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LOS ENCARGADOS DE LA LABOR DE RECAUDO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES AL INTERIOR DE UNA EPS PRIVADA DEBEN SER CONSIDERADOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EFECTOS PENALES - Buelvas & Melo Abogados Asociados

LOS ENCARGADOS DE LA LABOR DE RECAUDO Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARAFISCALES AL INTERIOR DE UNA EPS PRIVADA DEBEN SER CONSIDERADOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA EFECTOS PENALES

Magistrado ponente DIEGO EUGENIO CORREDOR BELTRÁN.

SP064-2023

Radicado N° 61125.

Acorde con lo anotado, la Corte debe significar que, en efecto, quienes se encargan de la labor de recaudo y administración de los dineros entregados por los cotizantes o beneficiarios del SGSSS, entendidos parafiscales, al interior de una EPS privada, en lo que se estudia, efectivamente deben ser considerados servidores públicos para efectos penales.

Aquí, la Corte debe significar que, si bien, los dineros no ingresaron al patrimonio estatal, en un plano material, dada la intermediación de la EPS en el recaudo, ello no significa que jurídicamente esos dineros dejen de pertenecer, o mejor, no hayan ingresado al patrimonio público, pues, expresamente el artículo 182 de la Ley 100 de 1993, detalla que los ingresos, entregados a dichas empresas, pertenecen al SGSSS.

Cuando se trata del recaudo y administración de recursos parafiscales, la razón de que se estime servidores públicos a dichas personas, no surge de cualquier tipo de actividad contractual en la que determinada entidad pública delegue esa administración n o le obligue a cumplir específico servicio público a cargo de la misma, sino de la naturaleza de la empresa y las atribuciones que directamente le entrega la normatividad legal, Ley 100 de 1993.        

Por ello, precisamente, la función pública no puede definirse transitoria, como cuando deriva de un contrato, sino permanente, mientras la empresa actúe como EPS, pues, en atención a la razón de su creación y funcionamiento, habrá de cumplir con la tarea de recaudo y administración dentro de esos límites atemporales.

Ello, además, permite glosar esa especie de criterio expansivo que de consuno adoptaron las instancias para definir la participación de L.N.G y M.L.F, pues, a pesar de definir que se condena a estos en calidad de determinadores de los delitos objeto de acusación, sin mayor justificación fáctica, normativa o probatoria, de forma simplista –como sucedió con todos los procesados y la totalidad de delitos consignados en el pliego de cargos-, atribuyeron a estos la calidad de servidores públicos.        

Para ese fin, bastó con señalar que ocupaban cargos directivos en la COOPERATIVA COOMEVA y que, además, los socios de esta eran propietarios, en su gran mayoría, de la EPS COOMEVA.       

 Desde luego, nunca se explicó cómo esa sola condición permite atribuir la calidad de servidor público a quien no pertenece a ninguno de los entes comprometidos en la contratación o la prestación del servicio de salud, ni ha sido encargado, de forma directa o indirecta, del recaudo, administración o destino de los dineros parafiscales.

Que en su calidad de directivos de la COOPERATIVA, los procesados en mención tuvieran acceso o pudieran instigar a los empleados de la EPS –única delegada por la Ley 100 de 1993, para recaudar, administrar y destinar fondos parafiscales-, a fin de que ejecutasen determinadas conductas, apenas registra un criterio de vinculación o facilitación de la condición de determinadores que siempre se les ha endilgado, sin posibilidad de asumir, solo en razón de esto, la calidad de sujeto activo calificado, por lo demás, apenas necesaria si se les atribuyese el delito en calidad de autores o coautores.

El artículo 20 del C.P., en un plano de estricta tipicidad, no relaciona la asunción de la condición de servidor público,  solo por el origen del dinero –fondos parafiscales-, sino que reclama una concreta sujeción entre la persona y el mismo, derivada de la administración, de conformidad con la destinación de esas sumas.

Entonces, para concluir este tópico, aunque las IPS o profesionales privados, contraten con la EPS la prestación de un servicio concreto de salud, ello no los convierte en servidores públicos, dentro de la arista propia de los fondos parafiscales, simplemente, porque no han sido delegados ni adelantan materialmente la administración de esos recursos


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