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Copias de los materiales probatorios en extinción de dominio

No expedir las copias de los elementos materiales probatorios que sustentan la imposición de las medidas cautelares en procesos de extinción de dominio vulnera el debido proceso.

No hay discusión que el artículo 10 de la Ley 1708 de 2014, dispone que «Durante la fase inicial de la actuación será reservada, incluso para los sujetos procesales e intervinientes. El juicio de extinción de dominio será público». A su turno, el artículo 13 de la misma codificación, describe los derechos de los afectados al interior del trámite de extinción de dominio, entre los cuales se destaca «tener acceso al proceso, directamente o a través de la asistencia y representación de un abogado, desde la notificación del auto admisorio de la demanda de extinción de dominio, o desde la materialización de las medidas cautelares, únicamente en lo relacionado con ellas».[1] (Énfasis fuera de texto).

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala de Decisión de Tutelas No. 3, resolvió la impugnación presentada por la Fiscal Especializada de Extinción de Derecho de Dominio contra la decisión de primera instancia que amparó los derechos fundamentales de petición y debido proceso de los accionantes. Los hechos de la acción constitucional, se contraen a la negativa de entregar las pruebas que sirvieron de sustento a la medida cautelar decretada por la Fiscalía en el trámite del proceso de extinción de dominio.

Acorde con lo anterior, sabido es que el proceso en cuestión aún está en fase inicial, dentro del cual ya se emitió resolución frente a la imposición de medidas cautelares sobre el predio de propiedad de los demandantes, cuyo secuestro fue materializado el 11 de diciembre de 2021 (CSJ STP6179-2022).

Quiere decir, entonces, que acorde con la disposición normativa en mención, nada impide para que los afectados conozcan la decisión que resolvió sobre las medidas cautelares y, por supuesto, de los elementos de pruebas que sirvieron de sustento, con los cuales podrán ejercer el derecho de contradicción (CSJ STP6179-2022).

El artículo 111 de la ley en comento prevé la posibilidad de ejercer control de legalidad posterior ante los jueces de extinción de dominio; y el canon 112 ibidem precisa que su finalidad es revisar la legalidad formal y material de la medida cautelar y procederá su ilegalidad cuando, entre otras circunstancias, la decisión que impuso la medida esté fundamentada en pruebas ilícitamente obtenidas (CSJ STP6179-2022).

También puede leer: Conceptos Básicos de la Acción de Extinción de Dominio.

Entonces, para ejercer dicho control, indiscutiblemente el afectado debe conocer los elementos de pruebas que soportaron la medida cautelar. Por tanto, no es dable, como lo consideró la fiscalía accionada, que con el solo conocimiento de la resolución pueda ejercer contradicción a esa determinación. Pues, resulta necesario conocer cada uno de los elementos obrantes en la actuación, los relacionados con tal decisión, para de esa manera entrar a refutar los argumentos y análisis expuesto por el ente persecutor (CSJ STP6179-2022). Corte Suprema de Justicia. STP261-2023(127971). M. P. Diego Eugenio Corredor Beltrán.

 Consulte la providencia completa presionando aquí.

[1] CSJ STP6179-2022.




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