoriada, es decir, la solución que se propone es compaginar la interpretación autorizada de la corte interamericana de derechos humanos con la configuración del tipo penal de lavado, se tiene entonces que la propuesta que se esboza exigiría tener una sentencia previa ejecutoriada sobre el delito fuente para de esta forma poder procesar por el delito de lavado, recuérdese que la posición actual del ciudadano en el proceso penal es la de sujeto no la de objeto, por lo tanto, no parece razonable flexibilizar ciertas garantías convencionales como la presunción de inocencia bajo el pretexto obtener un mayor grado de eficientísmo, después de todo el derecho penal es la carta de presentación de una sociedad.

 

BIBLIOGRAFÍA.

DOCTRINA.

  • carmen eloísa ruiz lópez, El lavado de activos en Colombia: consideraciones desde la dogmática y la política criminal, segunda edición, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2020.
  • javier-alberto zaragoza aguado, El Delito De Blanqueo De Capitales, en Tratado De Derecho Penal Económico, Primera Edición, Editorial Tirant Lo Blanch, 2019.
  • jesús-maría silva sánchez, Malum Passionis. Mitigar El Dolor Del Derecho Penal, editorial atelier, Barcelona, 2018.
  • josé joaquín urbano martínez, ¿Dudar Y Condenar? El Impacto De Las Cargas Probatorias Dinámicas En El Sistema Acusatorio Colombiano, Primera Edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2021.
  • Hernando hernández quintero, El Lavado De Activos, Quinta Edición, Bogotá, Editorial Ibañez, 2021.
  • isidoro blanco cordero, El Delito De Blanqueo De Capitales, 4ta edición, Thomson Reuters, Pamplona, 2015.
  • oscar julián guerrero peralta, Fundamentos Teórico-Constitucionales Del Nuevo Proceso Penal, Reimpresión De La Segunda Edición, Bogotá, Editorial Nueva Jurídica, 2013.

JURISPRUDENCIA.

  • corte suprema de justicia, M.P. luis antonio hernández barbosa, 49906.
  • Corte Suprema de Justicia, M.P. diego eugenio corredor beltrán, Rad. 51144.
  • corte interamericana de derechos humanos, CASO CABRERA GARCÍA Y MONTIEL FLORES VS. MÉXICO, Sentencia De 26 De Noviembre De 2010.

 

[1] En Colombia parece existir un consenso pacifico entorno a la cualidad de delito autónomo que ostenta el lavado de activos, cfr. Hernando hernández quintero, El Lavado De Activos, Quinta Edición, Bogotá, Editorial Ibañez, 2021, pág 164, donde expone la razón de ser de esta postura de la siguiente forma: “se ha utilizado un criterio de conveniencia para facilitar la condena por el delito de lavado de activos, afirmándose la no obligatoriedad de contar con decisión previa por el delito base”. En España la situación difiere ya que de conformidad con el artículo 301 del código penal español, el blanqueo de capitales debe de tener como fuente cualquier tipo de actividad delictiva, la no consagración de un catalogo de delitos graves, para servir de fuente al lavado ha generado una discusión interesante ya que, al consagrar a las actividades delictivas como delitos fuente en contraposición a la enunciación de una cierta clase de delitos, se podría propugnar entonces que para aquellas legislaciones que ostentan un catalogo de delitos fuente para el lavado de activos, se exigiría entonces que se ostente una sentencia condenatoria previa sobre el delito fuente, razón por la cual si se quisiera evitar dicho requisito, la descripción típica del lavado en Colombia debería de ser modificada entonces al termino de actividades delictivas, sobre las diferencias sustanciales y procesales de la consagración de un catalogo de delitos fuente en contraposición al termino de “actividades delictivas” cfr. javier-alberto zaragoza aguado, El Delito De Blanqueo De Capitales, en Tratado De Derecho Penal Económico, Primera Edición, Editorial Tirant Lo Blanch, 2019, pág 1250. Véase así mismo lo expuesto por: isidoro blanco cordero, El Delito De Blanqueo De Capitales, 4ta edición, Thomson Reuters, Pamplona, 2015, pág 380.

[2] corte suprema de justicia, M. P. luis antonio hernández barbosa, Rad. 49906. Sobre la naturaleza autónoma del lavado de activos, es de destacar que este criterio es ampliamente pacifico en la jurisprudencia nacional cfr. Con lo expresado en: Corte Suprema de Justicia, M. P. diego eugenio corredor beltrán, Rad. 51144.

[3] corte suprema de justicia, M. P. luis antonio hernández barbosa, Rad. 49906.

[4] En el ámbito colombiano esto último se puede evidenciar en obras como las siguientes: josé joaquín urbano martínez, ¿Dudar Y Condenar? El Impacto De Las Cargas Probatorias Dinámicas En El Sistema Acusatorio Colombiano, Primera Edición, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2021, págs 131-252.

[5] Lo anterior no quiere significar bajo ningún punto de vista que no existan otros instrumentos, convenciones y declaraciones en el ámbito internacional que también tengan como objeto de regulación directo o indirecto al lavado de activos.

[6] carmen eloísa ruiz lópez, El lavado de activos en Colombia: consideraciones desde la dogmática y la política criminal, segunda edición, Editorial Universidad Externado de Colombia, Bogotá, 2020, Pág 39.

[7] carmen eloísa ruiz lópez, ibidem. Pág 43.

[8] oscar julián guerrero peralta, Fundamentos Teórico-Constitucionales Del Nuevo Proceso Penal, Reimpresión De La Segunda Edición, Bogotá, Editorial Nueva Jurídica, 2013, pág 207.

[9] corte interamericana de derechos humanos, Caso Cabrera García Y Montiel Flores Vs. México, Sentencia De 26 De Noviembre De 2010.

[10] jesús-maría silva sánchez, Malum Passionis. Mitigar El Dolor Del Derecho Penal, editorial atelier, Barcelona, 2018, pág. 41.




Post Comment

Por favor tenga en cuenta que los comentarios deben ser aprobados antes de ser publicados

Search

Recent Post