Acreditación del daño sumario y transparencia de la pretensión – Buelvas & Melo Abogados Asociados

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No es necesario acreditar el daño sumario cuando la Contraloría se presenta al proceso penal para garantizar la transparencia de la pretensión. - Buelvas & Melo Abogados Asociados

No es necesario acreditar el daño sumario cuando la Contraloría se presenta al proceso penal para garantizar la transparencia de la pretensión.

La Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del acusado, contra la decisión que reconoció como víctima a la Gobernación del Magdalena y a la Contralaría General de la República.

La Sala advierte como cierto que la Ley 906 de 2004 no dispone el deber de la Contraloría General de la República, en procura de garantizar la transparencia de la pretensión, de comparecer al proceso, principalmente cuando se presenten situaciones como las contempladas en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000.

No obstante, contrario a lo señalado por el censor, el precedente vigente de la Sala estableció, sobre el asunto objeto de estudio, que resulta pertinente acudir a la Ley 600 de 2000, artículo 137, en los puntos que no hayan sido regulados en la Ley 906 de 2004, porque ese precepto normativo está dirigido a la defensa del patrimonio público y las medidas dispuestas por el legislador para la protección de los intereses públicos se mantienen vigentes por resultar compatibles con el nuevo sistema procesal y brindar mayores herramientas para combatir la corrupción.

En ese orden de ideas, por el hecho de que sí es posible la integración de la Ley 600 de 2000 a la Ley 906 de 2004, en lo atinente al reconocimiento de las víctimas, también lo es la comparecencia de la Contraloría en los procesos adelantados por la Ley 906 de 2004, en los mismos casos que fueron señalados en el artículo 137 de la Ley 600 de 2000; esto es, (i) “si el representante legal de esta última [entidad pública afectada] fuera el mismo sindicado, la Contraloría General de la República o las Contralorías Territoriales, según el caso, deberán asumir la constitución de parte civil”; y (ii) “en todo caso, cuando los organismos de control fiscal lo estimen necesario en orden a la transparencia de la pretensión podrán intervenir como parte civil” (subrayas fuera del texto original).

No hay duda, como se expuso en capítulo precedente, que la Ley 906 de 2004, en materia de reconocimiento de víctimas, establece la obligación de que se demuestre la probabilidad de un perjuicio para poder reconocer a una víctima; sin embargo, como ocurre en este caso, la Contraloría tiene la facultad de sumarse al proceso como víctima, pese a que fue aceptada la comparecencia como víctima del departamento del Magdalena, para garantizar la transparencia de la pretensión e incrementar los mecanismos de protección de los intereses públicos que se mantienen vigentes, lo que quiere decir que no es necesario que acredite, así sea sumariamente, un perjuicio, porque el ente fiscal se presenta, en estos casos, para que la representación del Estado se haga con la mayor amplitud y transparencia.  

Diferente es el caso en que la Contraloría se presenta como víctima en remplazo de la entidad del Estado directamente afectada, porque esta última no puede presentarse al ser el procesado el representante legal actual, pues en ese evento debe acreditarse sumariamente el daño producido a la entidad perjudicada y la actuación del ente fiscal estaría dirigida a lograr la reparación, la verdad y la justicia. Corte Suprema de Justicia. AP400-2023(60471). M. P. Hugo Quintero Bernate.  

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